EscucharCuando se insiste en que la institucionalidad no resuelve los problemas de la gente, se crea un terreno fértil para la deslegitimación de las instituciones democráticas, el auge del populismo y la polarización.
Durante la última campaña electoral escuché, con alarmante frecuencia, frases como “la institucionalidad le ha fallado a la gente” o “la institucionalidad no resuelve los problemas del ciudadano común”. Esas declaraciones, pronunciadas tanto por candidatos a la presidencia como a la Asamblea Legislativa, no cambiaron una vez alcanzado el poder o estar del lado de la oposición.
Algunos, hábilmente guiados por estrategas en mercadeo y comunicación política, captaron el descontento ciudadano, identificaron las quejas más comunes, las ataron a la narrativa de que el sistema es, y siempre ha sido, ineficaz, y lo convirtieron en su caballo de batalla, acompañado de la patética, pero eficaz, frase “me como la bronca”.
Cabe preguntar si comprenden realmente el significado de la institucionalidad en un sistema democrático republicano como el nuestro. Para tenerlo claro, la institucionalidad abarca el conjunto de instituciones, leyes, normas y mecanismos que organizan y regulan el Estado y la sociedad, garantizan el respeto por los principios democráticos, el Estado de derecho y la separación de poderes. El concepto es fundamental para preservar un modelo político en el cual la soberanía reside en el pueblo, pero se ejerce mediante representantes elegidos en un marco legal y constitucional.
Salvaguarda social
La institucionalidad evita la concentración del poder y promueve una sociedad donde personas, instituciones y el propio gobierno están sujetos a la ley, que debe aplicarse de manera justa y equitativa, ya que todos somos iguales ante ella. Además, obliga a los gobernantes a rendir cuentas por sus acciones, a ser transparentes y combatir la corrupción.
El sistema institucional legitima al gobierno y sus acciones mediante elecciones libres y justas. Asimismo, garantiza la protección de los derechos fundamentales a través de las instancias creadas al efecto.
No hace falta consultar múltiples fuentes para notar que es esta institucionalidad lo que incomoda al presidente Chaves y su gente. De ahí sus vanos intentos y el teratoma denominado ley jaguar. No deja de preocupar, eso sí, que una de sus máximas defensoras haya expresado que “el problema es el Estado de derecho” que “obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”.
Entonces, es evidente que la institucionalidad ha resuelto y continuará resolviendo los problemas de las personas, aunque las crisis actuales sean desafíos cuyo remedio corresponde a quienes las dirigen en este momento.
Si bien es cierto que no todos los objetivos de los fundadores de la Costa Rica independiente, y de los gestores de la Segunda República, se han cumplido, hemos alcanzado grandes logros y algunos fracasos porque ninguna sociedad es perfecta.
Pero bajo el influjo de voces populistas que buscan polarizar, se explotan hoy los últimos, de manera que se alimenta la idea de que todos, por una u otra razón, tenemos algo que reclamar al Estado: una comunidad de indignados, resentidos, cabreados. Se hace frente a una constante narrativa que resalta los defectos del sistema, lo que no se resuelve o no se da, mientras se ocultan o subvaloran los éxitos.
Las redes sociales amplifican esta percepción, ya sea con intención o por ignorancia; no siempre se trata de troles.
La confianza en las instituciones democráticas es esencial para su funcionamiento, y su constante cuestionamiento origina crisis de legitimidad. Al desacreditarlas, se pierde la fe en ellas, se debilita el Estado de derecho y aumenta el riesgo de que se acuda a soluciones extralegales. Además, la simplificación de problemas complejos y la creciente polarización dificultan el diálogo y el consenso para aprobrar reformas democráticas.
Este tipo de discursos son una estrategia para justificar el autoritarismo y poner en riesgo la separación de poderes, como lo refleja la retórica del presidente Chaves y su equipo, quienes apuestan por una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa que les permita convocar una constituyente para instaurar una tercera república.
Participación ciudadana
Aunque podríamos tomar estas ideas como desvaríos de un líder narcisista, cegado por una popularidad en caída, los patrones y tendencias no son muy distintos de los que ocurren en países no muy lejanos de nuestras fronteras.
Si hay duda sobre la eficacia de la institucionalidad para la resolución de los problemas de la gente, la responsabilidad es también de la ciudadanía. La participación, tanto individual como comunitaria, ha disminuido alarmantemente. El abstencionismo en elecciones nacionales y cantonales es el ejemplo más palpable y alcanza cifras preocupantes. Recientemente, pregunté a mis estudiantes de la universidad, y solo el 15 % dijo haber votado en las elecciones municipales. Lamentablemente, no son la excepción.
Al rehuir a participar activamente en la solución de lo que se considera injusto, improductivo o sin sentido, se concede ese poder a otros. Afortunadamente, existen múltiples espacios para involucrarse: asociaciones comunales, concejos de distrito, juntas de salud y educación. También, es posible postularse a síndico, regidor, alcalde, diputado o presidente de la República; todos garantizados por la institucionalidad.
Sin embargo, la gran mayoría renuncia a estos derechos y delega las decisiones a terceros, solo para después criticarlas, lamentarlas y cuestionarlas. Irónicamente, la responsabilidad recae sobre quienes sí participaron, mientras que quienes se abstuvieron se limitan a reprocharles.
Cuando los políticos utilizan frases como las aquí expuestas, los riesgos se amplifican, pues tienen un impacto profundo en la percepción pública y, por ende, en la estabilidad democrática. Desacreditar constantemente la institucionalidad que nos protege nos coloca, peligrosamente, cerca de sistemas autoritarios.
Lo dijo Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Quienes creen que la institucionalidad no resuelve sus problemas deberían preguntarse si en su ausencia mejoraría su situación.
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, profesor de Epidemiología en la UNA y la UCR. Ha publicado aproximadamente 140 artículos científicos en revistas especializadas.
