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El mes pasado, un juez en el Reino Unido evitó que tres adolescentes fueran a la cárcel tras violar a dos muchachas en incidentes separados y filmar los hechos. En cambio, ordenó su “rehabilitación”, argumentando que no quería “criminalizarlos” a esa edad. Las chicas abusadas tenían solo 14 y 15 años.
Nos enardecen las revelaciones de casos cada vez más bizarros y extremos, como el del violador Pelicot y sus secuaces, así como los descubrimientos de que el sitio web donde reclutó a sus cómplices goza de buena salud con millones de visitas al mes. Nos preguntamos cómo llegamos aquí.
Creamos sistemas formales e informales que, por defecto, protegen a los hombres, incluso de pagar por crímenes de acoso y violencia sexual.
Globalmente, solo entre el 5% y el 15% de los casos de violencia sexual llegan a ser denunciados, y de esos, solo entre el 1% y el 3% terminan con una condena efectiva, según datos de Naciones Unidas.
¿Quién denunciaría con esas posibilidades tan diezmadas?
Mi hija lo hizo.
Impunidad por diseño
Mi hija de 15 años decidió denunciar a un compañero luego de un grotesco incidente de acoso sexual que sufrió en plena clase de Psicología. Ella asiste a un colegio público adscrito a la Universidad Nacional.
La historia es una ya contada: los hechos están documentados, hay testigos, su relato es coherente y, aun así, el compañero fue absuelto en las dos instancias de un desinformado y obsoleto sistema institucional.
A mi hija le piden pruebas. Su testimonio y el de sus testigos no se interpretan como evidencia. Aún más: el relato roto e incoherente del denunciado tampoco se considera como una prueba en su contra.
Una se pregunta qué pruebas resultarían satisfactorias para una condena. No quiero quedarme en los detalles legales, pero en este país ya hay jurisprudencia suficiente para que, en este tipo de denuncias, el relato de la víctima cuente como evidencia.
El proceso ha resultado tan pesado como los hechos. Que las mismas personas que están a cargo de cuidarte sean las que dejan la violencia impune crea un ambiente desolador. En adelante, ¿en qué escenario se le puede pedir a una adolescente que use los recursos institucionales para defenderse?
“El sistema no está roto”, me dijo el papá de mi hija. “Funciona exactamente para lo que fue diseñado: para proteger a los hombres”.
El contexto local hace un remate: no es casualidad que acosadores y abusadores sexuales hayan tenido puestos de elección popular sin enfrentar ninguna consecuencia. Es evidente que los hombres con propensión al abuso han tomado nota.
Crímenes agravados
La Defensoría de los Habitantes alertó de que en enero y febrero se registraron, cada mes, 15 denuncias por hostigamiento sexual presentadas por personas menores de edad. En marzo, la cifra ascendió a 25 casos.
Mi hija sigue asombrada de que todo en el colegio siga igual, como si no hubiera pasado nada. También, que algunos de sus amigos hombres se relacionen sin problema con el estudiante denunciado. Lamentablemente, ella está descubriendo la naturalización del acoso sexual.
Muchas mujeres solemos navegar el acoso sexual con absurda resignación. Aguantamos tratos y mensajes inapropiados en el trabajo, en el centro de estudio, en nuestro círculo de confianza (incluso de quienes consideramos amigos) y ni reaccionamos. Conociendo el contexto, sabemos que no pasará nada y que, en cambio, correríamos el riesgo de ser tachadas de delicadas en el mejor de los casos, de mentirosas en el peor.
Algunas autoridades parecen fantasear con que, si se ignoran los hechos esta vez, tal vez no se repitan. Si se finge que no pasó, tal vez se contenga el daño del abuso. La evidencia dice lo contrario.
Una revisión del University College London de 2023 concluye que conductas iniciales como acoso, hostigamiento o violencia psicológica pueden degenerar en agresiones físicas y sexuales más graves en caso de que no se aplique una sanción temprana.
Cada caso de acoso sexual que se dé en el colegio a partir de ahora será responsabilidad de su comité disciplinario. Su falta de acción en nombre de cumplir con los reglamentos internos reafirma un ambiente de inseguridad para las mujeres. Infelizmente, lo mismo en la Asamblea Legislativa.
En el Reino Unido o en Costa Rica, no criminaliza el castigo; criminaliza cometer un crimen. Una resolución absolutoria o un castigo menor no convierte a alguien en inocente. Evitar una censura administrativa, siendo alcahueteado por el oficialismo en el Congreso, no te hace menos un acosador.
Mi deseo es que mi hija siga estando sorprendida. Que siga creyendo que su derecho es sentirse segura en su lugar de estudio. Que puede estar en un aula de un colegio público sin ser ultrajada. Que, indefectiblemente, hombres y mujeres debemos pagar por las consecuencias de nuestros errores.
El progreso nunca estuvo en manos de personas escondidas detrás del status quo, atándose las manos con normas; aquellas que no interpretan la impunidad como el peor resultado posible.
Seguiremos apoyando el ímpetu de mi hija de hacer que las instituciones respondan. De corazón, no creo que sea en vano. Hay valor en hacer mover esos atrofiados engranajes procesales porque alguna norma será renovada, alguna conciencia removida y, sí, algún chico rehabilitado.
andreavasro@gmail.com
Andrea Vásquez R. es comunicadora social especializada en Inclusión y Equidad.
