EscucharNUEVA YORK – Las ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) se han convertido en la forma más común de financiar emprendimientos basados en criptomonedas, de las que ya hay unas 1.600 y en aumento. A cambio de dólares, libras, euros u otras divisas, en una ICO se emiten “monedas” o tokens digitales que en el futuro podrán usarse (o no) para la compra de algún bien o servicio preestablecido.
Por eso no extraña que según Satis Group, una empresa consultora en la materia, el 81 % de las ICO sean estafas creadas por embaucadores y charlatanes que solo buscan quedarse con el dinero ajeno. Tampoco extraña que solo el 8 % de las criptomonedas terminen negociándose en algún mercado (o sea que el 92 % fracasa). Parecería que el único propósito de las ICO fuera evadir las regulaciones aplicadas a los títulos financieros tradicionales, que están para proteger a los inversores de engaños.
Cuando alguien invierte en una empresa convencional (no “cripto”), se le reconoce una variedad de derechos legales: a percibir dividendos si es accionista, intereses si es prestamista y a una parte de los activos de la empresa si esta entra en cesación de pagos o se vuelve insolvente. Son derechos exigibles porque los títulos y sus emisores deben registrarse ante el Estado.
Además, en las inversiones legítimas, los emisores están obligados a publicar información exacta sobre sus finanzas, los planes de negocios y los posibles riesgos. Hay restricciones por las que ciertos tipos de valores de alto riesgo solo pueden venderse a inversores cualificados. Y también hay normas antilavado y sobre verificación de clientes para prevenir la evasión fiscal, el ocultamiento de ganancias mal habidas y otras actividades criminales como la financiación del terrorismo.
Pero en la jungla de las ICO, la mayoría de las criptomonedas se emiten en infracción de estas leyes y normas, con el pretexto de que no son de ninguna manera títulos financieros. Por eso la mayoría de las ICO niegan a los inversores cualquier derecho legal del tipo que sea. Suelen ir acompañadas de oscuros “documentos técnicos” en vez de planes de negocios concretos. Es común que los emisores sean anónimos e irrastreables. Y evaden todas las normas antilavado y de verificación de clientes, lo que permite a cualquier delincuente invertir en ellas.
Jay Clayton, presidente de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), declaró hace poco que para él todas las criptomonedas son títulos financieros, con la excepción de la primera, bitcóin, que considera un commodity. De esto se deduce que incluso ethereum y ripple (segundo y tercer criptoactivos más importantes, respectivamente) están operando como valores no registrados. Gary Gensler, expresidente de la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC, por sus siglas en inglés), que ahora dicta en el MIT un curso sobre blockchain (la tecnología en que se basan las criptomonedas), también señaló lo mismo.
Así que los centenares de ICO de años recientes, en las que se recaudaron miles de millones de dólares de los inversores, han sido técnicamente ilegales. Peor aún, el modelo de negocios detrás de muchas de ellas no busca otra cosa que desplumar a los clientes, como demostraron hace poco Izabella Kaminska del Financial Times y Martin Walker de CEBMa (Center for Evidence-Based Management), en un informe para la Comisión del Tesoro de la Cámara de los Comunes británica.
En las transacciones comerciales normales, los clientes usan una moneda convencional para comprar bienes y servicios. Pero en una ICO, los clientes deben convertir esa moneda en tokens de una emisión limitada, que solo después podrán usar para hacer compras. Ninguna empresa legítima que quiera maximizar ganancias pediría a sus clientes dar tantos rodeos.
En realidad, la única razón para exigir el uso de esos tokens como medio de pago es crear un cartel ilegal de proveedores de servicios, que están a salvo de la competencia de precios y en una posición que les permite abusar de sus clientes. Piénsese en dentacóin, una criptomoneda ridícula que solo se puede gastar en servicios odontológicos (y que en realidad casi ningún dentista acepta). Sería difícil hallar un ejemplo mejor de por qué la cartelización es ilegal en todos los países civilizados.
Los criptocarteles objetarán sin duda que los clientes que incurren en el costo de comprar la criptomoneda saldrán beneficiados si se valoriza. Pero esto no tiene sentido. Si el precio del token aumenta más que el valor de mercado del bien o servicio que se provee a cambio, entonces nadie lo comprará. De modo que la única razón imaginable para obligar a usar la criptomoneda es inflar los precios o estafar a los inversores.
Además de facilitar actividades ilegales, las criptomonedas dificultan el mecanismo de descubrimiento de precios, que se da cuando una sola moneda funciona como unidad de cuenta. En una criptoutopía, cada bien y servicio tendría su propia criptomoneda, y el consumidor promedio no tendría modo de evaluar los precios relativos de bienes y servicios diferentes (o incluso iguales). Tampoco tendría ninguna certeza sobre el poder adquisitivo de la criptomoneda, dada la volatilidad de sus precios.
Imagínese viviendo en un país donde en vez de usar la moneda nacional, hubiera que depender de otras 200 divisas internacionales para comprar diferentes bienes y servicios. Nadie sabría el precio de nada, y para comprar cualquier cosa habría que comerse el costo de convertir de una moneda volátil a la otra.
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El hecho de que todos en un país o una jurisdicción usen la misma moneda es precisamente lo que da al dinero su valor. El dinero es un bien público que permite a las personas comerciar libremente sin tener que apelar a los imprecisos e ineficientes mecanismos de trueque de los que dependían las sociedades tradicionales.
Es allí, precisamente, adonde nos llevarían en realidad los charlatanes de las ICO: no al mundo futurista de “Los Supersónicos”, sino al mundo prehistórico moderno de “Los Picapiedra”, donde todas las transacciones se realizan mediante el trueque de bienes o mercancías simbólicas diferentes.
Es hora de reconocer esa retórica utópica por lo que realmente es: una tontería que los charlatanes repiten en beneficio propio, con el único objetivo de quitar a la gente sus bien ganados ahorros.
Nouriel Roubini es presidente de Roubini Macro Associates y profesor de Economía en la Escuela Stern de Administración de Empresas de la Universidad de Nueva York. © Project Syndicate 1995–2018
