A esta hora, antes de que despunte la mañana del viernes 9 de enero de 2026, miles de familias venezolanas se encuentran sumidas en un hondo pesar. Por enésima vez. Una vez más, sometidas a la erosiva experiencia de la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.
Como era previsible, el anuncio sobre la liberación de un grupo de presos políticos –esto es importante: la medida beneficia no más que a un pequeño grupo del total de detenidos–, no ha sido transparente, eficaz ni universal. Les ha sido concedida a unos pocos y ha castigado a centenares que continuarán secuestrados, rehenes de la siniestra banda criminal que gobierna a Venezuela, dos de cuyos capos se encuentran ahora mismo encerrados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, prisión vertical, un edificio imponente y austero ubicado en las proximidades del puerto de Nueva York.
Lo ocurrido con estas excarcelaciones es revelador del carácter perverso del régimen, de su absoluta insensibilidad hacia el padecimiento de personas y familias: anuncian excarcelaciones que no se ejecutan de inmediato; no ofrecen respuesta alguna a la legítima demanda de información que realizan las familias en las puertas de los centros penitenciarios.
En las últimas horas, hemos vuelto a escuchar los testimonios de madres que no saben si sus hijos están o no con vida, si están sanos o enfermos, o si han sido trasladados a algún otro lugar en los últimos meses. No saben. Nada saben, salvo el dolor que las consume día a día, hora tras hora. En la inmensa mayoría de los casos, ni ellos ni los detenidos tienen una idea, aunque sea remota, de por qué fueron desaparecidos, secuestrados y torturados.
En los últimos días, se ha anunciado, con énfasis y palabrerío abundante, que la transición ha comenzado, tras la captura de la pareja capo. Se ha añadido que los cambios deben cumplir ciertas etapas y que no es prudente acelerar o forzar su ritmo. La utilidad amplia o escasa de esas advertencias radica en reconocer la complejidad del cambio político tras 27 años de dictadura y, con ello, establecer las prioridades de la acción.
Ahora bien, ¿con qué criterios establecer las prioridades? ¿A quién deben beneficiar, en primer lugar, las políticas del cambio, las decisiones gubernamentales, las acciones de los actores internacionales (principalmente Estados Unidos, pero no exclusivamente) que ahora mismo intervienen en el curso de la situación venezolana?
En primer lugar, el restablecimiento de las libertades es y debe ser una prioridad impostergable. Ello exige, al menos, el cumplimiento de cinco requisitos, fundamentos de la convivencia democrática, el respeto de los derechos humanos y la Constitución Nacional.
Uno: es urgente la liberación inmediata, total y definitiva de los presos políticos: sin engaños, falsos anuncios y sin que sean objeto de extorsiones ni persecución posterior alguna.
Dos, asociado a lo anterior y sin demoras, se debe proceder a la cancelación total de expedientes, causas abiertas en tribunales, procesos de investigación, boletas de captura, prohibición de salida del país, confiscación de pasaportes y cualquier forma de acoso policial, militar o tribunalicio contra venezolanos dentro y fuera del territorio, por causas políticas o por el ejercicio de las libertades reconocidas en la Constitución.
El gobierno debe devolver los pasaportes secuestrados ilegalmente a sus legítimos propietarios, como ha ocurrido recientemente con el cardenal Baltazar Porras, máxima autoridad de la Iglesia católica venezolana. Hay que insistir en que se trata de personas inocentes, víctimas de un régimen criminal.
Tres, debe producirse la apertura irrestricta de las aduanas para que los exiliados políticos venezolanos puedan regresar al país, con plenas garantías sobre sus libertades y derechos, lo que debe incluir a dirigentes sociales, políticos, periodistas, simples ciudadanos con opiniones, profesionales de todas las disciplinas, sacerdotes, empresarios y familias de presos políticos civiles y militares, a quienes se les acosa y extorsiona solo por el hecho de tener un parentesco con algún falazmente encausado.
Cuatro: debe restablecerse, en los hechos y en la protección de todo orden, el estado de plenas garantías y libertades para el libre ejercicio de la información y la opinión, en medios de comunicación, noticieros, portales informativos, redes sociales, reuniones públicas y privadas de cualquier carácter. Informar y opinar no deben ser objeto de encarcelamientos y secuelas legales.
Cinco: La transición debe proponerse como uno de sus objetivos, a corto, mediano y largo plazo, romper las dinámicas predominantes en la administración pública y la sociedad, entre perseguidores y perseguidos, enchufados y excluidos, gritones y silenciados, arbitrarios y sometidos. Las instituciones deben recuperar su condición de entes estatales, no partidistas. Deben servir al ciudadano y al país que continuará avanzando hacia la democracia.
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Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario ‘El Nacional’, de Venezuela. Artículo reproducido por acuerdo con el Grupo de Diarios de América (GDA).
