Un personaje de la reciente novela del escritor chileno Roberto Ampuero la emprende contra los políticos profesionales; tienen una sola patria y una sola lealtad: el poder. Pudiera ser, pero no tengo base para afirmarlo de manera tan concluyente. En cambio, tengo la impresión de que el rechazo ciudadano a la clase política es real, aunque transversal.
Hay un atisbo de esto en el proyecto de ley para prohibir la doble postulación, que permite candidatearse simultáneamente para la presidencia y la diputación. En la exposición de motivos, se lee que quienes así se postulan pareciera que pretenden satisfacer «sus intereses personales de poder», sin interés genuino de servir al país.
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Cuando la doble postulación fue adoptada, contó con gran apoyo legislativo. Se introdujo como mecanismo cercano al sistema parlamentario, siguiendo el impulso hacia el establecimiento de este sistema que entre nosotros ha animado la óptica política de manera persistente, aunque con modestos frutos. Se entendía entonces que el mecanismo mejoraría la gobernanza, porque concitaba en la Asamblea el liderazgo más notable y legitimado, deducido de las elecciones nacionales: liderazgo que es un recurso político valioso que de no aprovecharse de inmediato se diluye y esfuma con perjuicio del diálogo político y la concertación.
El problema no es la previsión legal que admite la doble postulación, sino todo lo contrario: que el instrumento no haya sido aprovechado en todas sus posibilidades. La consecuencia de no hacerlo es que el liderazgo, construido a un alto costo en la brega electoral, por lo general se cancela una vez que esta termina, y está ausente de la Asamblea y de la gestión política directa.
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Desde esta perspectiva, a la larga, la doble postulación no debiera ser opcional o facultativa, de manera que los candidatos la empleen a voluntad, sino una regla imperativa, de aplicación general. Si así fuera, los candidatos que no alcancen la presidencia, pero sí votos suficientes para ser diputados, integrarían el órgano legislativo. El resultado fortalecería la legitimación de la Asamblea e incrementaría su capacidad de gestión política, un Poder Ejecutivo proactivo y avispado podría valerse de ese contexto para negociar con mayor eficiencia su propia agenda, y la responsabilidad del ejercicio del poder público sería mejor visualizada por la ciudadanía.
carguedasr@dpilegal.com
El autor es exmagistrado.
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