Obedece a una estrategia gubernamental inédita que la futura presidenta de la República ejerza como ministra de la Presidencia desde su elección hasta que pronuncie el juramento de observar y cumplir la Constitución y las leyes.
Si se diera además el caso inverso, es decir, que el actual presidente de la República ejerza el cargo de ministro de la Presidencia a partir del término final de su mandato, este sería también un mecanismo novedoso.
En esta materia, el orden constitucional y legal es permisivo. Hasta ahora no lo sabíamos, no era necesario o no nos habíamos dado cuenta. El caso es que dota de un interesante instrumento al juego creativo que se desarrolla en el tablero político.
El hecho de que durante varios meses aquel cargo ministerial estuvo vacante denota que, en la óptica del presente gobierno, sus funciones, marcadamente políticas y escasamente administrativas, podían cumplirlas otros órganos, otras personas, o hilvanarse por otros medios, de manera que el Ministerio de la Presidencia era irrelevante y esa vacante, emplearse a lo sumo como reproche político.
El hecho inverso, sea, que ese cargo sea llenado de repente por funcionarios de la mayor jerarquía y autoridad política, manifiesta un giro en la percepción de las necesidades que demandan los acontecimientos.
¿A qué viene todo esto? Sobre la base de lo que ha sucedido desde meses atrás, uno tiene sus sospechas. Podría suponerse, por ejemplo, que es prioritario lograr unidad pétrea de acción entre el futuro gobierno y su fracción legislativa, a base de impulsos centralizados, legitimados y decisivos. Puesto que en el sector gubernativo, como en otro cualquiera, la diversidad de criterios a veces será inevitable, se trataría de impedir que fuese también divisiva y diese cabida a la descomposición o el transfuguismo, que dieron al traste con otros proyectos partidistas de cortas miras. La finalidad sería que este proyecto que inició su andadura improvisado como partido y ha sido luego popularmente exitoso, se consolide y convierta en algo duradero.
Según esta versión, la voluntad de poder que demanda este tipo de innovaciones no hunde sus raíces en hechos del pasado que ya no tienen ecos para avivar el imaginario colectivo. Tampoco está al servicio de utopías o ideologías políticas.
Se trata más bien de una voluntad pragmática, futurista, adobada con escepticismo, descontento y recursos mediáticos que hoy pululan.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.