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La magnitud del problema de la contaminación por plásticos se evidencia claramente cuando incluso el Parque Nacional Isla del Coco, declarado patrimonio natural de la humanidad y reconocido como uno de los ecosistemas marinos más remotos y prístinos del planeta, enfrenta una problemática ambiental emergente asociada a los microplásticos.
A pesar de su aislamiento geográfico (se halla a más de 500 kilómetros de la costa continental del Pacífico costarricense), la evidencia científica reciente confirma que esta área protegida no está a salvo de los impactos globales derivados de la contaminación plástica.
Los estudios son contundentes: el 93% de las muestras de sedimentos marinos contienen microplásticos. En los ecosistemas de agua dulce, la frecuencia de ocurrencia alcanza el 32%, mientras que en la biota marina y dulceacuícola, los hallazgos son igualmente alarmantes: 51% de las langostas marinas, 27% de los peces marinos, 20% de los peces de agua dulce y 15% de los camarones presentan partículas plásticas en sus tejidos. Este escenario evidencia que ni siquiera los santuarios naturales más aislados escapan a una externalidad ambiental que exige respuestas inmediatas, coordinadas y de alcance global.
Las áreas protegidas costeras, concebidas como barreras naturales frente al deterioro ambiental, tampoco son inmunes. El caso del Parque Nacional Marino Las Baulas resulta ilustrativo: el 89% de los peces analizados contienen microplásticos, al igual que el 76% de las jaibas. Se trata de una señal inequívoca de una presión contaminante sostenida que trasciende límites geográficos y marcos de gestión local. Este fenómeno confirma el carácter transfronterizo, persistente y acumulativo de los microplásticos, cuya presencia no distingue entre zonas altamente intervenidas y espacios bajo estricta protección.
La situación adquiere una dimensión aún más crítica al analizar lo que ocurre frente a las costas de Puntarenas, en el golfo de Nicoya. Estudios en tres especies de sardinas revelan que el 100% de los individuos evaluados presentaron microplásticos en su sistema digestivo. A ello se suma la detección de estas partículas en al menos seis especies comerciales de bivalvos, recursos clave en la dieta y la economía costera.
El mensaje es claro: la contaminación plástica ha penetrado la cadena alimentaria. En términos prácticos, estamos incorporando microplásticos a través del consumo cotidiano de sardinas y moluscos, trasladando un problema ambiental al ámbito de la salud pública.
El siguiente paso es entender el origen del problema. Costa Rica enfrenta una paradoja ambiental que pone en entredicho su posicionamiento como referente en sostenibilidad. Mientras proyecta liderazgo verde, su gestión de residuos plásticos evidencia brechas estructurales que requieren atención inmediata.
En 2022, el país generó cerca de 229.000 toneladas de residuos plásticos a nivel doméstico, equivalente a 39 kilogramos por persona al año. Si bien el 93% fue recolectado, apenas 28.000 toneladas se reincorporaron al ciclo productivo mediante reciclaje, lo que sitúa al país entre los de menor desempeño en recuperación de materiales dentro de la OCDE. El problema no es de cobertura en recolección, sino de eficiencia en valorización.
Las implicaciones son directas. Al menos 255 toneladas de plástico terminan en ecosistemas acuáticos, mientras unas 37.000 toneladas impactan entornos terrestres. A esto se suman 13.000 toneladas que se queman a cielo abierto, generando contaminación atmosférica y emisiones de gases de efecto invernadero. Además, alrededor de 17.000 toneladas no son recolectadas, lo que deriva en disposición ilegal y mayor presión sobre los ecosistemas. En paralelo, sectores productivos como el agrícola –incluida la ganadería lechera– consumen más de 22.000 toneladas de plásticos al año, sin una trazabilidad clara sobre su destino final.
La radiografía es concluyente: apenas el 13% de los residuos plásticos se recicla; un 14% se dispone inadecuadamente en vertederos con impactos en el suelo; un 6% se quema a cielo abierto, y un 1% se fuga hacia cuerpos de agua. El resto se gestiona formalmente, principalmente en rellenos sanitarios (64%) o mediante valorización energética en hornos cementeros (2%). Sin embargo, estas soluciones no abordan el problema estructural: un modelo lineal basado en producir, consumir y desechar.
Persistir en este enfoque no solo compromete la integridad ambiental del país, sino que también limita su competitividad en un contexto global que exige economías circulares y trazabilidad en la gestión de residuos.
Costa Rica no afronta únicamente un problema de residuos plásticos; afronta un problema de modelo. La contaminación plástica es el síntoma de un sistema que no está internalizando sus externalidades. Y, como ocurre en cualquier organización, cuando los costos ocultos se acumulan, inevitablemente terminan impactando la cuenta de resultados.
No obstante, existen oportunidades claras. El país cuenta con un sistema de actores del sector público, privado y de la sociedad civil con capacidades instaladas y disposición para actuar. El sector privado, en particular, puede desempeñar un rol habilitador clave mediante innovación, financiamiento y escalamiento de soluciones. La articulación público-privada ya ha demostrado ser efectiva para cerrar brechas operativas.
Asimismo, plataformas multisectoriales y redes comunitarias, con un destacado liderazgo femenino en la gestión de residuos, representan una ventaja competitiva que puede acelerar la implementación de soluciones si se articula estratégicamente.
Costa Rica aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero el margen se reduce. La pregunta no es si puede liderar soluciones. La pregunta es si está dispuesta a asumir el costo económico y político de no hacerlo.
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.
