Costa Rica volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025 de Transparencia Internacional. El país cayó al puesto 46 de 182 naciones, con una calificación de 56 sobre 100, por debajo de su mejor registro de 59 puntos en 2017.
No es un desplome abrupto, pero sí una señal persistente de erosión en la confianza sobre la integridad del sector público. El CPI no mide sentencias ni expedientes judiciales. Combina percepciones de expertos y empresarios sobre sobornos, desvío de fondos, nepotismo, captura del Estado y capacidad institucional para contener la corrupción. Es una métrica comparada de confianza institucional.
A nivel nacional, el Índice de Competitividad Nacional (ICN), elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, ofrece una aproximación complementaria.
En su pilar de Instituciones, incluye una dimensión de Transparencia Municipal, bajo la premisa de que la calidad institucional también se construye desde los gobiernos locales. En sus primeras dos ediciones, esta dimensión incorporó el Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) de la Defensoría de los Habitantes, que evaluaba acceso a la información, rendición de cuentas, participación y datos abiertos en los sitios web institucionales. Sin embargo, la última medición de la Defensoría llegó hasta 2021.
Ante la ausencia de actualización, el ICN debió apoyarse en datos de denuncias ante la Contraloría General de la República, desagregadas en ética y probidad, compras públicas y capacidad de gestión. Durante 2025, la Defensoría indicó que trabajaba en la actualización metodológica del ITSP 2.0 y que su medición sería aplicada y publicada próximamente. Ojalá finalmente se divulgue en este 2026.
En un contexto donde la percepción internacional se deteriora, contar con una medición nacional robusta, periódica y comparable es indispensable para evaluar de mejor forma la calidad institucional de los gobiernos locales y del resto del entramado público.
La competitividad no depende solo de carreteras, talento o digitalización. También descansa en instituciones íntegras y transparentes. Sin información accesible, rendición de cuentas y controles efectivos, la confianza se erosiona. Y sin confianza, el desarrollo sostenible se vuelve cuesta arriba.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
