La posibilidad de solicitar detenciones, allanamientos o intervenciones telefónicas supone un poder enorme. Por ello, es tan relevante cómo se organiza una institución como el Ministerio Público que procesa casos entre personas privadas –atropellos, abusos sexuales, agresiones machistas, etc.– y, también, por actos que vinculan a quienes ostentan cargos políticos o tienen poder económico –corrupción, sobornos, abuso, etc.–.
Hace pocos días, el presidente de Guatemala nombró a un nuevo fiscal general. Podría parecer una noticia intrascendente. No lo es. Ese país es un ejemplo extraordinario de las amenazas que trae un Ministerio Público dependiente de la política.
Consuelo Porras, incluida por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.) en una lista de funcionarios corruptos, fue escogida en 2018 por el expresidente Jimmy Morales como jefa de la Fiscalía. Morales, cuyo entorno estaba siendo señalado por hechos delictivos, antes había desarmado los intentos que hizo la ONU junto con el Estado para juzgar delitos por corrupción o violaciones graves a derechos humanos como desapariciones forzadas.
Ya en el puesto, Porras, consciente de a quiénes respondía, inició una cacería sin precedentes contra fiscales y jueces que habían abierto expedientes a políticos, militares y empresarios influyentes. Muchos de aquellos funcionarios judiciales, por delirante que parezca, acabaron en el exilio o presos.
En 2023, participé en una misión oficial de la ONU a Guatemala; visitamos cerca de 30 establecimientos de privación de libertad, y aunque en cualquier cárcel siempre habrá historias dramáticas, encontrar a juezas y fiscalas detenidas por indagar a figuras que fueron intocables por décadas ha sido una de las imágenes más estremecedoras que me acompañan permanentemente. El informe es público y cualquiera puede leerlo.
En clave doméstica, hay muchas y valiosas ideas que buscan mejorar el servicio público que presta nuestro Ministerio Público. Ninguna, eso sí, que tenga como propósito meter de algún modo las manos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo en la designación de su titular será para fortalecerlo; solo para secuestrarlo. Es una línea roja innegociable y, más importante aún, que cualquier demócrata debería entenderla así.
mfeoliv@gmail.com
Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
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