Se les acercan mucho, en las mediciones de rezago y marginación, Corredores, Coto Brus, Golfito, Guatuso y Osa. Por supuesto, los índices son una abstracción. Lo grave es que reflejan las condiciones de personas que, por haber nacido en un medio con enormes limitaciones, tendrán muchas menos oportunidades y mayores dificultades para salir de la pobreza y desarrollarse a plenitud. Son casi 400.000 y se agrupan mayoritariamente (siempre lo hemos sabido) en costas y fronteras.
Esos diez cantones son el ejemplo más dramático de nuestras enormes diferencias regionales, crónicas y estructurales. Además de quienes las sufren directamente, frenan el desarrollo general y vulneran la estabilidad política y social.
Sobra conciencia sobre la necesidad de superarlas, y existen iniciativas importantes para hacerlo. Los índices mencionados son parte del diagnóstico. En marzo del pasado año, el gobierno presentó un plan a largo plazo en ese sentido, basado en profusa investigación y respaldado por la Unión Europea, el BID, la agencia de cooperación alemana GIZ y la empresa global GeoAdaptive. Cinde realizó múltiples evaluaciones y gestiones para impulsar zonas de desarrollo fuera de la Gran Área Metropolitana. Y desde noviembre contamos con una Ley de Desarrollo Regional, para estimular inversiones en tal sentido. Pero hasta ahora poco ha ocurrido.
No debemos esperar que los engranajes generales logren acoplarse. Se imponen intervenciones puntuales en los cantones más afectados: actuar sobre sus carencias más serias en infraestructura, educación, salud y vivienda, y dar impulso básico a su desarrollo. Poco habría que inventar, aunque sí mucho que coordinar, entre Gobierno Central, autónomas, municipalidades y comunidades. El esfuerzo, más que necesario, es urgente y necesita liderazgo proactivo. Un buen propósito para el 2023.
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