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Esta semana sucedieron dos acontecimientos que podrían tener un efecto en la internet. El primero, un par de audiencias ante la Suprema Corte de los Estados Unidos y, el segundo, la realización de la conferencia mundial Internet para la Confianza, convocada por la Unesco, debido a la preocupación del secretario general de la ONU. Ambos buscan el balance entre el respeto de los derechos humanos y el acceso a la información, y, por otra parte, la contención de las versiones peligrosas del uso de la internet.
La Suprema Corte, que decide qué casos estudia, aceptó dos: González contra Google y Twitter contra Taamneh, sumándose como partes coadyuvantes en este último caso las plataformas Microsoft, Meta, Google y Reddit. El tema en discusión: los alcances de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, de 1996, que establece inmunidad en materia de contenidos a las plataformas.
Promovidos por familiares de dos víctimas de atentados terroristas cometidos por el Estado Islámico en París en el 2015 y Estambul en el 2107, se argumenta que la falta de moderación, la libre circulación de contenidos de ese grupo y el uso de algoritmos que facilita que estos lleguen a ciertos grupos meta contravienen las leyes antiterroristas de Estados Unidos y que la inmunidad debe anularse por inconstitucional.
En la conferencia mundial se convocó no solo a los Estados parte, sino también a empresas y sociedad civil para la formulación de guías globales, cuyo objetivo es “generar procesos regulatorios que garanticen la libertad de expresión y el acceso a la información, y a la vez tratar contenidos ilegales y los que podrían poner en riesgo significativo la democracia y el disfrute de los derechos humanos”.
Costa Rica es también víctima del creciente mal uso de plataformas, y personas sin valores se aprovechan de la falta de controles y de la impunidad al gozar de las ventajas del “anonimato” para expresar y divulgar expresiones de odio, mentiras y hasta manipulaciones que representan un peligro para nuestra democracia.
Por eso, aplaudo la iniciativa de la Unesco. Estemos atentos a lo que dirá la Suprema Corte, y desde ya recomiendo, una vez sean publicadas las guías, proceder a su adopción como buenas prácticas en nuestro ordenamiento jurídico.
La autora es politóloga.
