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Grietas en la carretera Limonal-Cañas antes de la inauguración. (Rafael Pacheco Granados)
Atravesamos los meses más fuertes de la época lluviosa y una vez más nuestra red de infraestructura exhibe sus profundas limitaciones, escasa resiliencia y el luto que es capaz de ocasionar en los hogares costarricenses. Sin embargo, no es un problema gestado hace unas pocas semanas o meses, sino el resultado de una cultura histórica de evaluar a los gobiernos de turno exclusivamente a partir de cuántos proyectos nuevos inauguran, ignorando por completo el mantenimiento y la operación que demandan.
Basta con efectuar un recorrido por la carretera de Circunvalación para observar de primera mano el proceso de deterioro. El paso a desnivel de Guadalupe es el ejemplo sobre cómo se ven los proyectos inaugurados y el de San Sebastián, cómo se verán unos pocos años más tarde.
Del mismo modo, miremos el puente La Amistad, sobre el río Tempisque, o la Costanera sur para darnos cuenta de que estamos construyendo y heredando problemas, no soluciones. En este contexto, es necesario analizar las principales implicaciones y sus posibles soluciones.
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Visión del ciclo de vida
Costa Rica ejecutó durante los últimos años créditos internacionales por más de $2.000 millones para el desarrollo de proyectos de infraestructura, como pasos a desnivel, la finalización del anillo norte de Circunvalación o la ampliación de la ruta 32, entre otros. Pero todo este enorme esfuerzo se realizó sin un programa asociado que garantizara el mantenimiento y la adecuada prestación del servicio en el tiempo.
Lamentablemente, nos tropezamos nuevamente con la misma piedra. En las décadas de los sesenta y setenta se inauguraron proyectos tan fundamentales como la carretera San José-San Ramón, Cambronero, Cartago-San Isidro del General y la Interamericana norte. Todas como carreteras “nuevas y gratuitas”, pero décadas después continúan causando problemas a las generaciones que no tuvimos el gusto de disfrutarlas en su condición óptima.
El problema en la red de puentes es aún mayor. El inventario de rutas nacionales hecho por el Programa de Evaluación de Estructuras de Puentes del Tecnológico encontró en el 2019 que de un total de 1.670 puentes el 35% está en condición deficiente, el 62% en estado regular y solamente un 4% en buenas condiciones. Pero, aun cuando el abandono de estas estructuras es evidente y sostenido, a la hora en que ocurren los desastres —y las muertes, como en Cambronero— mostramos una actitud de sorpresa cínica, y señalamos todo menos el problema de fondo.
En este contexto, urge que aprobemos con madurez y disciplina una política de Estado en infraestructura capaz de ver más allá de cuatro años y que considere la inversión en los proyectos para todo su ciclo de vida. La inauguración es un indicador que no lleva a ninguna parte.
Pagar por la infraestructura
Recientemente se presentó el presupuesto del año 2023, y el panorama para el mantenimiento sigue siendo sombrío, producto de las limitaciones fiscales y la dependencia de fuentes tradicionales, tales como el impuesto único sobre los combustibles que, además de originar una desconexión entre el monto pagado y el servicio recibido, está condenado a erosionarse y finalmente a desaparecer cuando entren en funcionamiento nuevas tecnologías de transporte.
El país debe, por tanto, comenzar desde ya a tomar acciones para evolucionar hacia un sistema de pago por el uso, por lo menos en las rutas principales para que, además de cubrir las nuevas inversiones, garantice el adecuado mantenimiento a largo plazo y el ciudadano vea su pago materializado en vías de calidad. No existe infraestructura gratuita, pero sí formas más transparentes y eficientes de pagar por los servicios públicos.
Cumplir la promesa de las asociaciones público-privadas
Junto con el componente de mantenimiento, es preciso canalizar recursos del sector privado para acompañar el esfuerzo del Estado. Si bien es cierto que contamos con una ley amplia en cuanto a modelos y sectores aplicables, el modelo todavía no se consolida debido a una visión que no supera cuatro años, la débil planificación y preparación de proyectos y la debilidad institucional para la gestión y control de las iniciativas.
En este sentido, urge transformar el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en un ente que posea el músculo para infundir confianza y, al mismo tiempo, gestione de igual a igual los contratos con empresas que participan en asociaciones público-privadas (APP).
Optimización de activos
El Fondo Monetario Internacional plantea aprovechar los activos de infraestructura existentes por medio de las APP para una mejor administración del balance de activos y pasivos públicos. Lo anterior es posible por medio de la figura del reciclaje, habilitada en Costa Rica por medio de la reforma de la Ley de Concesiones del año 2019.
Consiste en un modelo de APP en el que se concesiona al sector privado —por un plazo definido— la explotación de una infraestructura, junto con la responsabilidad de operación, mantenimiento y mejora, a cambio del cobro a los usuarios o beneficiarios del proyecto.
A su vez, como se trata de un activo ya construido, el sector privado reconoce al Estado un pago inicial o periódico. De esta forma, se obtienen nuevos recursos para incrementar la inversión pública y asegurar la adecuada dirección de los proyectos, que de otra forma empezarían a deteriorarse, lo cual se traduciría en una desmejora del servicio y cuantiosas necesidades de inversión en el futuro para la reconstrucción.
Si bien el reciclaje de activos no es el único mecanismo para el desarrollo de obra pública, su utilización será clave para romper décadas de limitada inversión y brindar mejores condiciones a la calidad de vida de los ciudadanos, así como una mayor competitividad en el sector productivo.
Es necesario dejar de lado la improvisación y la cultura de la corta de cintas para dar paso a las mejores prácticas y técnicas que procuren la óptima gestión de los activos que con tanto esfuerzo construye el país. Debemos soñar con un país más ordenado y servicios públicos de calidad que permitan promover la actividad productiva y, a la vez, una mejor calidad de vida para todos.
Los invito a mirar más allá del hoy y a priorizar la madurez y disciplina, para dejar de lado las amarras que durante décadas nos han impedido contar con infraestructura de primer mundo.
El autor es economista especialista en infraestructura.
