Hace un mes, un grupo de diputados liderados por Pilar Cisneros me denunció porque, a su juicio, cometí un hecho ilícito que, hasta entonces, decían que no existía: “beligerancia política”.
En mi condición de denunciado, no de vocero del TSE, he explicado que esa gestión, aparte de revelar lo mal que comprenden la legislación, deja expuesto lo que tanto disimulan. Lo primero, porque la prohibición de parcialidad y participación política que pesa sobre mí como funcionario electoral me obliga a ser imparcial frente a las opciones político-partidarias, no frente al gobierno, que, en Costa Rica, por definición, no puede ser partidario.
Como funcionario electoral, ni debo ni quiero ser neutral en la defensa de la democracia frente al autoritarismo, y en el ejercicio de mis funciones en la comunicación institucional, tampoco debo mantenerme imparcial frente a las falsedades con las que se intentan enturbiar los hechos.
Como se lo dije en su despacho, señora Cisneros, yo sí viéndola a los ojos (porque usted bajaba la mirada), cada vez que digan una mentira relacionada con el TSE, como las que distintos equipos de fact checkers han verificado, saldremos a desmentirlos.
Lo segundo, que, con su denuncia en mi contra, acaban sin querer denunciándose a sí mismos, tiene su gracia. No solo porque Cisneros asume que con “tirano” y “matón”, yo me refería al presidente, sino porque también asume que, en caso de ser dirigidas esas palabras al presidente, irían dirigidas también contra el Partido Pueblo Soberano, revelando que el presidente está involucrado en la campaña de esa agrupación.
No es la primera vez que la traiciona la lengua. En nota de El Mundo CR, del 9 de abril pasado (“Pilar Cisneros defiende a Chaves y arremete contra medida del TSE”) dijo: “Quieren sacar a Rodrigo Chaves de la contienda electoral y creo que no lo van a lograr”. Y en un video referido en AmeliaRueda.com del 15 de julio (“Tensión en alianza chavista: dos partidos advierten de posible salida y Pilar Cisneros les pide ‘unirse’”) manifestó: “Sé lo que han trabajado, sé las horas que han invertido en este proyecto político, pero, al final, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos? La continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves Robles”.
Se lo digo una vez más, señora Cisneros: la candidatura de doña Laura Fernández y del resto de aspirantes por el Partido Pueblo Soberano, es absolutamente legítima como opción política para los costarricenses. Lo que es ilegítimo, inconstitucional y debe ser denunciado por cualquier demócrata, es que el presidente se involucre en la campaña o, peor, que más allá del nombre que formalmente aparece en la papeleta, se esté procurando una extensión por cuatro años más de su mandato.
Pocas horas después de presentada la denuncia, las redes sociales se inundaron de comentarios que señalaban su carencia de sustento, y entonces Cisneros y compañía siguieron el previsible guion del desinformador: el whataboutism: cuando el lado contrario empieza demostrar que tiene la razón, hay que cambiar de tema y hablar de algo que no tiene nada que ver. Y ahí aparece el video sobre mi beca.
Alguien con más becas que yo podría nunca beligerar y alguien sin ninguna beca concedida podría beligerar. Una cosa no guarda ninguna relación con la otra. Pero lo suyo, al igual que lo era para Vladimiro Montecinos, no es el debate de ideas, sino la destrucción de reputaciones. Centenares de funcionarios públicos han recibido becas de estudio y la mía acabó hace una década. Si solo a mí me señala y solo hasta ahora lo hace, no es porque esa beca le parezca mal; es porque quiere callarme.
Sí, me aprobaron una beca en el 2010 y, por respeto a los costarricenses, voy a detallar lo que, desde entonces, siempre fue público en el sitio web del TSE. La beca consistió en tres años de permiso con goce de sueldo para dedicarme a cursar primero una maestría y después un doctorado, más el 50% del costo de la matrícula de ambos programas y 400 euros por concepto de tasas y derechos de defensa de mi investigación. Una inversión de recursos públicos a la que se sumó un esfuerzo familiar: mi esposa renunció a su trabajo en el sector privado para irnos los dos a España a vivir solamente con mi salario, y, como tres años no son suficientes para acabar un proceso formativo así, debí solicitar 17 meses adicionales de permiso, pero sin goce de salario, de junio 2015 a octubre 2016, durante los cuales nos sostuvimos con el saldo que nos quedó de la venta de nuestra casa en 2011, cuando nos fuimos de Costa Rica.
La beca la gestioné siguiendo los lineamientos internos de la institución, para una formación que había sido diagnosticada como una sensible necesidad institucional por una consultoría externa, validada su conveniencia organizacional por un estudio previo de Recursos Humanos, ofreciendo un fiador y firmando el contrato respectivo, en el que me comprometía a obtener las dos titulaciones y regresar a trabajar al TSE por al menos 6 años (ya llevo 9). Mi investigación fue aprobada con sobresaliente cum laude y propuesta a Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, una de las mejores del mundo en Media and Communication Studies y la mejor en lengua española (ah, y sin esa cosa vergonzosa de tener a un pariente mío en el tribunal de tesis).
Que usted, señora Cisneros, tenga una posición contraria a que las instituciones financien capacitaciones de sus funcionarios y a que se inviertan recursos públicos en ello, sería, en principio, respetable. Una posición torpe para alguien que quiera mejorar la gestión pública, pero respetable al fin. El problema es que usted disfrutó de una generosísima beca financiada con recursos públicos y eso retrata su doblez como persona.
Su beca de dos años se la dio la UCR en 1980, por un total de ¢333.745 que, a valor presente, son ¢54 millones. ¡Demasiado dinero para solo una maestría! La razón de una cifra tan alta está en los beneficios de los que gozó: 1) Una suma mensual para los gastos de su mantenimiento personal y de sus hijos. 2) El transporte internacional de ida y de regreso suyo y de hasta dos hijos. 3) Un auxilio de $100 por cada semestre de estudios para compra de libros y de $200 para elaborar la tesis. 4) Un seguro de salud para usted y sus hijos. 5) Los pagos de matrícula y de los demás aranceles universitarios que tuviera que cubrir.
¡Qué sabrosera, señora Cisneros! Y todo eso, en medio de la más brutal crisis económica que recuerde nuestro país, durante la administración Carazo. Encima, no era esa la única entrada familiar, porque simultáneamente al ciudadano distinguido lo becaba, ¡oh ironías!, el periódico La Nación.
Su indignado video sobre mi beca, que busca irresponsablemente excitar en mi contra el resentimiento social (contabilizo ya decenas de amenazas de muerte en mi Messenger), es similar a sus afirmaciones en 2013, en Telenoticias, durante una entrevista a don Héctor Fernández, entonces director del Registro Electoral.
Ahí le decía que era una barbaridad el dinero público que se gastaba en las campañas electorales, que con ese dinero se podría hacer mucha obra pública, y que la compra de bonos de deuda política era un negociazo para quienes los adquirían. Finalmente, usted celebró que en ese momento no se podían adquirir bonos, debido a que estaban suspendidos por una acción de inconstitucionalidad, y dijo: “A ver si por fin hacen una campaña de ideas y de fondo, y no una de derrochar dinero”. Lo simpático es que, en 2021, durante la campaña que la llevó a la curul, usted compró 14 bonos de un millón de colones cada uno, con un 40% de descuento, cuando la legislación electoral lo máximo que reconoce es un 15% de descuento.
Una cosa más, señora Cisneros: es verdad, no tengo plaza en propiedad. Lo que omitió es que ni la plaza de letrado, ni la de asesor político, ni la de director que ahora ocupo, pueden tenerse en propiedad ni son concursables. Se mantienen siempre de confianza para que, dada la naturaleza sensible de las funciones asignadas, los jerarcas puedan remover a quienes las desempeñan sin largos procesos administrativos.
Termino con una palabra para el presidente Chaves, quien, junto a Cisneros, ha liderado esta campaña de desprestigio en mi contra. Que usted me llame “empleadillo”, “letradillo baboso”, “Román magabecas”, “poco inteligente” o, ya pasando de la difamación a la calumnia, “Gustavo Robán”, me tiene sin cuidado.
Considerando que usted un día dice que Costa Rica es la “dictadura perfecta” y al siguiente dice que somos una “democracia madura”, comprenderá que no me lo tome muy en serio como personaje. Sé que, en su muy básica estructura narrativa, se pasa de ser casta, canalla, con corona y red de cuido, a ser patriota y digno de encomio, con solo postrársele (es larga la lista de quienes han pasado de un lado al otro, en ambas direcciones, solo por esa razón).
Lo que sí lamento es que me dijera “mariposita”. Ya a un diputado le había dicho “Loca de Gandoca” y “reprimido en el clóset”, y, cuando eliminó el protocolo antibullying contra estudiantes LGBTIQ , habló de “pobrecitos victimizados”.
Es evidente que usted considera la homosexualidad un insulto, algo con qué denigrar a las personas objeto de su ira. Y eso sí me agobia. No por la penosa indignidad de los ministros y periodistas afines no heterosexuales que no reaccionan a su homofobia, sino por el tóxico impacto social que eso, por su posición, genera, especialmente sobre personas vulnerables que pueden sufrir en sus carnes y autoestima el peso de tener al presidente de su país validando a sus agresores. Al menos en ese aspecto tenga la bondad de comportarse decentemente.
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Gustavo Román Jacobo es abogado.