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Cada vez que Costa Rica enfrenta necesidades de financiamiento, los eurobonos reaparecen en la discusión pública acompañados de propiedades casi medicinales. Se dice que reducirían las tasas de interés, descongestionarían el mercado local, ordenarían los vencimientos y, de paso, devolverían la salud a las finanzas públicas. Algo de eso es cierto; el problema comienza cuando confundimos el alivio de la manzanilla con la cura de una fractura.
Recurrir a los mercados internacionales podría mejorar las condiciones en las que el Gobierno obtiene recursos, diversificar sus fuentes, distribuir mejor los vencimientos y evitar que la demanda de recursos del Estado desplace el crédito destinado a empresas y hogares. Sin embargo, esta herramienta no modifica las razones que obligan a seguir endeudándose. Tampoco es suficiente para soldar el hueso.
Deuda por más deuda
La situación de las finanzas públicas se parece a la de una familia altamente endeudada que analiza si una nueva tarjeta de crédito resolverá sus problemas. La nueva tarjeta podría cobrar una tasa menor, ofrecer un plazo más largo y permitirle refinanciar algunas obligaciones. Sería una decisión financiera razonable. Pero, si los gastos continúan superando los ingresos, la familia seguirá endeudada y pronto volverá a necesitar otra tarjeta.
Eso es precisamente lo que debemos tener presente al discutir los eurobonos. El país podría conseguir mejores condiciones de financiamiento, pero la operación no genera nuevos ingresos, no reduce los gastos estructurales y tampoco elimina la voluminosa deuda existente.
Actualmente, esta supera el 60% del PIB (cerca de US$60.000 millones). La pregunta no es solamente si podemos endeudarnos en mejores condiciones, sino si realmente pretendemos resolver un problema de deuda con más deuda. Cambiar de tarjeta puede aliviar temporalmente la cuota; lo que no hace es ordenar las finanzas de la familia.
Las causas del problema
El deterioro fiscal no tiene una sola causa. Es el resultado de varios factores que conviene analizar por separado.
Primero, Costa Rica desea financiar un Estado grande con una carga tributaria cercana al 13% del PIB. Las contribuciones sociales amplían la carga total sobre trabajadores y empresas, pero esos recursos tienen destinos específicos y no resuelven las necesidades generales del Gobierno Central.
Segundo, la apreciación excesiva del colón ha reducido la base imponible expresada en moneda nacional de una economía parcialmente dolarizada y muy abierta al comercio internacional. Esto afecta la recaudación del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta y de otros tributos vinculados con importaciones, exportaciones y operaciones denominadas en dólares.
Tercero, tres años de inflación muy baja o negativa erosionaron el crecimiento nominal de la economía. Sin inflación, la producción puede aumentar en términos reales, pero los ingresos tributarios crecen más lentamente, mientras muchas obligaciones públicas mantienen una dinámica propia. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿será mucho pedirle al BCCR que no “ayude” tanto?
Cuarto, la recaudación también se ha visto afectada por el contrabando, los cambios en el cobro del marchamo, el cambio en la declaración del valor aduanero de vehículos, el menor dinamismo del régimen definitivo y las transformaciones en los medios de pago, incluido el crecimiento de Sinpe Móvil. Acá es claro que son cambios que obligan a modernizar los mecanismos de control y recaudación. Finalmente, la aplicación automática de créditos fiscales acumulados mediante Tribu-CR redujo transitoriamente los ingresos observados.
La familia que vive para pagar intereses
Costa Rica destina una proporción muy alta de sus recursos al servicio de la deuda. Según el propio Ministerio de Hacienda, el pago de intereses ronda el 4,7% del PIB, más de US$4.000 millones anuales y cerca de 19 veces el costo de la carretera Cañas-Liberia.
En términos familiares, no hablamos de un hogar que utiliza el crédito para invertir, sino de uno que vive para pagar intereses. Costa Rica destina más de 30% de los ingresos a este propósito, más del doble del promedio de los países de renta media, que ronda 12%, según datos recientes del Banco Mundial.
Esto deja menos recursos disponibles para seguridad, educación, salud, infraestructura y protección social. También explica por qué, aun cuando la deuda se estabilice temporalmente como proporción del PIB, las finanzas públicas continúan siendo frágiles. El problema no es solamente cuánto debemos, sino la carga permanente que supone seguir refinanciando esa deuda.
El país cambió; la discusión fiscal también debe hacerlo
La economía que enfrentó la reforma fiscal de 2018 no es la misma. La apreciación cambiaria, un periodo prolongado de inflación cero o negativa, la transformación tecnológica, el crecimiento dual, las nuevas formas de empleo y consumo, y la necesidad de financiar infraestructura han cambiado el entorno.
La discusión fiscal, sin embargo, continúa girando con frecuencia alrededor de las mismas alternativas: aumentar el IVA, modificar el impuesto sobre la renta o aprobar una nueva autorización de endeudamiento. Estos temas pueden formar parte del debate, pero resultan insuficientes para enfrentar un problema mucho más amplio.
Apliquemos la manzanilla donde sabemos que puede funcionar
Como dice el refrán, solo los ríos y los tontos no se devuelven. En este caso, el Estado debería reconocer rápidamente que algunas decisiones afectaron sus ingresos y debe corregir el rumbo. Primero, debería derogarse la Ley N.° 10.390, Ley para el alivio en el pago del marchamo 2024, que redujo el monto del impuesto a la propiedad de los vehículos.
Segundo, convendría reformar nuevamente la metodología utilizada para determinar el valor fiscal o aduanero de los vehículos. La experiencia reciente sugiere que el cambio impulsado bajo recomendaciones de la OCDE no produjo los resultados esperados, por lo que debería evaluarse seriamente el retorno al esquema anterior.
Tercero, debería derogarse el Decreto Ejecutivo N.° 44921-MH, de marzo de 2025, que estableció una reducción gradual y progresiva de la tarifa del impuesto selectivo de consumo (ISC) aplicable a 60 productos considerados bienes de lujo.
La siguiente etapa de la reforma fiscal deberá orientarse hacia una revisión integral del Estado. Esto implica discutir la calidad y composición del gasto, la efectividad de las instituciones, las duplicidades, las transferencias, las exoneraciones, la administración tributaria y las obligaciones que el Gobierno acumula sin reconocer.
Esto exige adaptar el sistema tributario a una economía más digital, basada en servicios y con nuevas modalidades de generación de ingresos. La solución no puede consistir únicamente en elevar las tasas de los contribuyentes que ya están dentro del sistema. Es necesario ampliar las bases, reducir la evasión, combatir el contrabando y simplificar el cumplimiento.
Las estrategias de corto plazo pueden ser útiles, pero el país necesita abrir una discusión sobre soluciones estructurales que vayan mucho más allá del té de manzanilla. Además de las medidas propuestas, Costa Rica debería revisar la política monetaria, que ha sido excesivamente restrictiva.
Como señaló elocuentemente don Jorge Guardia, director del BCCR, en el acta de la Junta Directiva N.° 6333 del 23 de julio, el Banco Central ha sido exitoso en controlar la inflación, pero no puede decirse lo mismo en materia de producción y empleo. Sin crecimiento económico, las finanzas públicas no mejorarán.
Ha llegado el momento de volver la mirada hacia estas variables, que están estrechamente vinculadas con la sostenibilidad de las finanzas públicas. La manzanilla puede aliviar el dolor, pero mientras no atendamos la fractura, esta seguirá ahí y, además, seguirá cobrando intereses.
dortiz@cefsa.cr
Luis Liberman y Daniel Ortiz son economistas.
