Las pasadas elecciones constituyen una expresión adicional de cambios en nuestro régimen político; sin embargo, no son más que un factor entre varios que permiten explicarlos.
El concepto de “régimen político” se refiere al conjunto de instituciones, normas, reglas y principios que definen cómo se organiza el poder dentro de un Estado, cómo se accede a él, cómo se ejerce y cómo se relacionan gobernantes y gobernados. En otras palabras, alude tanto a la estructura como a la dinámica del proceso político.
Todo régimen posee una doble dimensión: la formal (legal) y la sociológica (sustantiva). No se limita a la Constitución escrita, sino que incluye también las fuerzas sociales y su relación con el aparato estatal.
El acceso al poder puede darse por vía electoral, por herencia o mediante un golpe de Estado. En nuestro caso, ocurre por la primera vía. Por su parte, el ejercicio del poder se relaciona con sus límites y con la división de poderes. Los derechos y libertades para influir en la política remiten a la participación, mientras que la relación entre gobernantes y gobernados se vincula con la existencia y actuación de fuerzas opositoras.
Ahora bien, los cambios de régimen no obedecen a una sola causa; por lo general, resultan de la convergencia de factores estructurales y coyunturales.
Según Max Weber, la sostenibilidad de un régimen depende de su legitimidad; el cambio sobreviene cuando la creencia en esta se desmorona. Para Raymond Aron, en cambio, la transformación ocurre cuando se pierde la capacidad de gestionar conflictos internos y externos. Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, por su parte, ponen el énfasis en las interacciones entre élites.
Entre los factores explicativos figuran los económicos, como las crisis graves (hiperinflación, desempleo masivo o desigualdades extremas) que pueden deslegitimar un régimen. También inciden las huelgas generales, los cambios de valores y el ascenso de nuevas clases medias que exigen mejor gobernanza. A ello se suman medios de comunicación críticos y redes sociales antisistema, que pueden converger en la deslegitimación.
Asimismo, la corrupción o la represión erosionan la confianza en la dirigencia política. Otro elemento concurrente son las divisiones entre élites, como los conflictos internos en partidos hegemónicos. Cuando las instituciones públicas son frágiles, difícilmente resisten presiones transformadoras.
En los últimos años, Costa Rica ha experimentado la implosión del bipartidismo y la posterior fragmentación del sistema de partidos; grandes huelgas, como las de 2018; deterioro de la economía doméstica; ascenso de nuevas élites económicas críticas de los resultados en salud y educación; repetidos casos de corrupción pública; aceleración de la crítica antisistema en redes sociales e incapacidad estatal para enfrentar la inseguridad.
En este contexto, la aparición de un populismo con tendencias autoritarias ha catalizado el malestar. Su retórica incendia la política, dinamita puentes y articula un discurso feroz contra el equilibrio de poderes, con un estilo comunicativo centrado en redes sociales y en la creación de medios alternativos.
La pretensión de representar directamente la voluntad del pueblo, junto con la negativa a aceptar que la democracia implica gobierno de mayorías con respeto a las minorías, conduce a considerar los mecanismos de pesos y contrapesos como obstáculos a la voluntad popular y a rechazar el pluralismo político como obstruccionismo ilegítimo.
El populismo en el poder crea condiciones propicias para una transición hacia el iliberalismo. Genera, además, ataques frontales a los medios de comunicación y al Poder Judicial, impulsa la concentración del poder en el Ejecutivo y promueve el debilitamiento del pluralismo mediático.
La experiencia histórica reciente –Hungría, Turquía y El Salvador– muestra cómo estos procesos modifican la naturaleza de los regímenes y atropellan libertades individuales en nombre de la unidad nacional o la seguridad, bajo la conducción de liderazgos mesiánicos que afirman fusionarse con el pueblo.
El iliberalismo no es solo una reacción antisistémica contra la democracia liberal representativa. Constituye una ideología que, más allá del denuncismo contra las élites, busca restaurar la autoridad –la “mano dura”–, la nación y la tradición.
Este proyecto puede avanzar por diversas vías: utilización del poder estatal como arma política; ampliación de las atribuciones del Ejecutivo bajo el argumento de que la división de poderes ralentiza las decisiones, y justificación de “cortocircuitar” procesos en nombre de la voluntad popular. Autores como Zakaria han advertido de que la búsqueda obsesiva de eficacia puede ser el primer paso hacia la autocracia.
El arribo de una fracción oficialista con mayoría de diputados que anuncie reformas constitucionales profundas, una asamblea constituyente, la suspensión de garantías individuales, el estado de excepción, la reelección presidencial sucesiva o la destitución de magistrados y de la contralora, encaja plenamente en las definiciones de iliberalismo.
Los peligros asoman en el horizonte. En palabras de Octavio Paz: “Sin libertad, la democracia es despotismo; sin democracia, la libertad es una quimera”. Debemos estar vigilantes y recordar que la democracia es mucho más que elecciones.
Como señala el académico francés Pierre Rosanvallon, el iliberalismo no supone un colapso súbito de la democracia, sino un proceso de erosión gradual. Surge cuando líderes electos democráticamente utilizan esa legitimidad para desmontar los contrapoderes en nombre de la voluntad popular, lo que puede derivar en autoritarismos, dictaduras o nuevas formas de fascismo.
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Constantino Urcuyo es abogado y politólogo con un doctorado en Sociología Política de la Universidad de París.