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El desarrollo pleno de un sistema como el costarricense, constitucionalmente una república democrática, representativa y participativa, requiere calidad en dos pilares: representar y participar.
Esto supone conexión con la realidad nacional y esfuerzo por el bien mayor de la patria. Representar implica ciudadanos interesados en su país y representantes de igual o mayor capacidad cívica. Participar exige ciudadanos conscientes y representantes prudentes, que sepan cuándo conducir y cuándo hacerse a un lado.
Pero formar ciudadanos comprometidos requiere de un sistema educativo que cultive pensamiento crítico, distinción entre verdad y falsedad y admisión de sesgos. Si estas cualidades no están presentes en el soberano –el pueblo en su conjunto, el cuerpo político, como planteó Rousseau–, ¿cómo puede su voluntad general expresarse a través de sus representantes?
Costa Rica enfrenta así un “triple encierro” en la representatividad. Visualice la representación como un bebé en un encierro: protegido pero aislado. ¿Cómo construir identidad si su familia no puede conocerlo e interactuar? ¿Cómo evitar que el malestar democrático se extienda?
La diputación está dentro de tres encierros que trascienden partidos. El primero es físico: las funciones legislativas confinan, de lunes a jueves, a las personas diputadas en recintos en San José y el resto de la semana para supuestamente atender a las comunidades, aunque resultan elegidos por provincia.
El segundo encierro es psicológico: muchos evitan el contacto directo con su electorado, por temor, desinterés o dinámicas que desalientan el diálogo.
El tercero es político: la elección mediante listas partidarias cerradas crea obligaciones hacia estructuras específicas, no siempre alineadas con el interés general.
Así, el representante “protegido” por el sistema pierde contacto con quienes le dan sentido, y la “familia” (la ciudadanía) renuncia o demerita la interacción. ¿Cómo romper este encierro sin destruir la representación?
Tal vez el camino no pase por más muros de concreto o torres distantes, sino por más puentes. Y al Estado, en sus tres poderes, le corresponde facilitarlos: educación pública crítica, educación cívica fortalecida, espacios deliberativos de participación reales, prácticas institucionales que incentiven el contacto directo entre representantes y representados y un diseño político que garantice la apertura.
Solo así la voluntad general pasará de ideal abstracto a práctica viva. El próximo gobierno puede mostrar que está listo para esa ruta, y eso espero.
Si desea conocer qué proponen los diferentes planes de gobierno sobre este u otros temas, puede consultar el nuevo chat “Votante Informado”.
Leonardo Jinesta Rodríguez estudia Enseñanza de Estudios Sociales y Educación Cívica en la UCR.
