EscucharPor obra de la casualidad, durante muchos años presté servicios en los tres poderes del Estado.
No me lo propuse; simplemente ocurrió. En este mundo de falsas verdades y supercherías, quiero imaginar que fue por influjo de los astros: el 9 de febrero de 1986 reapareció el cometa Halley, y con él advino de seguido la catástrofe nuclear de Chernóbil de la que al principio se supo poco: como las autoridades soviéticas no podían controlar la radiación, intentaron controlar la información.
El cometa había pasado en 1910, coincidiendo con los terremotos que asolaron Cartago. Aunque puede observarse a simple vista, esa vez no miré al cielo, entretenido como estaba con el resultado de las elecciones celebradas ocho días antes, el domingo 2 de aquel febrero. Debido al resultado, enseguida comencé a trabajar en un oficio escasamente precedido de protocolos y rutinas: la asistencia a la nueva Presidencia de la República.
Un expresidente ya fallecido me dijo que cada administración es un nuevo mundo que tiene poco que ver con los precedentes y los que siguen: se comprende fácilmente que el cambio de las circunstancias históricas convierte al gobierno en el órgano público que menos se parece a sí mismo. El que empezó en mayo de 1986 y terminó en 1990, conformado por un puñado de gente, estaba concebido para coordinar de manera eficaz el aparato político-administrativo del Estado, a partir de impulsos que lo disciplinaran pero le dejaran suficiente espacio para la iniciativa y la ejecución discrecional.
No mucho después de que ese gobierno terminó, ingresé en el Poder Judicial. Desconfiaba de mi aptitud para acoplarme a una Sala de la Corte Suprema de reciente creación, destinada a ejercer atribuciones casi a medio camino entre el derecho y lo político. El Judicial era otro mundo, donde a partir de 1989 empezaron a coexistir una añeja tradición de gestión institucional con la inserción de un tribunal especializado, encargado de procurar la vigencia del orden normativo de la Constitución, que acabó transformando la cultura jurídica del país.
Finalmente, diez años más tarde, integré la Asamblea Legislativa, un órgano pluralista que maneja con procedimientos cuasiseculares una materia política condimentada intensamente por su interacción con el Ejecutivo.
Parece que lo probé todo. Como es natural, las cosas cambian, nada es ya lo mismo. Pero creo ser más precavido.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
