Costa Rica no enfrenta un problema de infraestructura en abstracto. Enfrenta un problema de gestión y distintas fuentes lo confirman desde ángulos complementarios.
El reciente Reporte de Infraestructura 2026, elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, introduce un cambio clave: no basta con medir la condición física de las obras; hay que evaluar la capacidad del país para planificar, invertir, ejecutar y mantener la infraestructura a lo largo del tiempo.
Bajo ese enfoque, el diagnóstico es claro. Solo el sector eléctrico alcanza niveles excepcionales, mientras que carreteras, agua potable y puertos se ubican en rangos limitados y los puentes ya entran en condición de riesgo. No es un colapso, pero sí una trayectoria de deterioro progresivo.
Esta lectura se conecta con lo que el Índice de Competitividad Nacional (ICN) ya venía mostrando a nivel cantonal. En el transporte, los datos son elocuentes. Solo el 38% de la red vial cantonal se encuentra en buen estado, y los puentes, cerca del 27%, con fuertes disparidades regionales. Los tiempos de traslado a aeropuertos y puertos, así como los niveles de congestión, reflejan las mismas brechas operativas.
En paralelo, el propio ICN muestra que incluso en el sector eléctrico, el mejor evaluado por el CFIA, persisten diferencias territoriales relevantes: la frecuencia de interrupciones puede casi duplicarse entre regiones y las tarifas eléctricas varían significativamente según la ubicación. Es decir, incluso donde el sistema funciona bien en agregado, la experiencia no es homogénea.
En conjunto, el mensaje es consistente. Costa Rica ha construido infraestructura que aún sostiene su actividad económica, pero no ha desarrollado capacidades institucionales para gestionarla con la consistencia que exige el crecimiento.
El problema no es únicamente cuánto se invierte, sino cómo se decide, cómo se ejecuta y cuán sostenido es ese esfuerzo a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva de la competitividad, esto es determinante.
La infraestructura define costos, tiempos y confiabilidad. Cuando falla la gestión, no solo se deterioran los activos, sino que también se encarece la economía.
La diferencia entre sectores y territorios no es técnica. Es institucional. Y esa es, precisamente, la brecha que el país sigue sin cerrar.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
