La expresión “sueños de opio” es comúnmente usada como metáfora para referirse a la evasión de la realidad usando soluciones analgésicas (o colocando parches) que simulan atender un problema, pero que en el fondo resultan pueriles, pues solo ofrecen respuestas temporales e ineficaces.
Esta ha sido la tendencia en Costa Rica –durante las últimas décadas– en el caso específico del fenómeno de la criminalidad. Lo anterior, porque la clase política se ha dedicado a “vender humo” a los ciudadanos mediante la formulación de una legislación criminal insuficiente que no atiende las causas reales de la delincuencia.
Se ha recurrido a subterfugios legales que han soslayado abordar eficientemente dicho problema social desde sus raíces, tal y como lo ha planteado desde hace muchos años la Criminología, que estudia las causas del fenómeno delincuencial.
Se han enarbolado banderas con soluciones estériles y, más recientemente, de la mano del populismo, surgen falsos “mesías” o salvavidas que prometen soluciones –más humo– sin sustento técnico-jurídico y en dirección contraria a las propuestas desarrolladas y verificadas desde la experiencia científica. Esto retrasa la implementación de una política criminal adecuada, acorde con un sistema democrático.
¿O acaso las leyes que se han promulgado en los últimos años (nuevos delitos, penas más severas, detrimento de garantías, etc.), promocionadas como la “pomada canaria”, han evitado que hoy tengamos las cifras de criminalidad más altas de nuestra historia y que seamos, vergonzosamente, uno de los destinos turísticos más peligrosos de la región?
Lo más inverosímil es que los ciudadanos siguen creyendo cada cuatro años que “ahora sí” los políticos de turno van a atender el fenómeno criminal de manera eficiente y, como suele suceder, tiempo después las expectativas chocan con la realidad y se desvanece la esperanza. Este baile de ingenuidad al que la clase política ha sometido a la ciudadanía debe terminar porque, además, ha generado una sobreproducción de legislación ineficiente e innecesaria.
Profecía autocumplida
Lo más incomprensible e irónico de todo es que quienes generaron el problema de inseguridad actual, con alta violencia en las calles, son los mismos que ahora dicen tener la solución. Ahora se venden como salvavidas, a pesar de que, durante los últimos años, fueron justamente los que tomaron decisiones erráticas –conocidas por todos–, que condujeron a acrecentar el fenómeno de la criminalidad.
Es evidente el crecimiento desaforado del crimen organizado y la violencia deshumanizada del sicariato, que ha cobrado la vida de numerosas víctimas colaterales inocentes. Sin embargo, el gobierno costarricense, bajo excusas absurdas, se niega a transferir los recursos económicos urgentes y necesarios a los entes judiciales que los requieren para enfrentar el crimen, pese a que dichos fondos ya fueron debidamente aprobados por las instancias legislativas.
Esto provoca un lógico debilitamiento de las instituciones que atienden los asuntos judiciales y trunca la labor de su personal. Luego, esos mismos funcionarios resultan culpabilizados por una ineficiencia generada adrede por quienes ahora los atacan. En el mundo “bukeleano”, esa es la excusa perfecta para apropiarse del control de los poderes del Estado y estatuir la autocracia, con el aplauso y la venia de sus acólitos.
Se cumple así lo que profesa el manual del populismo, que tiene como uno de sus propósitos desprestigiar los poderes del Estado. La actual inseguridad desbordada no es obra de la casualidad, sino que ya es caldo de cultivo fértil para que surjan los “mesías” y “paladines de la justicia”.
Ley de sicariato
El más reciente de los “sueños de opio” y de los embustes legislativos es la Ley contra el Sicariato (N.° 10841, del 10 de enero de 2026). Una vez promulgada, quienes la impulsaron –desde el Ejecutivo– hicieron gran barullo con ese supuesto logro y afirmaron que se trataba de una herramienta nueva, útil y efectiva para combatir el sicariato. Sin embargo, desde esa fecha, los homicidios no han cesado y, exactamente un mes después –entre el 10 y el 11 de febrero–, se registraron nueve homicidios por sicariato en menos de 24 horas.
¿Y en qué consistió la gran “novedad” de esta ley, que sanciona el homicidio por sicariato con una pena mayor (de hasta 40 años de prisión)? En que lo único que se añadió fue un aumento de cinco años al máximo de la pena del delito de homicidio calificado, que era de hasta 35 años de prisión. Como si los sicarios fueran a disuadirse de continuar asesinando porque la pena aumentó en cinco años.
Queda evidenciado que la estridencia con que se promueve la necesidad de leyes más severas es otro de los embustes que, sin respaldo técnico y ayuno de rigurosidad científica, logra convencer a buena parte de la ciudadanía de que se trata de la solución. Lo mismo ocurre con el otro “cuento de opio” bukeleano, el de la megacárcel, que no resuelve nada. Todo ello muestra que el populismo punitivo se ha convertido en un caudal político para atraer partidarios, pero no es una vía de soluciones reales y honestas.
No es la solución más eficaz
De una vez por todas, los ciudadanos –con un mínimo de sentido crítico– deberían reflexionar y convencerse de que “el frío no está en las cobijas”, que no se requieren más leyes que aumenten las penas de prisión, porque esa no es la solución más eficaz para atender la creciente criminalidad, si se desatiende la función esencial del Estado.
Cualquier legislación debe ir de la mano de propuestas viables y de soluciones integrales de carácter social (familia, educación, salud, etc.) y económico (pobreza, empleo, oportunidades, etc.), sectores y bastiones que actualmente están en crisis.
Por ello, es falaz el argumento de que encerrando a todos los delincuentes se acaba el crimen o se acaba el sicariato. Ni siquiera en el mundo “bukeleano” es así. ¿De qué sirven penas más duras si los cuerpos policiales gubernamentales encargados de brindar seguridad y protección a la ciudadanía, de prevenir el delito, no hacen de forma eficiente su trabajo?
Bajo esas condiciones, seguir promulgando legislación más severa –como la Ley contra el Sicariato– constituye una gran mentira. Estas normas se tornan inocuas e ineficientes frente al problema real que origina el fenómeno del crimen, cuya raigambre es multifactorial y no se atiende como corresponde.
Debemos exigir compromiso y trabajo a la clase política en el próximo periodo. Que asuma sus deberes con seriedad y responsabilidad, sin “sueños de opio”, y que legisle por el bien del país. Aún estamos a tiempo de salvar lo que tanto les costó construir a nuestros antepasados y de heredar a nuestros hijos y nietos un país mejor. Esa es la Costa Rica que merecemos.
fcamposcr@gmail.com
J. Federico Campos C. es abogado penalista. Laboró en el Poder Judicial más de una década y lleva 20 años en el ejercicio liberal del derecho. Posee una maestría en Ciencias Penales (UCR), otra en Administración de Justicia Penal (UNA) y estudios especializados en la Universidad de Salamanca (España) y en el CEJA de Chile. Ha sido docente en la Facultad de Derecho de la UCR. Ha publicado tres libros y decenas de artículos en revistas y en prensa.