El sistema nacional de salud enfrenta necesidades en lo inmediato y para el futuro próximo: del enfoque en gasto en salud debe migrar a uno de inversión para prevenir enfermedades.
Los efectos de la pandemia de la covid-19 no creó nuevos retos, sino que, más bien, evidenció con mayor claridad los que ya afrontábamos.
Dos desafíos son el cambio demográfico y la transformación sociocultural. La población envejece y los estilos de vida sedentarios y tecnológico-dependientes se han popularizado. Además, los sistemas de salud basados en atención especializada u hospitalaria exclusivamente, que históricamente se han priorizado, han mostrado ser insuficientes e ineficientes en términos de gestión de altos volúmenes de casos.
La cobertura universal es posible solamente si se cuenta con un primer nivel de atención robusto. Costa Rica es uno de los pocos países que lo ha alcanzado gracias, principalmente, a los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y los Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (Cinái).
No obstante, existen problemas de eficiencia en la atención, por ejemplo, las listas de espera persisten y se han agravado durante la pandemia.
Cobertura y atención integral
El verdadero estrés para un sistema de salud es la cobertura universal conjuntamente con la atención integral, es decir, la atención en los tres niveles en cada rincón del país.
Costa Rica, en el último quinquenio, ha destinado cuando menos un 7,5% del PIB al gasto público en salud, y es una de las dos naciones en Latinoamérica que cumple la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar como mínimo un 6% del PIB.
En ese contexto, el sistema de salud de Costa Rica debe compararse con los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por una parte, las mejores prácticas de gobierno en política sanitaria muestran que las listas de espera nunca se eliminan del todo, sino que se administran de forma razonable.
Lo que en Costa Rica se espera durante años, en algunos de esos países se consigue en semanas dentro de un sistema de salud exclusivamente público.
Tecnología e informalidad
Ello se logra introduciendo eficiencia en los planes de financiamiento público, interactuando con el sector privado. Por otro lado, esos países planifican la asignación de recursos en función de un análisis del sistema integrado de salud, que revele la medición de resultados y mecanismos de pago en función del desempeño.
Por ejemplo, la telesalud (incluida la telemedicina) ha tenido un gran empuje durante la pandemia. Esto demostró que existe la infraestructura tecnológica, aunque debe ampliarse y mejorarse, para expandir los servicios, en particular avanzar velozmente en la prevención de enfermedades.
Sin embargo, la informalidad es enemiga de la seguridad social. Se requiere aumentar el número de cotizantes, combatir los abusos de aseguramiento estatal y fomentar el emprendimiento y registro de las mipymes al régimen. Además, debe mejorar la gestión de cobro, lo que implica llegar a arreglos de pago —sin perdonar deudas ni cuotas—, para lo cual es preciso idear mecanismos con el fin de traer a los contribuyentes de nuevo al sistema.
Estos aspectos evitarían que los gastos de bolsillo en salud sigan creciendo, pues se han incrementado más de un 25% en los últimos 20 años. En contraste, la mayoría de los sistemas de salud de la OCDE han reducido esos gastos en años recientes a través de la contribución de los seguros privados a la reducción del gasto de bolsillo.
Está claro que las infraestructuras sanitarias por sí mismas no curan. Deben ser dotadas de capital humano suficiente, de equipo médico y recursos de calidad, y adoptar alternativas terapéuticas y de atención que respondan a las capacidades financieras reales del país.
Incluir al sector privado
La industria y los sistemas nacionales sanitarios deben desarrollar relaciones sostenibles en el tiempo, basadas en confianza y transparencia. Cada cual debe reconocer las fortalezas del otro para trabajar juntos en participaciones público-públicas o público-privadas.
De igual forma, el sistema estatal puede cofinanciar investigaciones biomédicas y el desarrollo de nuevos productos siguiendo las buenas prácticas bioéticas en ensayos clínicos a gran escala. Se debe reconocer que la capacidad logística y de producción más competente la posee el sector privado, particularmente, por su flexibilidad.
Costa Rica ha suplido durante más de 30 años a la industria global de dispositivos médicos y ha logrado, con ello, generar casi 40.000 empleos, según datos del 2020.
El país tiene capacidad para ofrecer a las mismas empresas transnacionales que los fabrican la posibilidad de operar unidades de investigación y desarrollo paralelas a las plantas de producción con estrategias e incentivos concretos.
La innovación es la mejor apuesta para el desarrollo de todo país, y en Costa Rica el sector de la salud debe seguir marcando la pauta a escala nacional. La capacidad de innovación del sistema de salud ha sido demostrada a lo largo de muchas décadas. Es su fortaleza más sobresaliente y es necesario que se adapte a los nuevos retos tecnológicos.
El autor es economista.