Fernando Zamora. 23 junio

Un desafío urgente es la reactivación de la productividad y el empleo. Como la realidad fiscal nos impide continuar con la “era dorada” del Estado empleador, nuestra única salida es el estímulo a la actividad productiva privada.

Amerita advertir entonces que si aspiramos a más puestos de trabajo, debemos generar más empleadores, pues son ellos quienes producen los empleos.

La paradoja es que, en esta era de cambios drásticos, en donde los oficios poco tiempo después se tornan obsoletos, la clase política latinoamericana sea tan dada a prometer a la juventud empleo cuando lo que el joven debe reclamar del gobernante es facilitarle el camino para ser emprendedor. Por ello, urge comprender lo necesario para convertirnos en un entorno apropiado para la generación de empleadores.

Veamos. Silicon Valley, en el Valle de Santa Clara, California, es uno de los lugares más prósperos del mundo por una razón: es un núcleo urbano donde concentra infinidad de empresas de alta tecnología. Atraer ese tipo de actividad productiva es una lógica aspiración de todo dirigente político sensato.

Si bien es cierto muchos países lo intentan mediante regímenes legales de excepción, eso no basta. Atraerlas solo es posible si sus habitantes abrazan una cultura de innovación, una cultura de emprendedores.

¿Qué implica dicha cultura? Lo primero es la vocación abierta de la sociedad. Por el contrario, en las sociedades cerradas es imposible generar el entorno indispensable para la productividad, pues al ser hiperreguladas poseen sistemas normativos donde no hay margen de acción al carácter y criterio ético del ciudadano. Son sociedades controladas porque son comunidades donde se valoran las normas en menoscabo de las libertades.

La segunda característica de este tipo de sociedades es que son altamente burocratizadas y, además, altamente centralizadas. Una tercera característica de las sociedades cerradas es que son comunidades de privilegios y nomenclaturas. Las castas que se enquistan en su control público gozan de importantes prebendas. Por eso se ven obligadas a un progresivo e interminable crecimiento de las cargas fiscales.

La última característica es que son sociedades de mucha ideología, pero escasa cultura. Es inimaginable el daño que los modelos educativos hacen a la cultura emprendedora cuando estimulan en el estudiantado ideologías y programaciones mentales que propician la confrontación social o de clases. De ahí la vital importancia de la educación de calidad.

Para alcanzar una cultura de alto coeficiente productivo, se necesita un modelo proclive a formar jóvenes con vocación de riesgo y emprendimiento. La educación del siglo XXI debe tener como finalidad primaria la potenciación de la iniciativa.

Falta espíritu. Refiriéndose al gran orbe de la hispanidad, en donde nos incluimos los países herederos de España, Felipe González sostenía que nuestro principal déficit para dar el salto hacia el futuro es nuestra carencia social de espíritu emprendedor. Como ejemplo de ello, ofrecía el caso de su país, que no es distinto al resto de nuestras naciones hispanoamericanas, legatarias de esa herencia.

En nuestros países, los estudiantes acuden a las universidades básicamente con el sueño de convertirse en funcionarios. Se refería a ese espíritu “burocratizado” que entiende que la plena realización depende de la consecución de un empleo permanente que garantice un ingreso hasta la muerte.

Aquí el problema es que, en la vorágine de la Cuarta Revolución Industrial, esa aspiración de una experiencia laboral pétrea es prácticamente inviable. En la productividad humana de hoy, lo que cuenta es el elemento inmaterial de la innovación y el cambio.

Las economías que en este siglo prosperan no lo hacen por su capacidad de producir materia prima, sino por la de agregar valor intelectual innovador a ella. Es la razón por la cual una compañía como Google, casi inmaterial y sustentada en la inventiva tecnológica, ha conquistado productos económicos brutos superiores al de muchas naciones del tercer mundo, cuyas geografías son plétoras en materia prima.

Es también la causa por la cual los indicadores del desarrollo laboral del Banco Mundial para los primeros años de este siglo aseguran que frente al 30 % que aportan la industria y la agricultura al producto bruto mundial, los servicios lo hacen en un 70 %.

Capital humano. De lo que se trata la educación para el emprendimiento es en invertir en “capital” humano, entrenando al estudiante en tres aspectos: el primero de ellos, el estímulo a la vocación de riesgo. La educación para el emprendedurismo también debe implicar el entrenamiento en las capacidades para superar el fracaso, o la resiliencia, tal como denominan los psicólogos a dicha actitud de vida.

El tercer aspecto, y por cierto el más importante, es que el joven obtenga absoluta consciencia de que su responsabilidad y misión de vida es añadir valor a su entorno social. En otras palabras: que tenga la capacidad de comprender que, para aportar a la comunidad, está obligado a emprender. De lo contrario, no será sino un perenne acreedor de la sociedad, un asiduo requirente, un impetrador. Así las cosas, el nuevo esquema de formación vocacional no puede ya limitarse a la simple transmisión de conocimiento.

Pero para alcanzar el entorno del emprendimiento, el Estado no solo está obligado al aspecto formativo. El artículo 50 de nuestra Constitución Política lo obliga a estimular la producción para producir riqueza.

Pues bien, en el mundo contemporáneo no hay tal posibilidad si no se genera un entorno amigable a la cultura productiva. Indefectiblemente, esto implica la planificación y ejecución de políticas públicas en otros dos aspectos básicos. Como ya vimos, el primero consiste en repeler los sistemas jurídicos hiperregulados, pues las sociedades que prosperan son aquellas en donde existen menos dificultades para que el ciudadano ponga en práctica las ideas productivas que imaginan.

Para defender este argumento basta la estadística: el talentoso investigador Emilio Zevallos documentó profusamente los datos que demuestran cómo el alto costo de complejidad legal perjudica la activación productiva.

El otro aspecto es la política de atracción de inversiones. Richard Caves y John Dunning resumen de lo que se trata: seguridad jurídico-política, respeto a la propiedad, incentivos tributarios, infraestructura adecuada para su logística y sociedades con capacidad de ofrecer a los inversores servicios complementarios razonablemente eficientes y a un costo razonable.

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El autor es abogado constitucionalista.