No es una transición. Es una metamorfosis del poder.
La designación de Chaves es inédita: jamás antes un gobernante había ocupado un puesto de este nivel tras finalizar su mandato. Y, sin embargo, ocurrió.
El hombre que gobernó Costa Rica durante cuatro años no abandona el Estado; simplemente cruza el pasillo de un despacho a otro, llevando consigo las riendas del presupuesto nacional, la coordinación del gabinete económico y el control de la maquinaria política del Ejecutivo.
Se trata de una concentración de poder que lo posiciona como el principal operador político y económico del nuevo gobierno, con lo cual consolida su influencia más allá de su mandato constitucional.
La paradoja de esta diarquía es difícil de ignorar: Laura Fernández fue designada ministra de la Presidencia por Rodrigo Chaves. Ahora, Chaves será ministro de la Presidencia bajo las órdenes de Fernández.
Es decir, Fernández volvió a ser subordinada de Chaves tras el resultado de las elecciones nacionales de febrero de 2026. Había renunciado al cargo el 31 de enero de 2025 con fines electorales, y retornó al puesto prácticamente un año después.
El círculo se cierra con perfecta geometría: ella fue su asesora y ministra; él la impulsó a la presidencia y ella lo convierte ahora en columna vertebral de su gobierno.
Una diarquía donde el rey no abdica, sino que se corona de nuevo bajo otro título y la princesa reina con su bendición.
Pero hay una dimensión que va más allá de la concentración de poder político y económico: la de la impunidad.
Con la confirmación de que el mandatario saliente fungirá como ministro de la Presidencia y de Hacienda para el periodo 2026-2030, este mantendrá el beneficio de inmunidad, que lo protege de cualquier denuncia penal en su contra. Esto implica que Rodrigo Chaves no sería procesado por la vía penal ordinaria por las más de 60 causas en su contra. En su lugar, estas deberán tramitarse ante la Fiscalía General de la República y, para avanzar, requerirán el levantamiento del fuero.
Cualquier investigación en su contra deberá solicitarse ante la Asamblea Legislativa para que se vote el levantamiento de su inmunidad. En 2025, ese pedido fue planteado en dos ocasiones: por los magistrados de la Corte Plena (por el llamado caso BCIE-Cariñitos) y por el Tribunal Supremo de Elecciones (por presunta beligerancia política). Sin embargo, no se alcanzaron los 38 votos necesarios, y en los próximos cuatro años eso será aún más improbable, pues la bancada oficialista cuenta con 31 diputados.
Así, las numerosas causas acumuladas quedarán en suspenso otros cuatro años.
En mayo del año pasado, tras una breve visita al país, escribí un artículo cuyo título hoy resuena con fuerza renovada: “Algo huele mal en Costa Rica”. Señalaba entonces que las elecciones de 2026 no serían una elección más, sino la definición del tipo de régimen político que los costarricenses deseaban preservar: uno basado en instituciones sólidas, libertades civiles y equilibrio de poderes, o uno sustentado en el poder concentrado de una figura personalista con tentaciones autoritarias.
Los ticos votaron. Y el resultado es este: un expresidente que no se va, una presidenta que gobernará bajo su sombra y unas instituciones y una ciudadanía que deberán demostrar, en los próximos cuatro años, si aún tienen la fortaleza para resistir esta combinación peligrosa de personalismo, populismo y excesiva concentración de poder. No en vano Chaves admira tanto al régimen de Bukele.
La disyuntiva que planteé en aquel artículo sigue en el aire. Pero la respuesta, hoy, huele más fuerte que nunca en mi querida Costa Rica.
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Daniel Zovatto es director y editor de Radar Latam 360.
