Estoy en modo levemente cínico, por razones que no confieso o que ignoro. Una es que no acabo de encajar ese cuarto gol alemán, que la justicia humana no concedió, según mi inexperto criterio con sobrada razón, pero la tecnología, exenta de calificación moral, validó. El episodio es aleccionador en perspectiva del futuro, sobre todo, cuando se piensa en lo que ocurrirá con la solución de conflictos por medios robóticos, de lo que el VAR es solo un modesto ensayo deportivo.
En ese estado de ánimo, me he dispuesto a pensar en este afán por la transparencia y la rendición de cuentas que nos embarga de un tiempo a esta parte, desde antes de la reforma al artículo 11 de la Constitución, que data de los albores del siglo. Un afán, debo admitir, al que soy completamente dócil, y que tal vez anuncia la exigencia más apremiante que se hace al ejercicio del poder democrático en la nueva centuria. La premisa es que este no debiera tener razones ocultas o que no puedan ser reveladas.
Antes, la autoridad se revestía de privacidad y reserva. Ahora, las cosas son como en el viejo cuento del rey que salió a la calle y se expuso a la vista de sus súbditos desnudo, creyéndose estos y él mismo, contra toda evidencia, que vestía un traje suntuoso confeccionado, en realidad, por unos pícaros decididos a tomarle el pelo. Cuidado: de repente un niño gritó: “El rey va desnudo”, y hasta ahí llegó la majestad del monarca, que se trocó en burla.
Esta vez le ha tocado el turno a dos disposiciones constitucionales concernientes al Poder Judicial: las que actualmente benefician la aplicación del régimen disciplinario de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con la votación secreta y la mayoría agravada para aprobar los acuerdos correspondientes. La finalidad de un proyecto de reforma que tramita la Asamblea Legislativa es que la votación sea pública, y la mayoría, absoluta.
A grandes rasgos, el secretismo, en sentido peyorativo, no es lo mismo que el secreto, pero se vale de este y lo instrumentaliza: es negar acceso a la información pública porque sí. El secreto es proteger esa información por razones de conveniencia pública.
Preferiría que no se manosease la Constitución por ilusiones fugaces. En este caso, desnudemos al rey.
carguedasr@dpilegal.com
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
Escuchar