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Al cancelar la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y, por tanto, eliminar la candidatura presidencial del último aspirante de la oposición, Óscar Sobalvarro, Daniel Ortega liquidó las elecciones del 7 de noviembre, y las convirtió en unas votaciones de partido y candidato único.
El empresario ganadero Óscar Sobalvarro, conocido como el Comandante Rubén de la contrarrevolución en los ochenta, era un candidato accidental, después de que Ortega encarceló a sus principales competidores políticos, los precandidatos opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y unos 20 líderes políticos y cívicos.
En realidad, hasta antes de la anulación de CxL, la legalidad y legitimidad de las elecciones del 7 de noviembre ya estaban gravemente cuestionadas, al celebrarse sin competencia política, bajo un régimen de Estado policial que desde la matanza de abril del 2018 conculcó todas las libertades democráticas, y mantiene a cerca de 140 presos políticos en las cárceles.
Sin observación electoral nacional o internacional, con un Consejo Supremo Electoral controlado por el partido Frente Sandinista, que efectuó una contrarreforma electoral con leyes que criminalizan a la oposición y permiten inhibir a los candidatos, no había ninguna garantía mínima de transparencia electoral.
Sin embargo, en algunos sectores nacionales, existía la ilusión de que el día de la elección la mayoría política azul y blanco se volcaría a votar por el único partido opositor inscrito, sin importar sus candidatos, para desafiar a Ortega o por lo menos para denunciar un fraude masivo.
Otra interpretación alternativa sugería que, en ausencia de garantías electorales y de un liderazgo capaz de inspirar la esperanza del cambio, una parte importante del electorado se abstendría por su cuenta de votar, mientras el CxL participaría, sin condiciones, con el objetivo de preservar su personería jurídica, convertirse en la segunda fuerza electoral y ser un interlocutor político futuro de Ortega.
Ambas conjeturas quedaron borradas de un plumazo el viernes 6 de agosto, a tres meses de las elecciones, cuando Ortega eliminó la personería política del CxL e impuso una elección de partido único, en la cual él y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, candidatos a la reelección, ya no tendrán contendientes.
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Comicios entre «zancudos»
A las votaciones del 7 de noviembre ahora concurrirán solamente el Frente Sandinista y otros cinco partidos «zancudos» o colaboracionistas: el pactista PLC, que pidió la eliminación del CxL; el PLI, que promovió el despojo de la casilla electoral de la oposición democrática en el 2016; y los restos del ALN, APRE, CCN y el regional Yatama.
De esta manera, Ortega adelantó los resultados del 7 de noviembre, agravando de forma anticipada la crisis de su propia reelección, sin competencia política. Se trata de una apuesta temeraria, que revela su determinación de gobernar sin legitimidad política, endureciendo la estrategia represiva al extremo para sostener en el poder un régimen totalitario. Y, por lo tanto, reclama una respuesta proporcional, con máxima presión política, diplomática y económica, a escala nacional e internacional, para restablecer el camino hacia una transición democrática, definitivamente, sin Ortega y sin Murillo.
Es un desafío de vida o muerte, en primer lugar para la sociedad nicaragüense, cuyas demandas de democratización y justicia, enarboladas en la rebelión de abril del 2018, se quedaron a mitad de camino.
La razón principal del fracaso radica en la despiadada represión desatada por la dictadura, pero también contribuyeron los errores del liderazgo opositor que deberían ser autocríticamente evaluados.
Empezando por la decisión de separar la vía electoral de una estrategia permanente de resistencia cívica, y por el sectarismo político ideológico del CxL que desdeñó el imperativo de la unidad nacional para presionar con más fuerza al régimen con la participación de todos los sectores del país.
El error de divorciar las elecciones de la resistencia cívica se está pagando caro, con el descabezamiento del liderazgo opositor, preso o en el exilio, mientras que la personería jurídica del CxL no le brindó ningún seguro para frenar el añorado proyecto de partido único de Ortega.
Desde el 2009, cuando ya empezaba a cogobernar con los grandes empresarios, sin democracia ni transparencia, Ortega externó su preferencia por el modelo político cubano al declarar cándidamente ante el programa «Mesa redonda» de ese país, «el pluripartidismo divide a la nación».
Desafío interno e internacional
Despejadas las dudas sobre el 7 de noviembre, en Nicaragua, se abren nuevas interrogantes que deberían responderse ahora, sin esperar la toma de posesión de Ortega en el 2022: ¿Puede la oposición relanzar la resistencia cívica, mientras demanda la liberación de todos los presos políticos? ¿Aceptará la clase empresarial un régimen de partido único sin legitimidad política? ¿Se acomodará a las reglas autoritarias de Ortega, como antes del 2018, o impondrá límites democráticos? ¿Qué papel desempeñará el liderazgo moral de la Iglesia católica? Y los empleados públicos —civiles y militares— que también son rehenes de Ortega, ¿avalarán la eliminación de las elecciones democráticas?
Por el otro lado, la imposición de un régimen de partido único también plantea un formidable desafío a la comunidad internacional, desde nuestros vecinos en Centroamérica, pasando por la OEA, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Continuará el BCIE financiando al régimen de Ortega, sin democracia y con graves violaciones a los derechos humanos? ¿Sesionarán los cancilleres de la OEA para debatir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? ¿Persistirán México y Argentina en su política de abstención? ¿Pueden Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU coordinar acciones multilaterales que ejerzan efectiva presión para debilitar las bases de apoyo político y económico del régimen? ¿Se mantendrá la indolencia del Vaticano ante la persecución contra la Iglesia católica y las graves violaciones de derechos humanos o mediará para impedir la normalización de la violencia y la liberación de los presos políticos?
La presión externa, aunque imprescindible, nunca sustituye la presión política nacional, pero solo será más eficaz si empieza a ejercerse con determinación desde ahora, cuando Nicaragua entera se encuentra rehén de la dictadura.
Mientras tanto, el 7 de agosto, al inaugurarse el régimen de partido único de Ortega, empezó la cuenta regresiva del deterioro económico y social del país, con un costo cada vez más doloroso para miles de familias nicaragüenses que se ven forzadas a emigrar para buscar una alternativa de vida.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.
