EscucharTodos aceptamos que el Estado tiene cuatro poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Hoy, llamo la atención sobre la existencia de un quinto poder: el Financiero.
Dos aclaraciones necesarias. Este enfoque no es retórico ni irónico, y no haré referencia a las administraciones de este poder, sino más bien a la forma como se ha ido estructurando a lo largo del tiempo desde Basilea I, a finales de los 80.
Una de las características de un poder es que tiene funciones y competencias propias, y que interactúa con los otros poderes, en forma independiente pero coordinada, para que se mantenga el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos que es esencial para la vida democrática.
Además, para ser un poder, debe ser indispensable. Significa que el Estado no podría llevar adelante sus funciones de manera eficiente si ese poder no ejerce sus competencias, que por ello son de gran importancia.
Así, por ejemplo, un país que no tiene un poder legislativo queda pronto con leyes desactualizadas, o si el poder judicial no existiera, no tendríamos cómo resolver pacíficamente los conflictos entre particulares e imperaría la ley del más fuerte.
El Poder Financiero está conformado a partir del Banco Central y se extiende al Conassif y las superintendencias financieras: Sugeval, Sugese, Sugef y Supén.
Con la ratificación de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo escoge, pero no puede destituir al presidente del Banco Central y a su Junta Directiva; esta escoge al Conassif y estos escogen a los superintendentes e intendentes.
De acuerdo con la ley, el Banco Central tiene como principales objetivos promover el ordenado desarrollo de la economía, a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la nación; mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, y asegurar su conversión a otras monedas; y, como objetivos subsidiarios, promover el ordenado desarrollo de la economía, procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas; velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales; y promover la eficiencia y estabilidad del sistema de intermediación financiera.
Para alcanzar esos objetivos, el Banco Central emite dinero y regula la cantidad que circula en el país, ya sea mediante instrumentos como el encaje mínimo legal o captando dinero del público.
También despliega las diferentes herramientas de la política monetaria y cambiaria, con lo cual incide de forma directa sobre las tasas de interés, el precio del colón o el tipo de cambio.
Igualmente, compra o vende dólares en el mercado cambiario, y con ello no solo aumenta o disminuye las reservas monetarias, sino que también, cual poderosa herramienta, influye en el precio de la divisa.
Por su parte, el Conassif y las cuatro superintendencias se encargan de regular y supervisar lo relativo al sistema financiero, procurando mantener la estabilidad y, a la vez, proteger a los inversionistas.
En resumen, el Poder Financiero, mediante sus decisiones, influye en la tasa de interés, el tipo de cambio, el monto de las reservas monetarias internacionales, la inflación y la estabilidad del sistema financiero. Por tanto, afecta directamente el empleo y la producción.
Decisiones que influyen sobre la inflación quiere decir en el precio de los bienes y servicios que compramos y vendemos los costarricenses.
El precio del dinero no es otra cosa que la tasa de interés que pagamos por la cuota del crédito de la casa, del carro, del crédito personal, de la tarjeta de crédito o los intereses, en el caso de los empresarios, por sus préstamos, con los cuales crean más o menos trabajos.
También esa tasa de interés define cuánto recibiremos por nuestros ahorros e incluso si se dará un aumento en el monto de la pensión.
Toda modificación en el tipo de cambio incide en el precio de lo que importamos y exportamos, en la cantidad de turistas que van a llegar al país o en los montos de inversión extranjera directa que se puede atraer. Esto, a su vez, tiene una relación directa con la creación de empleo.
El Conassif reglamenta todas las leyes financieras, constituyendo una excepción al inciso 3 del artículo 140 de la Constitución Política sobre la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de reglamentación de leyes, aun cuando dicha excepción no está establecida en la Constitución.
Además, los reglamentos técnicos suelen ser mucho más amplios y abarcar tópicos que si bien no pueden estar contra las leyes existentes, en algunas oportunidades son innovadores frente a la legislación, e incluso los mismos acuerdos que emiten las superintendencias se constituyen en auténticas normas de carácter general que emanan de la voluntad de una sola persona.
El Poder Financiero representa al país en los organismos internacionales relacionados con el sector. Presenta al país las recomendaciones técnicas originadas en esos organismos internacionales sin señalar que, en un claro conflicto de intereses, son los pares de otros países quienes en forma conjunta emiten recomendaciones para fortalecer el sector y generar mayor independencia, es decir, hacerlo cada vez más fuerte.
La inmunidad que tienen otros miembros del Estado no existe para el Poder Financiero, ya que esta es una excepción al principio de igualdad ante la ley y debe, por tanto, provenir de la Constitución.
A pesar de lo anterior, el artículo 177 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece que ante demandas por responsabilidad civil o penal en lo personal contra los miembros de la Junta Directiva del Banco Central o del Conassif, superintendentes o intendentes, así como funcionarios con poder de decisión en materia de supervisión financiera, la Administración asumirá, en caso de que sea requerida, la completa defensa judicial, por medio de sus asesorías jurídicas respectivas. Igual defensa se realizará cuando esos funcionarios sean requeridos por otras instancias administrativas o comisiones legislativas.
Como hemos visto, mucho de lo que se hace en el Poder Financiero es política; se incide sobre los precios de bienes y servicios, del dinero y del colón. Esto implica que se hacen escogencias políticas. Por ejemplo, la meta de inflación, ¿debe estar en el 2 % anual, en el 5 % o en el 10 %? El tipo de cambio, ¿debemos tenerlo con un sistema de flotación administrada, de minidevaluaciones o a la libre decisión del mercado? La tasa de política monetaria, ¿debe estar por encima o por debajo de la de Estados Unidos?
Las competencias de los tomadores de decisiones en el Banco Central son políticas. En todas tendremos ganadores y perdedores, pero son decisiones tomadas y se seguirán tomando en el Banco Central, sin que exista un proceso de amplia discusión popular, aunque tienen una incidencia directa en la calidad de vida de las personas que habitamos en el país.
Me permito aclarar que el ejercicio del poder es y será siempre un acto político, y esto no es malo per se. Lo negativo, en este caso, es que se intente ocultar bajo el velo del tecnicismo.
Por supuesto que algunos dirán “es que el sector financiero debe manejarse técnica y no políticamente”. Con todo respeto, esa mentira es más vieja que aquella de “préstame un colón y mañana te lo pago”.
Se presentó un proyecto de ley para aumentar la independencia del Banco Central. A partir de lo que he señalado, ¿será necesaria una mayor independencia o esa mayor independencia debería ir de la mano de su declaratoria constitucional como ese quinto poder, junto con una mayor concertación social de sus diferentes políticas?
¿Será acaso que el exceso de celo al otorgar mayor independencia y competencias más importantes al Banco Central ha terminado por llevarlo al extremo opuesto y lo ha convertido en un ente político que debe ser administrado de forma diferente?
Si se da más poder al Banco Central, ¿no deberíamos los costarricenses escoger a su presidente? Al fin y al cabo, es ahí donde van a definir la meta de inflación, el precio del dólar y la tasa de interés de los créditos, con una afectación directa sobre el empleo y la producción del país.
Recordemos que a fin de cuentas “es la economía, estúpido”, es decir, la presidencia de la República se juega desde el bolsillo y las necesidades de los votantes, y pareciera que las decisiones más trascendentes sobre estos temas ya no se están tomando en el Poder Ejecutivo.
Elian Villegas Valverde es abogado y fue presidente del Instituto Nacional de Seguros y ministro de Hacienda.
