Rafael Tudares Bracho fue secuestrado el martes 7 de enero de 2025 a las 12:39 p. m., cuando llevaba a sus hijos de siete y ocho años a visitar a su abuela, recién operada. Han pasado más de dos meses desde aquel momento y aún se desconoce su paradero. No hay información sobre su integridad física ni su estado de salud.
Rafael Tudares Bracho es mi yerno. Esta es la realidad que enfrentamos tras su desaparición forzada, pero también es la historia de miles de hombres y mujeres en Venezuela.
A pesar de los esfuerzos por localizarlo, que incluyen constantes recorridos por centros de detención y solicitudes formales de información a las autoridades, el Estado venezolano mantiene su paradero en secreto, negándole incluso el derecho a una llamada telefónica.
Soy el presidente electo por más de 7,5 millones de venezolanos y reconozco en cada voto la voluntad de cambio de mi país. Pero hoy también soy un venezolano más. Vivo lo que miles de compatriotas han sufrido: tengo un familiar secuestrado por el Estado. Tengo una hija que deambula por los centros de reclusión en busca de su esposo. Tengo nietos que vivieron el terror de ver cómo hombres armados y encapuchados se llevaban a su padre, dejándolos en plena calle. Esos mismos hombres, ahora apostados diariamente en la esquina de su casa con las mismas armas y capuchas, sirven como un recordatorio permanente de quiénes se lo llevaron.
¿Es esta mi historia? No. Es la historia de muchas familias venezolanas que viven en un estado de constante incertidumbre, amenazadas y perseguidas. Familias que, como la mía, reciben presiones y advertencias para guardar silencio, para no denunciar, para no resultar incómodas.
Mi compromiso, junto a María Corina Machado y otros líderes de la oposición en Venezuela, ha sido la lucha por la libertad y el cambio político en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos. Hemos enfrentado ataques sistemáticos contra la población civil, prácticas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado como “terrorismo de Estado”, evidenciando la magnitud y sistematicidad de estos crímenes.
Desde que acepté la postulación como candidato, hace menos de un año, he sido víctima de hostigamiento, persecución y amenazas, incluyendo el riesgo de ser privado arbitrariamente de mi libertad. Esto es lo que sucede en Venezuela cuando te pones del lado del pueblo, cuando comprendes el deseo de cambio que movilizó a casi ocho millones de venezolanos a votar por un futuro mejor. Es el riesgo que corre cada ciudadano que se opone al autoritarismo, a la pérdida de derechos y libertades, y que anhela una vida digna. ¿Es eso un delito? No lo es.
A este panorama se suma la estrategia de persecución política expansiva, como me lo dijo Sergio Ramírez. Una persecución que no solo busca silenciar a los opositores dentro de Venezuela, sino que extiende sus tentáculos más allá, intentando acallar cualquier voz disidente e incluso forzando el exilio, como el mío, el de mi esposa, Mercedes, y el de muchos otros. Esta estrategia somete a familiares y allegados, generando un clima de miedo para moldear una sociedad controlada, sumisa.
A Rafael lo mantienen en desaparición forzada solo por ser mi yerno, a pesar de que la Constitución venezolana establece que la responsabilidad penal de una persona no puede extenderse a sus familiares. No se puede tomar a un familiar como rehén. Sin embargo, créanme, nuestros seres queridos son rehenes, fichas de cambio, piezas de negociación. Rafael, Jesús, Dignora, Rocío, William, Enrique, Américo, Freddy, Perkins, Magaly, Claudia, Pedro y muchos más, incluyendo militares, hoy están en cautiverio a manos del Estado venezolano, esperando el momento de ser intercambiados.
En los últimos días, fuentes informales nos informaron de que Rafael fue presentado ante un juez en un procedimiento viciado desde el inicio. En ese juicio clandestino se le imputaron cargos de traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir, los mismos delitos que me imputan a mí. Su defensa quedó en manos de un abogado público impuesto por el Estado, una práctica común en los detenidos en el contexto poselectoral.
La persecución a la disidencia política en Venezuela no es nueva, pero se ha recrudecido desde las elecciones primarias de 2023. La represión estatal contra opositores, líderes políticos y sus familiares se ha intensificado, como lo han documentado ONG nacionales e internacionales, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y los Grupos de Trabajo de la ONU sobre tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
Los casos recientes siguen los mismos patrones: detenciones arbitrarias, funcionarios encapuchados, desapariciones forzadas, incomunicación, aislamiento, negación del derecho a un abogado privado, juicios clandestinos sin conocimiento de la familia, negación del debido proceso, falta de acceso a la salud y total incomunicación con el exterior. Esto no es otra cosa que un secuestro, y así lo he expuesto ante las autoridades de la comunidad internacional con las que me he reunido.
A los familiares nos quieren silenciar, quieren detener nuestra lucha, quieren hacernos sentir culpables, cuando, claramente, el único culpable es el autoritarismo y sus prácticas de terrorismo de Estado.
A pesar del contexto adverso, de las presiones y de los riesgos, como padre, me mantengo firme en la exigencia de libertad para mi yerno y para todos los que, como él, están injustamente secuestrados.
Como presidente electo tras la gesta cívica del 28 de julio, sigo comprometido con la defensa de la justicia, las libertades y los derechos humanos en mi país.
Edmundo González Urrutia es un internacionalista, diplomático, profesor y escritor venezolano. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, es reconocido como el presidente electo de Venezuela por 15 países y numerosas organizaciones internacionales.