Las denuncias ambientales –como, por ejemplo, las relativas a la invasión de áreas de protección de cuerpos de agua, la afectación de humedales y manglares, la contaminación del recurso hídrico y del aire, el resguardo de especies de vida silvestre y forestales, los desarrollos de infraestructura al margen de los requisitos legales, la minería irregular, la aprobación de planes reguladores o los cambios normativos regresivos– deben ser conocidas y tramitadas por diversos órganos y entidades de naturaleza administrativa y jurisdiccional.
Se trata de actos que, en muchos casos, afectan directamente las regulaciones destinadas a garantizar el derecho humano a un ambiente sano. No es casual que múltiples casos hayan recibido atención mediática por su gravedad y por sus impactos actuales o potenciales sobre el entorno.
Estas denuncias, o acciones que el Estado recibe y tramita, deben llamar la atención sobre la importancia de contar con un marco de fiscalización ambiental suficientemente robusto, eficaz y eficiente para atenderlas.
Al analizar las capacidades para cumplir y hacer cumplir (fiscalizar y sancionar) el abundante y complejo marco legal existente, se observa que, si bien en los últimos años se han implementado sistemas y mecanismos de coordinación –como el Sistema de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada) o la Comisión de Seguridad Ambiental– y existen órganos especializados –como el Tribunal Ambiental Administrativo, que ha enfrentado limitaciones financieras, de recursos humanos y técnicas–, aún persisten retos significativos.
Patrones que se repiten
Como resultado de diversas investigaciones realizadas por el Programa Estado de la Nación, pueden identificarse algunas características de las denuncias ambientales en el país.
En primer lugar, se evidencia una repetición de infracciones. Esto obliga a reflexionar sobre qué medidas adicionales deben adoptarse para minimizar sus impactos. Entre ellas destacan la educación y la concientización; la información a la población sobre actividades ilegales y usos legítimos de los recursos; eventuales ajustes regulatorios que permitan un acceso más ordenado a los bienes ambientales; el fortalecimiento de acciones preventivas, como los patrullajes, y el incremento del efecto disuasivo mediante una aplicación más efectiva de sanciones.
Limitaciones del sistema
Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar el trámite de denuncias y la coordinación interinstitucional, aún existen dificultades para consolidar un sistema nacional de control y cumplimiento ambiental de mayor alcance. También persisten debilidades en la generación de estadísticas ambientales integrales sobre el estado de la fiscalización.
En particular, la mayoría de la información disponible es de carácter cuantitativo y no cualitativo. Esto limita la posibilidad de evaluar el alcance de las resoluciones finales y su impacto real sobre el ambiente, aspectos que todavía no están suficientemente documentados.
¿Qué se denuncia con más frecuencia?
Los recursos naturales cuya afectación se denuncia con mayor frecuencia en los últimos años se concentran en el ámbito forestal –cambio de uso del suelo, tala ilegal, invasión de áreas de protección del agua y humedales–, así como en el recurso hídrico, tanto por contaminación como por uso indebido. También son recurrentes las denuncias por incumplimiento de permisos y requisitos en el desarrollo de actividades productivas.
En la Sala Constitucional, la tipología de los casos resulta más diversa.
Avances
Se han registrado avances en la utilización de instrumentos de valoración del daño ambiental.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ha recurrido con mayor frecuencia a medidas u órdenes administrativas que, además de disponer la paralización de actividades, exigen acciones de compensación. Asimismo, el uso del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente –relativo a medidas sancionatorias y compensatorias por infracciones a la normativa ambiental– se ha extendido a otras entidades, lo que ha permitido a las autoridades administrativas adoptar este tipo de disposiciones.
Por otra parte, el uso de medidas cautelares, tanto en sede jurisdiccional como administrativa, ha demostrado ser particularmente relevante para evitar daños al ambiente. Este es, en especial, el caso de la Sala Constitucional.
Finalmente, uno de los principales desafíos sigue siendo la ejecución de lo resuelto, así como la coordinación interinstitucional, tanto para la atención de las denuncias como para el cumplimiento efectivo de las resoluciones adoptadas.
jorgecmedaglia@hotmail.com
Jorge Cabrera Medaglia es abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica (UCR).
