El hambre es la destrucción lenta y silenciosa del cuerpo. Privado del sustento básico, el cuerpo primero quema las reservas de azúcar del hígado. A continuación, funde los músculos y la grasa, descomponiendo los tejidos para mantener con vida el cerebro y otros órganos vitales.
A medida que estas reservas se agotan, el corazón pierde su fuerza, el sistema inmunitario colapsa y la mente empieza a desvanecerse. La piel se tensa sobre los huesos y la respiración se vuelve débil. Los órganos empiezan a fallar progresivamente, falla la visión y el cuerpo, ahora vacío, se escapa. Es una forma prolongada y agónica de morir.
Todos hemos visto las imágenes de bebés y niños palestinos demacrados que se marchitan como resultado de la inanición en brazos de sus madres. Sin embargo, ahora que Israel ha intensificado su guerra –embarcándose en una nueva campaña para “conquistar” la ciudad de Gaza–, son más los miles de civiles palestinos que pueden morir, ya sea por las bombas o por la hambruna.
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“Ya no se trata de una inminente crisis de hambre”, declaró Ramesh Rajasingham, alto funcionario humanitario de las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 10 de agosto. “Esto es inanición, pura y simple”. Alex de Waal, experto en hambrunas, calcula que miles de niños de Gaza hoy están demasiado débiles para comer, aun si tuvieran acceso a alimentos. “Han llegado a esa fase de desnutrición aguda grave en la que sus cuerpos simplemente no pueden digerir los alimentos”.
Existe un creciente consenso de que Israel está cometiendo los crímenes más graves en Gaza, incluido el uso de la inanición como método de guerra. Grupos palestinos e internacionales de derechos humanos dieron la voz de alarma sobre este riesgo a los pocos meses del comienzo de la guerra, y desde entonces se han hecho eco de ella estados de todos los continentes, así como muchas personas en Israel. El ex primer ministro Ehud Olmert, por ejemplo, ha denunciado lo que califica de crímenes de guerra en Gaza, y destacados grupos israelíes de derechos humanos afirman que las acciones de Israel en el territorio equivalen a un genocidio.
El 9 de octubre de 2023, dos días después de que Hamás matara a más de 1.200 israelíes y capturara a más de 200 rehenes –lo que constituye, en sí mismo, un grave crimen de guerra–, el entonces ministro de Defensa israelí Yoav Gallant anunció: “He ordenado el asedio total de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia”. Se deshumanizó a la población de Gaza y no se hizo distinción alguna entre civiles y combatientes, lo que constituye una violación de una regla cardinal del derecho internacional humanitario. El asedio cortó todos los suministros a Gaza durante 70 días, imponiendo un castigo colectivo.
Este primer asedio solo se alivió ligeramente cuando Israel permitió la entrada de suministros en Gaza a principios de 2024. En abril de ese año, Samantha Power, entonces directora de USAID, ya alertaba de la hambruna en algunas zonas de Gaza. Al mes siguiente, Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, anunció “una hambruna total” en el norte de Gaza.
El derecho internacional prohíbe el uso de la hambruna como arma de guerra. Como potencia ocupante de Gaza, Israel debe garantizar que la población civil reciba alimentos, agua, suministros médicos y otros artículos de primera necesidad. Si esos suministros no pueden encontrarse en la propia Gaza, deben obtenerse de fuentes externas, incluso de Israel.
En los últimos 21 meses, varios gobiernos y organismos de ayuda han suplicado a Israel que les permita suministrar ayuda. Conceder ese permiso es también una obligación legal: Israel tiene el deber de facilitar los planes de ayuda de otros “por todos los medios a su disposición”. Pero Israel ha frustrado continuamente estos esfuerzos al impedir que organizaciones humanitarias entreguen ayuda.
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En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia, mediante decisiones jurídicamente vinculantes, le ordenó a Israel que adoptara “medidas inmediatas y efectivas para permitir el suministro de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan con suma urgencia”. Dos meses después, reafirmó esa orden y exigió que las medidas se tomaran “en plena cooperación con las Naciones Unidas”. El sistema humanitario liderado por las Naciones Unidas era el único capaz de evitar una hambruna generalizada en Gaza. Durante el alto el fuego, entre enero y marzo de este año, la ONU y otras organizaciones humanitarias gestionaban hasta 400 puntos de distribución de ayuda. Pero cuando Israel rompió el alto el fuego en marzo, estos se cerraron y se impuso ilegalmente otro asedio.
Israel justificó el nuevo sitio diciendo que cortaba la ayuda para ejercer mayor presión sobre Hamás –reconociendo así su uso del hambre como arma–. Cuando se reanudó la ayuda en mayo, la ONU fue sustituida por la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), un acuerdo privado de distribución de alimentos organizado por Israel. Pero, desde entonces, casi 1.400 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes mientras intentaban obtener alimentos en los cuatro centros de distribución de la FHG.
Peor aún, el plan de la FHG nunca iba a funcionar. Según un informe del Comité de Revisión de la Hambruna del mes pasado, “nuestro análisis de los paquetes de alimentos suministrados por la Fundación Humanitaria de Gaza muestra que su plan de distribución conduciría a una hambruna masiva, incluso si pudiera funcionar sin los terribles niveles de violencia”.
Según el derecho internacional, el crimen de guerra de inanición comienza en el momento de la privación. Cuando se convierte en una política más amplia emprendida con la intención de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, se convierte en genocidio. Varios altos funcionarios israelíes han expresado abiertamente esa intención –entre ellos Gallant, en octubre de 2023; el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien en agosto de 2024 señaló que “podría estar justificado y ser moral hacer que dos millones de civiles mueran de hambre”, e Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, quien tuiteó que “los depósitos de alimentos y ayuda deberían ser bombardeados”.
Los palestinos están muriendo de hambre intencionadamente. Aunque las señales de los horrores que se avecinaban eran evidentes a los pocos meses del estallido de la guerra, muchos gobiernos apartaron la mirada. Racionalizaron las restricciones a la ayuda argumentando que iba a parar a manos de Hamás –una afirmación de la que Israel hoy dice no tener pruebas– y transfirieron más toneladas de armas a Israel de las que entregaron en ayuda a Gaza. Ahora, están incumpliendo su deber de prevenir y detener un genocidio.
La historia registrará para siempre este momento de vergüenza global. Archivará las imágenes de niños esqueléticos junto a las de episodios pasados en los que nadie hizo nada. Solo cabe esperar que el mundo actúe ahora mismo para salvar al menos una parte de nuestra humanidad, antes de que mueran más niños.
Binaifer Nowrojee es presidenta de Open Society Foundations. Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org