Estaba segura –como sucedió– de que la Sala Constitucional (que acogió la medida cautelar solicitada en un recurso de amparo) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pondrían freno a la subasta de frecuencias del espectro televisivo y radiofónico, ya que dicho proceso atenta contra la libertad de expresión y se contradice el espíritu de lo pretendido por Sutel: “Este proceso es crucial para fomentar la competencia efectiva en el sector y establecer las bases para despliegues progresivos de redes que puedan alcanzar zonas rurales y garantizar condiciones de acceso no discriminatorias”.
Son impagables los precios, máxime para aquellas emisoras que operan sin fines de lucro, pese a que el presidente anticipó cambios para los evangélicos (no fue tan claro con los católicos). Está claro que los más afectados fueron medios pequeños y rurales, y emisoras como radio Sinfonola, fuertemente arraigadas en el alma costarricense.
Quienes hemos recorrido el país bien sabemos que la radio es la eterna compañera de miles de hogares que se mantienen en audiencia todo el día para oír sus programas preferidos e informarse a través de los noticieros locales, algunos mantenidos gracias al esfuerzo y sacrificio personal de sus dueños.
Hay zonas fuera de la GAM cuya única conexión con el mundo exterior es la radio y los canales locales. Son estos los únicos medios de información, ya que, por razones económicas, esas personas no tienen acceso a la televisión pagada. No olvidemos, además, a los adultos mayores y enfermos, quienes reciben apoyo espiritual desde sus camas por medio de estas emisoras.
La total incomprensión gubernamental de la importancia del servicio que brindan ambos medios –radio y televisión– es una ofensa a la idiosincrasia costarricense y creer que quienes los dirigen terminan con ganancias millonarias demuestra la más absoluta ignorancia y constituye un desprecio a su sacrificio empresarial.
Al final, la prueba irrefutable de esta mala propuesta fue la poca participación de oferentes y el hecho de que muy respetados grupos, que por años han estado en la actividad, no participaran en el concurso por ser ruinoso y han explicado que el costo no es solo el canon, sino además obligaciones asociadas a su operación derivadas del cartel. La realidad terminó demostrando que la herramienta utilizada es absolutamente discriminatoria.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.
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