La Caja Costarricense de Seguro Social no ha sido la excepción, y diversas reformas legales cambiaron la integración de su Junta Directiva, de manera que, como lo dispone el artículo 6 de su Ley Constitutiva, la Junta se integra por un presidente ejecutivo, dos miembros elegidos por el Consejo de Gobierno y seis integrantes designados así: tres del sector patronal –nominados por la Uccaep– y tres propuestos por el sector laboral, que deben ser escogidos por el movimiento cooperativista, por el solidarismo y por el movimiento sindical. La ley es clara en cómo se escoge a cada representación.
El legislador fue contundente en darle total autonomía a la designación de los representantes de los sectores, al extremo de que el artículo 6, inciso 1, al ordenar cómo se deben hacer los nombramientos de los sectores, dice expresamente: “… sin que el Poder Ejecutivo pueda impugnar tales designaciones”. Podemos estar de acuerdo o no en que la Junta se integre así, pero esa es la ley vigente. Como dice la máxima jurídica: dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es ley), y solo resta cumplirla.
Este año, para la integración de la Junta, el sector sindical, en apego a la normativa que define la escogencia, designó en un proceso democrático a la exdiputada Rocío Alfaro. Doña Rocío cumple sobradamente con los requisitos para el cargo, es una profesional seria que demostró criterio en complicadas labores y comisiones durante su diputación; tiene formación profesional sólida y, lo mejor de todo, fue parte de una comisión legislativa que investigó la institución y emitió un dictamen que, siendo de minoría, fue aprobado por el plenario.
En otras palabras, es una de las personas que mejor conocen la institución y podrá dar aportes relevantes. Por ello, el Consejo de Gobierno debe proceder con su juramentación de inmediato.
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Nuria Marín Raventós es politóloga.