Columnistas

El estado crítico de las libertades

Es cada vez más evidente: los enemigos de la libertad se parecen unos a otros

Me correspondió el miércoles 6 de abril participar en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, que organizó United Nations Watch, ONG fundada en 1993 que supervisa la actividad de las Naciones Unidas, a partir de sus principios y reglamentos, es decir, vigila que la ONU cumpla los cometidos para los que fue creada.

En la cumbre, participan ex presos políticos, activistas, periodistas, editores y miembros de organizaciones que son perseguidos en sus respectivos países. Muchos son exiliados, otros han logrado escapar de verdaderas amenazas de muerte.

La cumbre se realiza anualmente, desde el 2009. La de este 2022, número 14, fue posible gracias al patrocinio de 25 organizaciones sin fines de lucro, que trabajan a favor de los derechos humanos y la democracia, y en contra del racismo y el antisemitismo.

Ahora mismo, United Nations Watch hace constante seguimiento a los ataques a las libertades en 42 países, entre ellos, Venezuela.

Cada cumbre se organiza con un criterio profundamente humanitario: servir de plataforma para denunciar hechos y amenazas que requieren respuesta inmediata. Las situaciones que se ventilan son las que tienen la condición de verdaderas emergencias. En la de este año participaron voceros de Ucrania, China, Irán, Arabia Saudita, Zimbabue, Corea del Norte, Afganistán, Bielorrusia, Cuba, Vietnam, Nicaragua, Hong Kong, el Tíbet, Uganda, Rusia y Venezuela.

Persecución física, policial, social, psicológica, moral y tribunalicia; historias de desapariciones forzadas y secuestros; violación del marco legal y el debido proceso; aniquilación de la independencia de los poderes públicos y colonización del sistema judicial por parte del régimen en el poder; corrupción masificada en todas las instancias del sector público; métodos de acoso y hostigamiento que alcanzan a las familias de los perseguidos; organismos policiales y militares que se especializan en espiar, seguir, detener y torturar a los que entienden como sus “enemigos”; fabricación de falsos expedientes que justifiquen detenciones, desapariciones, torturas y asesinatos; mecanismos de impunidad plena para los involucrados en la violación de los derechos humanos; establecimiento de centros clandestinos para camuflar detenciones ilegales y prácticas de tortura; asesinato de dirigentes políticos, activistas, abogados, periodistas o simples ciudadanos por los delitos de pensar distinto y oponerse a los abusos de los extremadamente poderosos.

Los relatos que escuché durante la cumbre se referían a cuestiones como las anteriores. Por encima de las especificidades históricas, sociales, políticas, económicas y culturales, asombra reflexionar sobre la profunda conexión que hay entre los poderes de todos estos países: similitud en los métodos, en el pensamiento, en la estructura de los organismos, en los modos de aplastar las libertades y a los ciudadanos. Es cada vez más evidente: los enemigos de la libertad se parecen unos a otros.

Y es justo por eso que la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia tiene un verdadero sentido: porque la lucha no puede continuar siendo aislada, sino que debe expandirse globalmente.

Tal como algunos especialistas han sugerido, por ejemplo, las campañas para la liberación de los presos políticos deben globalizarse y elevarse al mismo plano con que se están llevando a cabo las campañas a favor de la protección del medioambiente o la igualdad de las mujeres.

Hay que entenderlo: los presos políticos no son un problema de unos determinados países, son una atrocidad que interroga a la humanidad entera.

Otra conclusión propiciada por el encuentro en Ginebra es que propagar internacionalmente nuestras luchas es cada vez más imprescindible. Las redimensiona. Les otorga un nuevo sentido. No solo porque aprovecha el potencial de sensibilización que tiene la opinión pública de otros países, sino también porque abre las puertas a nuevas alianzas, en todos los planos.

Por ejemplo, nos obliga a preguntarnos si no deberíamos promover la defensa conjunta de los presos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Es lo que está haciendo, con admirable disciplina, Tamara Suju, directora del Instituto Casla, quien presentó el 10 de marzo el Informe 2021 sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, acompañada por Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Las denuncias que contiene sobrepasan el horror. Se refieren a nuevas formas de tortura, celdas y centros de detención; a la planificación de estos atroces hechos; a las cadenas de mando —que parten directamente de Nicolás Maduro—, y se menciona con nombre y apellido a los miembros del Sistema Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), responsables de las torturas.

El activismo internacional de Tamara Suju y el Instituto Casla adquiere cada día mayor relevancia, lo que resulta en una contribución invalorable a la lucha democrática venezolana.

A finales de marzo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) puso en circulación El asedio del poder. Reporte Anual 2021 de IPYS Venezuela. Contiene datos que ratifican el objetivo del régimen de Maduro, de destruir el libre ejercicio del periodismo en Venezuela.

En el período ocurrieron 249 casos, que dieron lugar a 380 violaciones de las garantías informativas, no solo de los profesionales del periodismo, sino también de los ciudadanos, que son los destinatarios del trabajo de reporteros y medios de comunicación.

El informe del IPYS pone en claro una realidad que es común en los relatos que escuché en la cumbre: la atmósfera de miedo, la amenaza próxima e inminente de violencia que se cierne sobre toda la sociedad, los múltiples recursos que la dictadura de Maduro utiliza contra el derecho de informar: detenciones, desapariciones forzadas, restricciones al acceso a la información pública, estigmatización constante y pública del periodismo, procesos penales, prácticas de censura y promoción de la autocensura y, el más frecuente, las agresiones y ataques a periodistas, reporteros gráficos, directivos de medios, camarógrafos, editores, conductores, articulistas y más.

Todo lo anterior me conduce a repetir una reflexión: hay que insistir en la denuncia internacional de la destrucción de las libertades en Venezuela. Hay que hacerlo en cada oportunidad. Hay que inscribir las denuncias venezolanas en el marco mayor de las luchas que se están produciendo en el plano internacional.

El autor es presidente y director del periódico “El Nacional” de Venezuela.

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