La suspensión del concurso de frecuencias ha concentrado la atención pública en los resultados, pero también abre una discusión más profunda: ¿cómo elegir el mecanismo adecuado para asignar el espectro radioeléctrico, un recurso escaso y con fuerte valor social? La Ley exige un procedimiento concursal, pero no obliga a que sea una subasta, que es más eficiente cuando hay suficientes oferentes con capacidad de competir. Ese supuesto se cumple en algunos mercados, pero no en todos. Las experiencias recientes lo muestran con claridad.
La subasta de 5G se ejecutó en un mercado competitivo, con operadores grandes y necesidad de ampliar capacidad. Sin embargo, las condiciones de participación –garantías financieras, costos de entrada y requisitos administrativos– limitaron el apetito de algunos operadores y redujeron la intensidad de la puja. El proceso fue legal y técnicamente correcto, pero la asignación resultante no fue plenamente óptima en términos de uso futuro del espectro. No falló el mecanismo; falló su calibración.
El caso de radio y televisión es distinto. Se trata de un mercado pequeño, heterogéneo y conformado por operadores culturales, comunitarios o locales que no compiten por precio ni cuentan con liquidez para una subasta. Con esa estructura, la competencia efectiva no se cumple.
Existen otros mecanismos donde, además del criterio económico, se ponderan continuidad del servicio, cobertura territorial, capacidad operativa y valor social. Muchos países los han aplicado precisamente para preservar diversidad y garantizar servicio en zonas donde el mercado por sí solo no sostendría la operación.
La baja participación observada y el riesgo de bandas desiertas son señales de un mecanismo mal ajustado al mercado, que también refleja una orientación de política.
En la subasta de 5G, el Ejecutivo señaló explícitamente que el objetivo no era recaudatorio. En radio y televisión, esa señal no existió, por lo que el proceso avanzó bajo la lógica de maximizar precio de entrada. En mercados con fuerte función pública, esa fórmula suele fallar. Más allá del litigio, los dos procesos recientes muestran que cumplir la técnica y la legalidad no garantiza, por sí solo, una asignación óptima del espectro. Elegir bien el mecanismo sigue siendo la clave.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
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