EscucharOyendo las declaraciones del prestigioso economista Alberto Franco ante la comisión del Sinart, y a pesar del comunicado del BCIE, es evidente que la entidad tendrá que pasar por profundas reformas de gobernanza y transparencia.
El cambio puede hacerlo la nueva presidenta, Gisela Sánchez, quien cuenta con sobrada capacidad, pero deberá ser firme ante pedidos del Ejecutivo en presupuestos, operaciones y hasta nombramientos.
También es obligatorio poner atención a lo dicho por el exembajador estadounidense John Feely, en relación con el anterior presidente Dante Mossi, a quien denominó como “el banquero de los dictadores” en setiembre del 2022. Durante su gestión, por ejemplo, duplicó los préstamos al régimen Ortega-Murillo en comparación con el quinquenio anterior y El Salvador fue el mayor receptor de fondos, con un 31,48 %. En lo positivo, los directores no renovaron la presidencia de Mossi por otro período.
Otro llamado de alerta es la investigación realizada por Organized Crime & Corruption Reporting Project, que concluye que el BCIE se ha convertido en un instrumento para la corrupción y el autoritarismo, de ahí el llamado a ser vigilantes de los fondos provenientes de esta institución.
El dramaturgo William Shakespeare incorporó en su obra Hamlet una frase que se volvió icónica y calza con el actuar del BCIE: “Algo huele mal en Dinamarca”.
Basta con citar algunos ejemplos: cómo se manejó la contratación de la empresa Nocaut, juez y parte en la redacción de los términos; la promulgación de un presupuesto abultado para el 2023, cuya objeción le costó el puesto a don Alberto; y las objeciones de la Contraloría a contrataciones que riñen con el ordenamiento jurídico costarricense, entre otras.
Gran responsabilidad corresponde a la Asamblea Legislativa en esa labor de vigilancia, en vista de un proyecto de ley que busca la aprobación de un empréstito por la suma de $700 millones, al que dos miembros de la Junta Directiva del Banco Central se han opuesto por la falta de capacidad de control que estos fondos tendrían, por el volumen de proyectos (502) y por su abstracción de ciertos mecanismos de supervisión.
Los fondos los necesita el país, lo pertinente es blindar la ejecución de dichos recursos con buenos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
