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Costa Rica ya cruzó un umbral demográfico que cambiará la educación más que cualquier reforma curricular. En 2020 nacieron 56.000 niños. Las proyecciones oficiales indican que hacia finales de esta década esa cifra será sustancialmente menor –alrededor de 46.000– y que, en el horizonte de 2050, podría rondar apenas 36.000 nacimientos. Las cohortes que hoy ingresan a primaria son cerca de un 30% más pequeñas que las de inicios de la década pasada, y la tendencia no es coyuntural: continuará durante al menos dos décadas.
Si las generaciones pasan de 56.000 a 36.000 nacimientos anuales, el sistema enfrentará una reducción potencial superior al 35% en el tamaño de sus cohortes escolares. Mantener intacta su arquitectura organizativa bajo ese escenario no sería fiscal ni operativamente sostenible. La escala del sistema educativo ya cambió, aunque todavía no terminamos de asumirlo.
En este contexto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó los rangos de matrícula por sección. Donde antes se establecía un rango de 20 a 35 estudiantes por aula en primaria y secundaria, ahora se fija entre 15 y 25. En educación técnica, incluso se permiten grupos de 12 o 13 estudiantes. A primera vista, puede parecer un ajuste administrativo menor. En realidad, es el reconocimiento normativo de que el país ya no tiene la misma base demográfica que cuando se diseñó buena parte de su estructura escolar.
Sin esta actualización, muchas secciones habrían quedado por debajo del mínimo permitido. La caída de matrícula ya estaba produciendo grupos más pequeños; la norma simplemente legaliza una realidad que el sistema venía absorbiendo. Desde esa perspectiva, la resolución era necesaria para evitar cierres masivos, reubicaciones abruptas o conflictos laborales inmediatos.
Pero no es una reforma pedagógica. No rediseña la organización docente, no introduce nuevos modelos territoriales ni redefine la oferta educativa para un país que envejece. Es una adaptación normativa frente a una transición demográfica profunda. Y ahí es donde empieza la discusión que todavía no hemos querido tener.
En algunos sectores políticos –incluyendo voces que se perfilan para la próxima Asamblea Legislativa–, empieza a escucharse un razonamiento simplista: menos estudiantes implican menos aulas y, por tanto, menos presupuesto. Esa relación lineal es técnicamente incorrecta. La inversión educativa no es una función puramente proporcional al número de estudiantes.
Existen programas cuya cobertura todavía está lejos de ser universal. Hoy, solo cerca del 70% de los estudiantes de secundaria recibe el beneficio de comedores escolares. En el caso de becas como Avancemos, menos del 30% de quienes las requieren las están recibiendo. Además, alrededor del 35% de los estudiantes no recibe lecciones de informática educativa. ¿Debe reducirse el presupuesto de estos programas porque hay menos estudiantes? La respuesta es no. Mientras existan brechas de cobertura, la reducción poblacional puede convertirse en una oportunidad para avanzar hacia la universalización sin incrementar el gasto real. Reducir recursos en este punto sería profundizar desigualdades, no corregirlas.
Tampoco sería razonable concentrar el ajuste en programas operativos o de equidad –como ha ocurrido desde 2020– disminuyendo transferencias a juntas de educación, actividades culturales o servicios complementarios. Si la discusión demográfica se abre, debe abrirse completa. Y eso incluye la variable más estructural del sistema: la planificación del recurso humano docente.
La resolución reciente del MEP envía un mensaje tranquilizador al cuerpo docente: no habrá despidos automáticos ni cierres inmediatos. Es una señal de corto plazo. Pero la transición demográfica obliga a una conversación más amplia sobre cómo organizar estratégicamente la fuerza laboral del sistema educativo en las próximas décadas.
Ese debate no puede abordarse desde simplismos. Hoy existen áreas donde la cobertura es universal –como Matemática o Español— pero en otras, el país mantiene déficits históricos, como Informática educativa, Inglés, Educación Musical, Educación Física y Educación Especial, entre otras. En muchos centros todavía no se garantiza el acceso pleno a estas asignaturas.
En este contexto, la reducción progresiva de las cohortes podría convertirse en una oportunidad para reorganizar y fortalecer aquellas áreas donde el sistema aún tiene brechas. Más que hablar de recortes, la discusión debería centrarse en planificación, redistribución estratégica y formación acorde con las necesidades reales del país.
Hay otro frente que rara vez se menciona: la formación inicial docente. Las carreras de Educación ya enfrentan tasas de desempleo elevadas. Si la población en edad escolar continuará disminuyendo durante las próximas décadas, la demanda futura por nuevos educadores en áreas ya saturadas también cambiará en composición y volumen. Anticipar ese escenario mediante una mejor coordinación entre universidades, Estado y necesidades territoriales es parte de una política educativa responsable.
Además, la caída poblacional no es homogénea. En zonas rurales y costeras el impacto es mayor. Un tercio de las escuelas públicas son unidocentes. Sostener centros con baja matrícula implica costos fijos que no se reducen proporcionalmente al número de estudiantes. En algunos territorios, la inversión por alumno tenderá a aumentar, no a disminuir, a medida que la población infantil se contraiga.
Cerrar centros puede generar desarraigo y aumentar distancias de traslado; mantenerlos sin rediseño puede tensionar la sostenibilidad fiscal. Ese dilema no desaparece con la reducción de rangos de matrícula; simplemente se posterga.
También existe una oportunidad. Grupos más pequeños podrían traducirse en mejor atención individual y mayor calidad de aprendizaje. Pero eso no ocurre automáticamente. Sin cambios en formación, acompañamiento pedagógico, organización multigrado o innovación metodológica, el tamaño del grupo por sí solo no transforma resultados. La demografía abre una ventana; no garantiza mejoras.
La transición demográfica afectará no solo la educación, sino también la salud, las pensiones y el mercado laboral. La escuela es el primer sistema en sentir el impacto porque trabaja con cohortes jóvenes. Pero el envejecimiento poblacional reconfigurará el Estado entero. Las decisiones que se tomen hoy definirán la estructura del sistema educativo para las próximas tres décadas, no para el próximo ciclo electoral.
La actualización de los rangos de matrícula es un primer reconocimiento institucional de que el país cambió, mas no resuelve el dilema estructural. Solo evita un choque inmediato. La pregunta estratégica sigue abierta: ¿queremos administrar la reducción del sistema, o rediseñarlo deliberadamente para una nueva demografía? La diferencia entre ambas opciones definirá no solo el presupuesto educativo, sino la sostenibilidad y calidad del Estado costarricense en las próximas décadas.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
