La paridad de género en la representación política costarricense constituye un logro jurídico e institucional fundamental, resultado de décadas de lucha por la igualdad democrática. Desde el Código Electoral del 2009, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha garantizado su aplicación mediante mecanismos como la alternancia y la paridad horizontal, asegurando que hombres y mujeres encabecen las listas de forma equitativa. Sin embargo, su cumplimiento aún enfrenta tensiones entre la obligación legal y la legitimación cultural.
En muchos partidos políticos, la paridad se asume más como un requisito administrativo que como una convicción democrática, lo que da lugar a una “paridad instrumental”, en la que las mujeres son incorporadas para cumplir la norma, sin que ello implique necesariamente un acceso real y sostenido al poder. Los medios de comunicación también reproducen esta visión, al presentar la paridad como una imposición legal y no como un derecho humano, lo que contribuye a restar legitimidad al principio.
Pese a estas limitaciones, los avances son innegables. Entre el 2018 y el 2022 se alcanzó una representación femenina del 46% en la Asamblea Legislativa, un hito histórico; y en las elecciones del 2022, candidatas como Lineth Saborío, Carmen Quesada, Maricela Morales y Natalia Díaz representaron la creciente presencia de mujeres en la competencia presidencial. En tanto, para el 2026 participan figuras como Claudia Dobles y Laura Fernández. Esto demuestra que la participación femenina dejó de ser excepcional y se consolida como parte estructural de la política nacional.
Uno de los factores que han hecho posibles estos avances ha sido la presión constante de los movimientos feministas y de los grupos de mujeres dentro de los partidos, que impulsaron marcos legales como la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990) y fortalecieron órganos como la Comisión Permanente de la Mujer y la Unidad Técnica de Equidad de Género.
En Costa Rica, la paridad avanza entre la obligación legal y la verdadera convicción democrática, marcando una línea entre la igualdad reconocida por la ley y la igualdad que se vive en la práctica. Pese a que los progresos son notables y representan un verdadero avance, su legitimidad plena solo se alcanzará cuando las mujeres no solo ocupen cargos políticos, sino que también participen activamente en las decisiones que definen el rumbo del país.