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La conferencia “Claves para un Estado de derecho eficaz y la gobernabilidad democrática”, impartida el pasado 4 de marzo en la Asamblea Legislativa, puso en discusión una cuestión decisiva para la salud republicana de Costa Rica: cómo propiciar un entendimiento más eficaz entre poderes sin desdibujar la separación de funciones que sostiene el orden constitucional. La actividad reunió a diputaciones en ejercicio y electas para el periodo 2026-2030, magistrados y magistradas del Poder Judicial, representantes del cuerpo diplomático y otros actores interesados en el fortalecimiento institucional del país.
En ella se afirmó un principio republicano esencial: la democracia no descansa únicamente en la estructura de poderes constitucionalmente delimitados, sino también en la capacidad de las instituciones para comprenderse, respetarse y relacionarse con responsabilidad dentro de sus límites constitucionales.
Lord John Reed, presidente de la Corte Suprema del Reino Unido, ofreció el marco de la jornada al recordar que la democracia depende tanto de una legislatura libremente electa como de una judicatura independiente. Señaló que los tribunales dependen de la confianza de la ciudadanía y de sus representantes, precisamente porque no disponen de los instrumentos clásicos del poder político ni del control directo de los recursos del Estado. Esa confianza exige integridad, experticia y eficiencia, pero también transparencia y comunicación efectiva. Reed fue enfático en que la independencia judicial no puede ponerse en riesgo ni relativizarse en nombre del diálogo.
Precisamente por eso, la experiencia del Reino Unido resulta valiosa para Costa Rica. Lord Reed explicó que, dentro de una tradición profundamente arraigada de pesos y contrapesos, se han desarrollado mecanismos de aprendizaje mutuo entre Parlamento y judicatura que no interfieren con la función jurisdiccional ni convierten a los jueces en actores políticos. Que un Estado con la densidad institucional británica haya optado por esa vía demuestra que el conocimiento recíproco, cuando se encauza mediante procedimientos claros, contribuye al mejor resguardo de la independencia de los poderes del Estado.
Sobre esa base, el doctor Aníbal Pérez-Liñán, director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame, advirtió de un déficit de diseño de las democracias contemporáneas: han perfeccionado el veto, el control y el límite, pero han invertido menos en dispositivos capaces de facilitar acuerdos. En ese contexto, propuso construir instancias consultivas –microinstitucionalidades operativas– que permitan la interlocución legislativa y judicial sin alterar su autoridad constitucional.
La fuerza de esa propuesta radica en que no diluye las reglas de control recíproco, sino que torna más funcional ese esquema al privilegiar la discusión ex ante sobre el conflicto ex post. Su tesis resume uno de los dilemas de nuestro tiempo: cuando las democracias únicamente saben vetar, se paralizan; cuando únicamente saben concentrar poder, se destruyen. El desafío consiste en adecuar las instituciones para que sepan acordar sin renunciar a sus límites.
En Costa Rica, esa discusión obliga a despejar un malentendido frecuente: la separación de poderes impide la subordinación, no el conocimiento recíproco. En esa línea, el doctor Marvin Carvajal Pérez, docente y abogado litigante, recordó que la autonomía funcional no exige incomunicación, sino claridad en los límites. Vista a la luz de la experiencia británica, esta observación adquiere especial relevancia: la relación entre órganos del Estado, cuando se rige por reglas claras, no constituye una anomalía del constitucionalismo liberal, sino una herramienta seria y prudente para preservarlo.
Carvajal advirtió, además, que el país debe dejar atrás los acercamientos informales y avanzar hacia relaciones transparentes y profesionalizadas, con aprendizaje en doble vía entre Poder Judicial y Parlamento. Sin ese esfuerzo, prosperan la improvisación, el malentendido y la sospecha.
La intervención de la doctora Ilka Treminio Sánchez, miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, situó esta conversación en el contexto latinoamericano actual, donde la polarización ha dejado de ser una herramienta retórica para convertirse, con frecuencia creciente, en un recurso de poder. Recordó que Costa Rica ha preservado con notable continuidad su arquitectura republicana, aun en medio de los giros ideológicos y las transformaciones que han sacudido a la región. Señaló que, precisamente, esa continuidad obliga a cuidar con lucidez los respectivos márgenes de autonomía.
Treminio subrayó, además, un recaudo esencial: en contextos de desconfianza pública, casi tan grave como la afectación real de la independencia puede ser la percepción pública de que esta ha sido comprometida. De ahí la importancia de dotar estos espacios de marcos verificables y resultados visibles. Lejos de desvirtuar la propuesta, esa advertencia obliga a diseñarla con mayor cuidado.
Costa Rica cuenta con una tradición republicana que debe defenderse con inteligencia institucional. Su fortaleza no puede descansar únicamente en la resistencia nostálgica al cambio, pero tampoco la gobernabilidad democrática puede procurarse a costa de los pesos y contrapesos.
El reto es más complejo y fértil: construir una nueva cultura de entendimiento que lleve a relaciones transparentes, profesionalizadas y constitucionalmente responsables, capaces de reducir fricciones innecesarias, anticipar problemas y mejorar la calidad de las decisiones públicas.
Ese es, en esencia, el principal aprendizaje que nos deja la jornada. La república no se preserva únicamente levantando barreras. También se preserva creando condiciones para que los poderes puedan comprenderse sin invadirse, cooperar sin confundirse y dialogar sin claudicar.
Allí radica una de las tareas más importantes de nuestro tiempo. Y allí se juega, también, una forma más madura y eficaz de defender el Estado de derecho.
Orlando Aguirre Gómez es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
