EscucharEl Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) indagó, mediante una encuesta, la confianza en la capacidad del gobierno para resolver el principal problema del país, en abril del 2024, y el 73 % dijo no tener confianza o sentir poca confianza en que pueda.
Temo que el gobierno se aproveche de esto para cambiar su obligación de entregar servicios oportunos y de calidad a la población, y sustituir esa entrega por la empatía en el enojo y se apreste a rasgar el tejido social. Quisiera, sin embargo, entrarle a esa incapacidad de resolver.
Los objetivos de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo guardan poca relación con lo que puede, razonablemente, producir en crecimiento económico, manejo de la inflación, el empleo y la ocupación, las necesidades básicas y la pobreza, entre otros muy sonados en los que se centran.
Vivimos en un mundo de incertidumbres, en donde una pandemia, un cambio en la geopolítica o simplemente en el humor de la organización de los productores de petróleo prevalece muchas veces por encima del tenue propósito de nuestros gobiernos.
Así que predominará la voluntad de terceros, que ni siquiera consideran la pequeñez de nuestra escala. ¿Cómo esperar que la gente tenga confianza si los gobiernos no aciertan ni lejanamente en lo que anuncian como esencial?
El gobierno no destaca lo que sí podemos proponernos y lograr, tampoco se enfoca en cómo hacerlo y con qué instrumentos de gobernanza. Ante la corrupción reinante, según denuncian nuestros políticos en campaña y en gobierno, y como la gente sabe, ¿cuáles instrumentos de transparencia, detección, procesamiento y sanción van a incorporar y proponen mejorar y hacer más eficaces?
Solo muy detrás del ruido de los bombos, los patillos y la fanfarria de los grandes objetivos, el gobierno formula algunos de los asuntos que sí están en sus manos. Pero en estos viene fallando sonoramente.
Por ejemplo, tradicionalmente, el Estado ha ofrecido educación universal, obligatoria y a su costa. Esto, de manera creciente, comenzó con educación elemental en la primera parte del siglo XIX, y ha ido ampliando en complejidad y cobertura.
El desarrollo en el mundo le ha añadido desafíos sistemáticamente. El país siempre lo entendió como un instrumento para la generación de capacidades y también para la construcción de ciudadanía.
La segunda mitad del siglo XX parió el derecho a la educación, y el país lo acogió. Pero cada vez más ese derecho, con solo algunos retrocesos cuantitativos en cobertura, vienen diluyéndose. La sopa, cargada de sustancia y calidad de ingredientes, poco a poco, se diluye. Hoy es agua sopeada.
Basta ver los templos que fueron destinados a escuelas en muchos sitios remotos y ciudades, y las más de 800 órdenes sanitarias para las escuelas prefabricadas, cuyos años de servicio vencieron hace décadas.
Baste saber que la ruta (¿visión o guía estratégica?) sigue vagando en algún cerebro, en el mejor de los casos. Baste ver los resultados de las evaluaciones PISA o las quejas de las universidades privadas y públicas sobre la formación de los estudiantes de ingreso.
Baste recordar que la aspiración nacional y el mandato constitucional de asignación de presupuesto del 8 % del PIB está llegando al 5 %. Baste preguntarse qué planes tiene el gobierno para mejorar la convivencia en escuelas y colegios, y erradicar la violencia en los centros.
Baste preguntarse cómo se propone empatar la educación con la preparación para la inserción laboral. ¿Cómo esperar que se confíe si el gobierno ni siquiera dice lo que se plantea para la educación de los jóvenes?
Por ejemplo, la salud. Nos preciamos de las garantías sociales fortalecidas en los años cuarenta, e incorporadas en la promesa que nos amalgama como nación, la Constitución Política.
La CCSS, después de fortalecerse y ampliarse hasta hace algunos años, aun en los peores tiempos de crisis gracias a su forma tripartita de financiamiento y excepcional capacidad para inspeccionar y sancionar al moroso, está hoy en una situación de falla importante, como lo muestran las largas listas de espera, la indecisión o retraso en la creación de Ebáis para la atención primaria de salud, la postergación de inversiones, algunas específicas por estar entre las indisposiciones del jerarca.
Sus frutos permanecen, indicadores nacionales impecables y capacidades acumuladas de alto valor, pero el tripartismo del financiamiento y el grosero manoseo de su autonomía por parte del Ejecutivo despiertan las peores sospechas.
Un exministro y expresidente del INS saca a relucir un amañado argumento en favor del incumplimiento de las obligaciones de ley del gobierno con la CCSS. Todos son Estado, así que no puede haber deudas entre instituciones. Con ese argumento, ¿puede el gobierno dejar de pagar las cuotas al INS por el seguro de sus vehículos, no pagar el agua o dar por inexistente los bonos en los que invierte el INS y tantas otras instituciones?
La deuda pública, podría inferirse, del gobierno en manos de instituciones públicas, quedaría eliminada, pues el Estado no puede deberse a sí mismo.
Entonces, ¿cómo esperar que se confíe en que el gobierno resolverá el problema principal del país entre los que piensan que la salud es el problema principal?
Dejo para otra ocasión los graves problemas asociados a la inseguridad, la infraestructura, la ocupación y el desempleo, la política monetaria y la competitividad.
Ahora bien, la Auditoría Ciudadana de la Calidad de la Democracia indagó, a partir de mediciones del malestar sobre su origen, y llegó a una relevante conclusión: la calidad de una democracia no es un atributo general de todo el sistema político, sino el efecto acumulado del desempeño institucional y de la actividad de los ciudadanos en múltiples áreas.
Años después, democracia estable, ¿alcanza? Llegó a esta apreciación: el país emprendió un proceso acelerado de transformaciones productivas, que ha dejado rezagados y, por otro lado, el Estado falló en la generación de capacidades y en la inclusión a las oportunidades en los recurrentes episodios de insuficiencia presupuestaria.
El malestar ciudadano indica, sin embargo, que el sistema político (incluido el Estado) no solo no ha podido resolver, sino que opera de una manera que resulta inaceptable para la gente.
Entonces, ¿cómo se espera que resuelva algún problema? El asunto que habría que explorar es cuánto daño puede hacer un actor como el gobierno.
miguel.gutierrez.saxe@gmail.com
El autor es economista.
