EscucharUn argumento frecuente en el debate educativo es que la caída en la matrícula escolar, producto del cambio demográfico, debería liberar recursos. Menos niños y jóvenes en las aulas implicarían, en apariencia, menos “gasto público”, como lo llaman quienes lo plantean de esa forma.
El décimo Informe del Estado de la Educación demuestra que esta idea es engañosa. Las nuevas proyecciones poblacionales del INEC (2022–2100) confirman que la población en edad escolar (de 4 a 16 años) tenderá a reducirse: pasará de 915.000 niños y jóvenes en 2025 a 794.000 en 2030 y a cerca de 600.000 para 2040. Pero el informe va más allá: incorpora los efectos de esa disminución sobre programas concretos como comedores escolares y becas Avancemos.
En comedores, hoy 100% del estudiantado recibe alimentación en primaria y preescolar. Es cierto que eventualmente habrá menos estudiantes que alimentar, y dado su nivel de cobertura total, el Estado de la Educación proyecta (y reconoce) que ese programa requerirá menos recursos en esos niveles. Pero apenas un 70% de los jóvenes de secundaria lo reciben, por lo que la prioridad debe ser cerrar la brecha, lo que requerirá mayor inversión.
El caso de Avancemos refuerza esta lógica. Seis de cada diez estudiantes pobres aún no reciben la beca. Con menos población en edad escolar, el país podría no solo garantizar que todos los estudiantes pobres la reciban, sino también actualizar su valor, congelado desde 2017.
En el escenario de ajuste simulado por el informe, el valor de las becas en primaria pasaría de ¢18.000 a ¢21.000; en tercer ciclo, de ¢30.000 a ¢36.000, y en Diversificada, de ¢40.000 a ¢48.000.
Así, menos estudiantes no significan menos “gasto”, sino la posibilidad de dar becas suficientes y dignas. La inversión necesaria sería de entre 0,02% y 0,08% del PIB anualmente en el periodo 2026-2040, montos manejables en cualquier escenario fiscal.
En síntesis, la transición demográfica debe dejar de ser vista como una justificación para quienes defienden los recortes en educación, y más bien, ser entendida como una ventana para invertir mejor: ampliar cobertura, elevar la calidad de los servicios y asegurar que nadie quede fuera. Lo que parece “ahorro” puede y debe convertirse en equidad y calidad educativa.
Andrés Fernández Arauz es economista.
