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Entre 2001 y 2010, la empresa 20th Century Fox Television produjo y transmitió la serie dramática 24, protagonizada por el actor Kiefer Sutherland, quien encarnaba al oficial Jack Bauer, miembro de una unidad especial encargada de proteger a Estados Unidos de actos terroristas.
Una de las potestades presidenciales más polémicas fue recurrente en todas las temporadas de 24: el poder de indulto presidencial. Así, en cada entrega, Bauer y sus compañeros presenciaban cómo, por cálculos políticos, el presidente de Estados Unidos perdonaba a probados criminales terroristas extranjeros o nacionales, culpables de muertes y de sembrar el miedo y el caos entre la población.
Como ha recordado Corey Robin en su libro La mente reaccionaria, uno de los mayores admiradores del estilo de Jack Bauer y de la serie fue el juez conservador estadounidense Antonin Scalia (1936-2016), quien sostuvo durante su vida el principio de “originalismo” para interpretar la Constitución Federal de 1787.
Esa forma de lectura constitucional implica adaptarse al significado público original de la Constitución, es decir, no interpretarla a la luz de nuevos contextos, sino pretender leerla solamente ajustados a lo que sus redactores pretendieron decir en el momento en que la escribieron.
El poder de perdón del presidente de Estados Unidos, desde ese punto de vista, solo implica lo que dice el artículo II, sección 2, cláusula 1 de la Constitución, en donde, después de describir su posición como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se señala:
“El presidente (…) tendrá el poder de otorgar indultos y perdones por ofensas en contra de los Estados Unidos, excepto en casos de juicios políticos (impeachment)”.
El origen del poder de indulto
El indulto presidencial tiene raíces históricas en Occidente. En Costa Rica, también, en el siglo XIX el presidente contó con ese poder, el cual usualmente utilizó, como parte de la conmemoración de la Independencia durante las fiestas del 15 de setiembre, para perdonar a delincuentes acusados de delitos menores.
En Estados Unidos, cuando se discutió la incorporación del indulto presidencial en la Constitución, los padres fundadores tenían muy cerca el proceso de guerra de independencia y lo frágil que era la unidad del Gobierno Federal.
El evento más cercano había sido la llamada “rebelión de Shays”, ocurrida en Massachusetts entre agosto de 1786 y febrero de 1787, cuando alrededor de 4.000 ciudadanos se levantaron en armas contra el Gobierno Federal por querer cobrar, en medio de una grave crisis, impuestos a los individuos y a sus comercios.
Así, cuando se discutió el asunto un año después de finalizada esa rebelión, Alexander Hamilton defendió el poder de indulto presidencial como una herramienta para restaurar la paz, pues, como señaló su documento federalista número 74: “La rapidez de un indulto puede acabar con la violencia de forma más rápida que la fuerza militar”.
El poder se asignó al presidente porque otorgarlo al Congreso lo volvería más lento, lo politizaría, y seguramente, fragmentaría el argumento de piedad que subyace en la decisión final. Asimismo, este poder pretendía resolver los posibles errores que los jueces, los juzgados y las leyes podrían producir en casos muy concretos.
Ese fue el espíritu con que George Washington aplicó por primera vez el indulto presidencial el 3 de marzo de 1797, cuando indultó a los diez cabecillas de la llamada Rebelión del whisky (1791-1794).
Como se lee en ese documento, el cual se puede descargar del valioso repositorio web del Instituto Gilder Lehrman de Historia de Estados Unidos, algo fundamental de tomar en cuenta es que el perdón presidencial involucra que a la persona indultada se le borra cualquier antecedente penal y se le libera de cualquier sombra que la podría perseguir durante su vida por el crimen indultado.
¿Mal uso?
Algunos analistas han llamado la atención respecto a que esa meta original con la cual se aprobó el poder de indulto presidencial en Estados Unidos no ha guiado la decisión al respecto de varios gobernantes en las últimas décadas.
Entre esos casos, se menciona el “total e incondicional perdón” otorgado por el presidente Gerald Ford a su predecesor Richard Nixon en setiembre de 1974, por cualquier tipo de crimen que hubiera cometido contra el Gobierno Federal durante su periodo como mandatario.
Durante sus administraciones (1993-2001), el presidente Bill Clinton otorgó el indulto a 450 personas, un número muy superior al de indultos otorgados por George Bush (apenas 75) y cercano al otorgado por Jimmy Carter (534). El indulto más polémico otorgado por Clinton fue el que dio durante su último día como presidente a Marc Rich, un fugitivo millonario empresario de origen belga-estadounidense, cuya exesposa había donado gigantescas sumas de dinero al Partido Demócrata.
Recientemente, el presidente Donald Trump también ha llamado la atención por los polémicos indultos que ha otorgado en el primer año de su segundo mandato, los cuales, según lo indicado por la analista Regan Huston, a inicios de este mes de diciembre, llegaban a más de 1.500 personas indultadas.
La misma Huston ha puesto el dedo en la llaga al señalar que el número de indultos no significaría mucho si no se prestara atención al hecho de que todos los indultados por el presidente Trump son sus aliados políticos o de negocios.
Ahora, a los polémicos indultos de Trump se suma el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien una corte de Nueva York condenó por haber metido en Estados Unidos millones de dosis de cocaína. En su momento, el fiscal general Merrick Garland describió a la Honduras gobernada por Hernández como “un narcoestado donde las bandas criminales de narcotraficantes tenían permitido operar con virtual impunidad”.
La duda que queda sembrada en cualquiera no es solo si tal uso de la Constitución habría estado en la mente de los padres fundadores (como historiador, puedo dar mi definitivo no a esa pregunta), sino cómo se acomoda ese indulto a la supuesta guerra emprendida por Trump contra los narcoterroristas.
david.diaz@ucr.ac.cr
David Díaz Arias es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).
