En diciembre del 2022, la Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe sobre la eficacia del sistema de seguridad ciudadana, y al analizar el período 2014-2022, demostró que el país no ha tenido una política clara en esa materia.
Ha existido descoordinación y falta de claridad para involucrar a los distintos actores responsables, por lo cual solicitó al Poder Ejecutivo diseñar una política de seguridad, que fue emitida en noviembre del 2023 bajo el nombre Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2030.
En enero del 2024, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) publicó su Plan Estratégico Institucional 2024-2030 (PEI), que debía responder a lo planteado en la política.
Ambos documentos fueron analizados por la CGR, que este mes de abril emitió un nuevo informe sobre la planificación estratégica del MSP, y en el cual concluye, entre otras cosas, que el PEI presenta debilidades en la determinación del valor público institucional y no establece la vinculación de los objetivos del plan con los objetivos de la política.
Si bien la política fija algunas metas, como reducir la tasa de homicidios, el Poder Ejecutivo propone que estas se alcancen en el año 2030 y se evalúen inicialmente en el 2027, por lo cual tampoco hay compromiso de progreso parcial antes del próximo cambio de gobierno.
La CGR señaló que el plan no detalla cómo se les dará seguimiento a esas iniciativas, y criticó que no se incluyera un análisis del PEI anterior (2019-2023) para elaborar la estrategias del período 2024-2030.
Señala que una correcta vinculación del PEI con la política de seguridad contribuiría a que los esfuerzos y recursos institucionales se centren en la atención de acciones que agreguen valor para alcanzar los objetivos y disminuir la problemática de inseguridad ciudadana.
El ente contralor otorgó al MSP un plazo de año y medio (a octubre del 2025) para revisar y ajustar el PEI 2024-2030 de manera que concrete su vinculación con la política de seguridad y su plan de acción.
Esperemos que el MSP no demore tanto tiempo para alinear estos instrumentos de política pública, y que ofrezca mayor claridad sobre la estrategia del país para atender la creciente ola de violencia.
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El autor es economista.
