El editorial de La Nación del pasado 23 de febrero analiza la desafiante y nueva frontera que abren las criptomonedas como activos financieros. Como abogado, informático y entusiasta de las inversiones, el tema me apasiona.
El texto describe su funcionamiento mediante criptografía y blockchain descentralizado. Se menciona el origen del bitcóin –la primera, la mayor y más importante criptomoneda– tras la crisis financiera de 2008, su creciente popularidad y adopción. Se destacan la volatilidad y las diferentes políticas regulatorias en países como China, EE. UU. y El Salvador. También se reconoce su potencial para brindar transparencia, reducir costos y democratizar la economía.
Aunque admite su potencial positivo, el editorial también aborda los riesgos y problemas asociados con las criptomonedas, como el reciente escándalo de la moneda $LIBRA en Argentina. La conclusión llama a la regulación y al optimismo cauteloso.
En efecto, las criptomonedas surgen como una revolución capaz de desafiar un sistema financiero considerado obsoleto. Esto nos invita a reflexionar sobre una tendencia que promete grandes beneficios, pero que, sin previsiones adecuadas, podría también traer consecuencias graves.
A diferencia del dinero tradicional, donde los bancos controlan el suministro de dinero, la tecnología blockchain permite eliminar la intermediación y ofrecer mayor transparencia en las transacciones. No hay una autoridad singular que regule o ejerza control, como lo hace un banco central con la moneda nacional.
Cuando el dinero es regulado, la autoridad puede ajustar la oferta monetaria como instrumento de política fiscal, aumentando o disminuyendo el circulante para controlar los precios, el crecimiento económico, o para otros fines. En contraste, la descentralización y su escasez garantizada tornan al bitcóin en inmune a agendas políticas, así como a las acciones confiscatorias de un gobierno, que tampoco puede usarlo como arma o instrumento de opresión de sus propios ciudadanos o de otros países (la problemática que ha dado origen al movimiento BRICS).
Se suele tratar el tema de la volatilidad, donde, en cosa de horas, las ganancias pueden convertirse en pérdidas catastróficas, como una debilidad de las criptomonedas, pero este enfoque es parcial. El precio de estos activos –como sucede con los demás– depende de la oferta y la demanda. Dado que el mercado cripto es joven y pequeño comparado con el oro o el petróleo, ciertamente es posible que algunos actores puedan influir desmedidamente en el comportamiento de los precios, en conjunto con factores como el apalancamiento y la especulación fraudulenta, como en el caso de la quiebra de la empresa FTX. Pero esta volatilidad en realidad no solo es prueba de la vitalidad de estos activos, sino que es, además, transitoria. En cuanto el mercado crezca, la inestabilidad tenderá a reducirse.
El tema regulatorio es objeto de debate. Mientras algunos gobiernos refuerzan el control para prevenir el lavado de dinero y proteger a los inversores, también prolifera la desinformación, que aumenta la incertidumbre y subraya la necesidad de un análisis equilibrado.
En Costa Rica, las autoridades hasta ahora han hecho la vista gorda en esta materia o, si acaso, han mostrado desinterés. Nuestro Banco Central ha reiterado que las criptomonedas no poseen la naturaleza jurídica del numerario, pero no son ilegales, advirtiendo de que se trata de activos no regulados y carentes de respaldo estatal. Sin embargo, en un Estado de derecho como el costarricense, en el que rige el llamado principio de autonomía de la voluntad, decir que una actividad no está regulada implica una y solamente una cosa: que las personas pueden realizarla sin restricción, precisamente porque no está prohibida. Y advertir de que la inversión en cripto se hace bajo exclusiva responsabilidad del inversor, no dice nada diferente de lo que aplica respecto de cualquier otro activo financiero. Más bien tiende a hacer creer que invertir únicamente en instrumentos legalmente regulados o en entidades supervisadas elimina los riesgos, lo cual es falso y de ello existen dolorosos ejemplos que podríamos mencionar.
Sin duda, no todas las criptomonedas son creadas iguales. En lo personal, solo bitcóin –con su escasez garantizada y sus sólidos fundamentos tecnológicos y financieros– merece mi confianza, aunque no niego que otros proyectos como Ethereum, con sus contratos inteligentes y un ecosistema financiero desarrollado, también presentan oportunidades interesantes.
En nuestro país, donde la educación financiera debe fortalecerse, es crucial no dejarse llevar por una expectativa de enriquecimiento rápido. La innovación debe ir de la mano con una actitud prudente y con mecanismos que resguarden a los inversores y al sistema financiero, evitando efectos adversos como el aumento de costos para los pequeños inversionistas. La clave está en lograr una regulación clara, a tono con las tendencias internacionales en la materia y aprovechando modelos exitosos como Japón y Suiza, a fin de combinar la libertad de innovación con controles que minimicen el fraude y el uso indebido. Así, el potencial de las criptomonedas como herramienta de inversión se podrá desplegar plenamente.
Pensemos en la oportunidad de que bancos, operadoras de pensiones o empresas aseguradoras, por ejemplo, inviertan en criptoactivos. El Banco Nacional ya está dando el primer paso, incursionando en los ETF con exposición a bitcóin. Por su lado, es sabido que los fondos de pensiones enfrentan grandes incertidumbres en lo relativo a su capacidad de enfrentar los desembolsos que deban cubrir en el futuro, como consecuencia del pobre desempeño en que la crisis ha sumido los productos en que tradicionalmente han colocado sus recursos. Invertir una porción prudente de su capital en activos como bitcoines podría contribuir a mejorar sustancialmente sus perspectivas.
Ante un mercado cambiante, es clave adoptar una postura crítica e informada. Solo con una regulación inteligente, aparejada a la promoción de la educación financiera, podremos convertir la incertidumbre en una oportunidad para el desarrollo. La sociedad tiene el poder de impulsar cambios: informarse, exigir transparencia y participar activamente en la discusión sobre las criptomonedas.
El bitcóin está cambiando la forma en que las personas piensan sobre el dinero. No es solo una criptomoneda más, sino un nuevo paradigma financiero que ofrece ventajas innegables en términos de autonomía, protección contra la inflación y diversificación de inversiones.
Invito a reflexionar, debatir y exigir políticas que equilibren la innovación con la seguridad. Solo así podremos aprovechar el potencial transformador de esta tecnología, sin que sus riesgos se conviertan en amenazas para nuestro bienestar financiero.
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Christian Hess Araya es abogado e informático.