Y ahora, ¿quién podrá defendernos? La invocación tan, pero tan, tan, tan, tan pronunciada, hoy encuentra la plaza vacante: ya el Chapulín Colorado no está para defendernos.
¿Defendernos de qué? Del crimen organizado, por supuesto. Conceptualmente, es posible definir el crimen organizado: actividad criminal continua que, racionalmente, trabaja por una ganancia a partir de actividades ilícitas, que usualmente tienen una alta demanda social.
Su existencia es posible gracias a la corrupción de las instituciones públicas, la intimidación, las amenazas y el uso de la fuerza para proteger sus operaciones (UNODC en el XXX Estado de la Nación, publicado en el 2024).
Por las cifras, las principales líneas de crimen organizado son el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas y el contrabando, que puede ser la caja chica que permite darle el capital de trabajo a las anteriores. Pero ya hay advertencias sobre la extorsión y cobros ilegales por protección que crecen, aunque es difícil saber cuánto, por el subregistro típico de este crimen, que pocos lo denuncian.
Ya pasó el tiempo de advertir sobre los riesgos futuros. En eso me siento servido por una línea sistemática de investigación impulsada por programas que me correspondió dirigir.
Puedo citar las prevenciones que hiciera el Estado de la Región centroamericana (2008), gracias al trabajo de J.M. Rico (ya fallecido), J. Vargas y E. Villarreal, en un capítulo conceptual que actualizó datos, señaló relaciones para plantear estrategias de prevención y represión del crimen organizado, y propuso diálogo, políticas públicas y financiamiento para superar la situación de violencia.
Algunos años después, vimos a Rico (para él, un reconocimiento póstumo) asesorando al Gobierno para revertir un brote de crecimiento del delito, en particular de los homicidios. Su sabiduría fue coronada con el éxito y una mayor tranquilidad para todos.
Posteriormente, cada año el Estado de la Nación ha dado seguimiento al tema de la seguridad con datos oficiales y algunos relativos a valoraciones subjetivas, construidos con investigación del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, o con investigación propia.
El año pasado, el capítulo especial del Estado de la Nación fue sobre seguridad. Este evocó y actualizó para Costa Rica la publicación del 2008 ya citada y señaló la relevancia del tema, así como la urgencia de remediar el abandono del financiamiento y la reducción de efectivos policiales. También se citó la concentración de la inseguridad en ciertos cantones de bajo nivel de desarrollo humano, por la baja escolaridad y las escasas oportunidades de empleo decente para la población joven. Se subrayó la necesidad de reducir esa desigualdad rampante.
Tanto las cifras reales como la creciente preocupación de las personas subrayan la importancia del asunto, que incluye la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción.
No es una historia que se desarrolle en el infierno, aunque algunos personajes escojan su alias de ese ambiente. Se desarrolla en nuestras calles, en nuestros barrios, y en medio de gente inocente que puede pagar con su vida la muy audaz decisión de salir a comprar comida, o de ir a estudiar o a trabajar. Basta con pasar por el lugar equivocado a la hora que no era.
El 60% de las víctimas de homicidio son jóvenes de entre 15 y 29 años, según datos del INEC. Cada uno deja de vivir, en promedio, más de 50 años, en buena parte porque los jóvenes son usados como vendedores, soldados o sicarios del narcotráfico. Están concentrados en cantones de menor desarrollo, tienen baja escolaridad, alto nivel de desempleo, pocas oportunidades. Muchos de ellos escogieron el atajo al bienestar y se quedaron en el primer trayecto. Les ofrecieron una vida buena –y rápido–. Aceptaron un mal negocio al que se opta generalmente si no hay de otra.
Tampoco es cierto que solo “se matan entre ellos”, entre criminales. ¿Quién de nosotros no puede contar que tuvo suerte porque no se montó en el bus anterior, o no salió ese día de la casa, o pasó un poco más tarde por esa calle donde vio un cuerpo tirado? ¿O que fue, pocos días antes, a comerse unos tacos al lugar donde luego mataron a dos?
La prensa ya nos había enterado de que no es necesario siquiera salir de casa, ni siquiera saber caminar, para que una bala encuentre a la víctima colateral en la camita. Y no son pocos los casos.
La crítica situación que afronta el país se describe con datos; por ejemplo, la tasa de homicidios. La expresidenta Laura Chinchilla, en su comparecencia del pasado 14 de agosto en la Asamblea Legislativa, presentó cifras oficiales, que coinciden en fuente y valores con el Estado de la Nación.
Detalló que un alto crecimiento en el número de asesinatos se registra en su mandato, cuando Costa Rica llegó a un nivel considerado epidémico por la Organización Mundial de la Salud (OMS) –mayor a 11 homicidios por 100.000 habitantes–, lo cual el país revierte con políticas preventivas y represivas para llegar al nivel previo (8,7 por 100.000 habitantes) en 2013 y 2014.
Luego, hubo un nuevo crecimiento hasta llegar otra vez a 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, número –ya preocupante– que se mantuvo relativamente estable.
El salto a 17 por 100.000 habitantes se produce en el año 2022 y los años siguientes, muy de acuerdo con la restricción en el gasto en seguridad, recién revertido, y en las típicas acciones de prevención como lo son la salud, la educación y la vivienda, cuyo descalabro solo se ha profundizado. Así lo denunció doña Laura ante los diputados.
En los últimos años, la encuesta del CIEP ha señalado que el principal problema nacional es la seguridad; también, que el 61% de la población entrevistada cree que el gobierno tiene poca o ninguna capacidad para resolver ese problema (solo un 15% dice tener mucha confianza en tal capacidad).
Resulta extraño que ya la población no espere que el poder, simple y sencillamente, pueda controlar el crimen o que, al menos, use adecuadamente los abundantes instrumentos a su disposición.
Doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia de esta administración, quien hace poco dejó el cargo, expresó que el problema de seguridad se le fue de las manos al actual gobierno. Sí: se le fue de las manos. Muy lamentablemente y por más aspavientos que haga el gobierno.
La reacción o respuesta que da esta administración ante este señalamiento es intentar descalificar a quien lo diga, “tirándole” a la gente que se atreve a opinar, denunciar o llamar a la acción. No rebate el argumento –que es veraz– sino que combate a la persona, incluso con situaciones que poco vienen al caso, que no modifican lo dicho. En acciones de aparente desesperación, trae viejos videos a llenar espacio en las redes sociales para intentar confundir o, al menos, distraer del asunto de fondo, que es esta crítica inseguridad.
Lejos de esa distracción, el país, el gobierno y el Estado tendrían que orientarse hacia cómo recuperar la paz social.
Recuerdo conmovido una conversación con uno de los multimillonarios centroamericanos, luego de que se presentara aquel Estado de la Región, en el año 2008, quien me confesó: si nosotros hubiéramos sabido hacia dónde iban a ir a dar nuestros países y el costo que eso significaría para nosotros en materia de gastos de seguridad para familias y empleados, habríamos optado por una fórmula como la costarricense. Ahora la familia vive fuera; es necesario desplazarse para verla. Nuestra seguridad personal es extremadamente cara. Mejor, el desarrollo humano.
No es tiempo de abandonar ciertos rasgos de nuestro desarrollo. Puede ser que vayan a cambiar muchas cosas, pero no la paz.
Pienso, basado en evidencia concluyente, que este es el tiempo de pedir y rendir cuentas, no cuentos. Con lo que hemos visto, es suficiente para valorar la capacidad de quienes tienen la responsabilidad (mi abuelita habría dicho “la culpa”) de organizar la prevención y la represión, financiamiento incluido.
En nada ayuda evadir, distraer, negar. No ayuda bajar la prevención y la represión civil. La ruta actual deja claro que este gobierno no podrá defendernos, aunque ponga en fila los escáneres para observar todos los furgones.
La tontera de minimizar un asunto así de complejo y peligroso también termina saliendo a la cara, como la jarana.
miguel.gutierrez.saxe@gmail.com
Miguel Gutiérrez Saxe es economista.