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Dos buenas noticias recibimos con el cambio de gobierno en relación con nuestros mares: la reciente creación de un nuevo ministerio, aunque sin cartera, orientado a atender la política de costas, mares y pesca, una agenda urgente para el territorio más grande del país, equivalente a diez veces su porción continental, y la reactivación del Viceministerio de Agua y Gobernanza Marina. Son decisiones que, al menos por ahora, debemos aplaudir.
Costa Rica ha construido una de las marcas ambientales más reconocidas del mundo. Durante décadas, el país ha sabido convertir sus bosques, parques nacionales, biodiversidad y modelo ecoturístico en un activo reputacional, económico y diplomático. Esa trayectoria merece reconocimiento. Sin embargo, los indicadores internacionales recientes nos obligan a hacer una pregunta incómoda: ¿nuestro liderazgo ambiental también se refleja en la salud de nuestros océanos?
La respuesta, según los datos disponibles, es matizada. El Índice de Salud de los Océanos más reciente asigna a Costa Rica un puntaje de 70 sobre 100, por debajo del promedio global de 72, y la ubica en la posición 136 entre 220 regiones evaluadas. Para un país que aspira a liderar la sostenibilidad, este resultado no es menor: evidencia una brecha entre su reputación verde y su desempeño azul. A nivel centroamericano, Costa Rica ocupa el sexto lugar, superando únicamente a El Salvador.
La lectura se vuelve más clara al cruzar este dato con los resultados más recientes del Índice de Desempeño Ambiental (EPI). En dicho índice, Costa Rica mantiene fortalezas relevantes en materia de conservación marina: obtiene 100 puntos y ocupa el primer lugar mundial en protección marina; alcanza 86,1 puntos en protección de áreas clave para la biodiversidad marina; y registra 99,9 puntos en representatividad de áreas protegidas.
Estos resultados confirman que el país cuenta con una arquitectura institucional sólida para declarar, delimitar y respaldar áreas de conservación. Sin embargo, allí radica precisamente el punto crítico: proteger superficie marina no equivale, de manera automática, a garantizar la salud de los océanos.
El mismo EPI revela debilidades estructurales directamente relacionadas con el estado del mar. En pesca, Costa Rica obtiene apenas 35,7 puntos y se ubica en la posición 120. El indicador de estado de poblaciones pesqueras llega solo a 18,0 puntos y el descarte de captura registra un preocupante 3,8. Estos datos muestran que la agenda marina no puede limitarse a áreas protegidas. Se requiere una política pesquera moderna, trazable, fiscalizable y basada en evidencia.
También preocupa la relación entre saneamiento y salud oceánica. El EPI asigna a Costa Rica 37,3 puntos en recursos hídricos, 17,7 en aguas residuales generadas, 7,1 en aguas residuales tratadas y 15,2 en aguas residuales reutilizadas. Estos resultados son incompatibles con una narrativa de liderazgo ambiental.
Las aguas residuales que no se gestionan adecuadamente terminan impactando ríos, costas, estuarios, manglares, playas y ecosistemas marinos. A ello se suma la situación de los residuos sólidos, que refuerza la misma conclusión: Costa Rica obtiene 31,2 puntos en gestión de residuos y apenas 3,2 en tasa de recuperación.
En otras palabras, la salud del océano empieza mucho antes de la línea de costa.
El mar Caribe y el océano Pacífico costarricense necesitan una segunda generación de política pública. La primera generación estuvo centrada en proteger, declarar y posicionar. La siguiente debe enfocarse en gestionar, medir y corregir. Esto implica pasar de la conservación formal a la conservación efectiva; de la marca ambiental a los indicadores verificables; de la protección por decreto a la recuperación de funciones ecológicas.
La agenda debería concentrarse en cinco prioridades.
Primero, fortalecer la gobernanza pesquera. Costa Rica necesita información actualizada sobre poblaciones, reglas claras, trazabilidad, reducción de descartes, control de artes de pesca y fiscalización efectiva. Sin sostenibilidad pesquera, no hay salud oceánica integral.
Segundo, acelerar la inversión en saneamiento. El tratamiento de aguas residuales debe convertirse en una prioridad nacional, no solo municipal. La salud pública, la competitividad turística y la conservación marina dependen de ello.
Tercero, escalar la economía circular. Una tasa de recuperación de residuos de 3,2 puntos indica que el país necesita más que campañas educativas: requiere infraestructura, incentivos, mercados de valorización, responsabilidad extendida del productor y cumplimiento regulatorio.
Cuarto, medir la efectividad de las áreas marinas protegidas. No basta saber cuántos kilómetros cuadrados están protegidos. Hay que saber si se recuperan especies, si disminuyen presiones, si mejora la conectividad y si las comunidades costeras reciben beneficios sostenibles.
Quinto, construir una estrategia nacional de economía azul. Pesca, turismo, biodiversidad, carbono azul, protección costera, investigación científica y planificación marina deben gestionarse como un solo portafolio estratégico.
Costa Rica tiene condiciones para liderar esta agenda. Cuenta con reputación internacional, capacidades técnicas, institucionalidad ambiental, sociedad civil activa y comunidades costeras con conocimiento territorial. Pero ese capital puede erosionarse si no se traduce en resultados.
El mensaje de los indicadores es claro: Costa Rica sigue siendo un país ambientalmente relevante, pero su océano demanda una gestión más ambiciosa, integrada y verificable. La próxima frontera del liderazgo ambiental costarricense no estará únicamente en sus bosques ni en sus parques nacionales. Estará en demostrar que sus mares también son saludables, productivos, biodiversos y bien gobernados.
El país ya ganó prestigio verde. Ahora debe ganar credibilidad azul.
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.
