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¿Han visto ese simpático anuncio de un metabuscador de hoteles en línea (digamos X) que ofrece descuentos de hasta un 50%, y un huésped se ufana ante dos amigos por haber pagado “solo” 4.000 pesos, ante lo cual estos se mofan de él por “no haber buscado” en la página web gracias a la cual ellos solo pagaron 2.000? Y el amigo, desconsolado, exclama: “¡No busqué en X…!”.
Discusión anodina sobre control político
Valga la metáfora para dramatizar la discusión de estos días sobre “control político” asumida por oficialistas y opositores sobre la clase del tipo de control político micro –no sectorial– que nunca ha llevado al país a nada transformador en su cultura política.
Vaticino que, dentro de unas semanas o meses, los legisladores de oposición, la Contraloría, la Defensoría y, de fijo, los periodistas del país, podrían verse en una situación parecida a la de ese cliente cuando, quizá por una resolución de la Sala IV, o bien ante una ominiscente recomendación de algún experto (extranjero, por supuesto), se vean comprometidos a reconocer esos “detallitos” existentes desde 1949 para hacer de Costa Rica un país mucho mejor, y todos acaben –hombros encogidos y con gran sentido de culpa– diciendo: “No buscamos en la Constitución...”.
Bases para una ‘tormenta sociopolítica’ perfecta
Toco este tema, pues podría darse una “perfecta tormenta” sociopolítica si los nuevos operadores políticos (presidenta, ministros y legisladores) llegan a reproducir las peores viejas prácticas y aquellas deplorables inauguradas en el actual gobierno, y si los viejos operadores –incluida la prensa– siguen desdeñando la clase de control político y exigencia de cuentas sectoriales e intersectoriales que sí permitirían una eficacia gubernativa “de nuevo cuño”.
Hablo básicamente de cuatro o cinco parámetros en la Constitución y del par de leyes concebidas para bajarla a tierra (la Ley 5525, de 1974, y cinco artículos de la Ley 6227, de 1978).
Un ruido estridente: ministros rectores y sectores
Sin embargo, nunca será tarde para enmendar. Quien esto escribe vislumbró un “grito estridente” de la presidenta electa que vale la pena interpretar en su fondo para exigirle, una vez en el cargo, cumplimiento fidedigno.
Me refiero a la reciente noticia de que su primer decreto será para designar a los “ministros rectores” y organizar a las instituciones según “sectores” de actividad.
Estas nociones constitucionales debían ser lenguaje común desde que aquellas dos leyes introdujeron los conceptos de “sectores de actividad” y “dirección política” sobre “autónomas” por parte del Poder Ejecutivo, y la entonces Ofiplán los reglamentó desde 1976.
Hoy, es particularmente urgente entenderlo, pues, por primera vez, llega una bancada oficialista no solo mayoritaria, sino con unos siete u ocho exministros con la fresca “pericia” de nunca haber tenido que rendir cuentas “sectoriales”. Ninguno. Imaginen la maña que traen para proteger a “sus” ministros contra esta "nueva" forma de exigir cuentas.
Dar cuentas sectoriales: asunto de Estado
Dar tales cuentas constituye un asunto de Estado propio de un país serio; o sea, es exigir que un ministro de Salud las dé sobre la Caja, o un ministro de Trabajo, sobre las 22 instituciones con programas sobre pobreza o seguridad social, o un ministro de Agricultura, sobre el CNP, Inder, Senara, y así en todos los sectores.
Hasta este día, no tenemos la menor idea de si quienes irán de ministros tendrán el conocimiento sólido, o lo están adquiriendo, para ser los líderes movilizadores de la institucionalidad y la sociedad civil en cada ramo o sector según la Constitución. Pero esto, inconcebiblemente, no es de interés periodístico...
¿Conocen el requisito esencial para que esto funcione?
Sépase que para que ese andamiaje con "ministros rectores y sectores" funcione eficazmente, la presidenta tiene que darle a Mideplán y al sistema de dirección y planificación bajo su tutela técnica, la relevancia estratégica que le permitiría a ella, como presidenta, impulsar un mucho mayor bienestar y productividad como ningún otro mandatario lo ha hecho.
Espero que Laura Fernández tenga claro que esto exige hacer de Mideplán la bujía del gobierno, y a su ministro, el líder más estratégico y movilizador del gabinete, exactamente como no lo hizo Rodrigo Chaves con ella. Ni ningún presidente.
¿En qué están el PLN y el FA?
Por eso, sostengo que si el PLN y el FA no están organizados ya para controlar y exigir cuentas al Poder Ejecutivo, según el artículo 140, numerales 3 y 8 de la Constitución, como mínimo preparándose como ministros sombra sectoriales no sujetos a la restricción oficialista de seguir haciendo solo un control micro a través de comisiones legislativas dominadas por ellos, nunca podrán ejercitar responsable y enérgicamente el 121.24 y menos el 149.6, que son las otras dos normas fundamentales para lograr una plena eficacia del “tipo” de control político integral que sí enrumbaría al país al ideario del artículo 50.
Es tal incumplimiento negligente lo que ha hecho que los problemas del país empeoren a pesar de tantas instituciones que fueron eficaces en algún momento. Es esta erraticidad gubernativa la que da sustento a quienes quieren refundar la Segunda República sin nunca reconocer cómo, precisamente por esa falta de probidad intelectual-académica exhibida hasta hoy, nunca podremos diseñar ni materializar una Tercera República que supere esa alicaída pero aún 100% rescatable Segunda que tenemos.
¿Cumplen los medios con el principio elemental de probidad obligatoria?
Finalmente, pregunto con pleno derecho cívico y autoridad académica a todo periodista, director de medio y al Colegio que los agrupa: ¿Ninguno siente la curiosidad de buscar aun por mero “incentivo de probidad” –pues, obviamente, como “obligación”, ninguno parece verlo–, la indispensable fundamentación constitucional de lo que la presidenta, quizá sin realmente quererlo o pensarlo, pues parece algo opuesto a su intención de propiciar una Tercera República, anunció sobre “sectores” y “ministros rectores”?
Lo digo porque, tratándose de dos conceptos fundamentales jurados pero poco aplicados por todo gobernante, no veo a nadie reaccionando con “alegría reivindicativa”; menos con indignación ante un incumplimiento recurrente tan pernicioso para la salud de la República (artículos 121.24 y 149.6 mencionados). ¿No ameritaría esto entrevistas de fondo con la presidenta electa para saber cuán relevante para su futura gestión gubernativa y para el país será su inusitado anuncio?
Es decir: no permitir que la presidenta nos dé atolillo con el dedo
Me refiero a que estas dos últimas normas y aquel artículo 140 constituyen, rigurosamente entendidos, los “atributos” clave llamados a hacer que la Segunda República estatuida funcione como el reloj que debía ser. Si la presidenta electa lo tiene claro y lo aplica, lo celebraremos estruendosamente.
Pero no hay que ser ingenuos, sino estar vigilantes y exigir que cumpla sin esperar a que... Dios y la Patria se lo demanden algún día.
Por último, pregunto en serio: ¿ayudarán los medios, proba y responsablemente, a arrojar luz y criterio sólido a sus lectores para que vigilen y exijan cabal cumplimiento de la presidenta –y sepan exigir también la férrea vigilancia por parte de la oposición, de la Contraloría y de la Defensoría– de estas “leguleyadas” que, garantizo, serían desencadenantes de una eficacia plena y real del gobierno y del país en los próximos cuatro años?
jmeonos@ice.co.cr
Johnny Meoño Segura, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Ciencias Gubernativas por la Universidad de Londres; autor de nueve libros y múltiples investigaciones sobre desarrollo; director de Reforma del Estado Mideplán (1976-1984); profesor durante 37 años en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR; consultor en IICA, BID y PNUD, y colaborador de ‘Página Quince’ de ‘La Nación’ desde 1974.
