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Durante años, el mundo ha intentado resolver dos grandes problemas por separado: el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad. Dos crisis distintas, dos agendas diferentes, dos conversaciones que rara vez se cruzaban. Esta fragmentación no ha sido casual; responde a la forma en que se han construido las políticas públicas, los marcos institucionales e incluso la cooperación internacional.
Sin embargo, esa separación empieza a mostrar sus límites. En la práctica, ambos fenómenos están profundamente interconectados y abordarlos de manera aislada ha demostrado ser, en el mejor de los casos, insuficiente.
En este contexto, Costa Rica está comenzando a plantear una ruta distinta. La actualización de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) 2025–2035 no es únicamente un instrumento técnico para reducir emisiones. Es, sobre todo, una propuesta de reorganización del modelo de desarrollo, donde la naturaleza deja de ser vista como una restricción y pasa a consolidarse como un activo estratégico.
Este cambio de enfoque no surge de la nada. El país ya había recorrido un camino significativo en materia de conservación. Durante décadas, logró revertir procesos de deforestación y recuperar cobertura forestal, posicionándose como un referente global. Pero ese éxito abrió una nueva interrogante, menos evidente pero igual de relevante: ¿qué sigue después de conservar? La respuesta que empieza a tomar forma es clara, aunque exige una transformación más profunda: integrar la naturaleza en el núcleo de la economía.
Bajo esta lógica, los ecosistemas dejan de ser elementos pasivos dentro de la política pública. Un bosque ya no es solo un espacio que se protege por su valor intrínseco; es un sistema que captura carbono, regula el ciclo del agua, protege suelos y sostiene actividades productivas. Un manglar deja de ser únicamente un ecosistema costero para convertirse en infraestructura natural que protege comunidades, respalda economías locales y contribuye de manera significativa a la mitigación climática. Esta nueva lectura no es menor: redefine el rol de la naturaleza dentro del desarrollo.
A partir de ahí, las soluciones también cambian. Durante mucho tiempo, las respuestas a los problemas ambientales se diseñaron de forma sectorial, como intervenciones puntuales que intentaban corregir fallas específicas. Hoy, la evidencia empuja hacia un enfoque distinto. Reducir emisiones, por ejemplo, no solo contribuye a estabilizar el clima, también reduce presiones sobre los ecosistemas. Al mismo tiempo, conservar y restaurar la naturaleza fortalece la capacidad del territorio para adaptarse a eventos extremos. La relación es bidireccional y, bien gestionada, puede generar beneficios acumulativos.
Sin embargo, uno de los cambios más relevantes no está en la técnica, sino en la forma de entender a las personas dentro de esta ecuación. La NDC costarricense reconoce que no existe acción ambiental efectiva si no se traduce en mejoras concretas en la calidad de vida. Esto implica ir más allá de indicadores ambientales tradicionales e incorporar variables como acceso al agua, resiliencia de los sistemas productivos, planificación urbana y cohesión social. La inclusión de pueblos indígenas, mujeres y juventudes no responde únicamente a criterios de equidad, sino a una comprensión más amplia de lo que significa construir soluciones sostenibles en el tiempo.
Este enfoque integral, sin embargo, enfrenta un desafío estructural que trasciende a Costa Rica y que se repite en prácticamente todos los países: el financiamiento. Proteger y restaurar la naturaleza requiere recursos significativos, y estos compiten con múltiples prioridades en contextos fiscales limitados.
En este punto, el país ha comenzado a ensayar una respuesta pragmática. Si la naturaleza genera valor, entonces ese valor debe poder ser reconocido y canalizado hacia inversión. La combinación de financiamiento público, capital privado, cooperación internacional y mecanismos innovadores como los mercados de carbono apunta en esa dirección.
Aun así, el proceso está lejos de completarse. Persisten vacíos importantes que deben ser atendidos con seriedad. Entre ellos, la necesidad de definir metas más específicas en materia de biodiversidad, fortalecer la integración de sistemas de información y abordar desafíos complejos como las especies invasoras. Estas brechas no son menores, pero tampoco invalidan el enfoque. Más bien, reflejan que se trata de un modelo en construcción, que avanza sobre la base de la evidencia, el aprendizaje y la adaptación continua.
Y es precisamente en esa condición donde radica una de sus principales fortalezas.
Costa Rica no está proponiendo una solución perfecta ni exportando un modelo acabado. Está construyendo una ruta viable en medio de un contexto global marcado por la urgencia y la incertidumbre. Una ruta que cuestiona una de las premisas más arraigadas en la discusión pública: la idea de que el desarrollo económico, la acción climática y la conservación de la biodiversidad son objetivos que compiten entre sí.
La evidencia acumulada apunta en sentido contrario. Sin ecosistemas sanos, no hay resiliencia climática posible. Sin acción climática, la biodiversidad pierde sus condiciones básicas de supervivencia. Y sin ambas dimensiones, cualquier estrategia de desarrollo termina siendo, en el mejor de los casos, incompleta y, en el peor, insostenible.
En este sentido, la NDC 2025–2035 trasciende su carácter técnico y se posiciona como una señal política sobre el tipo de decisiones que serán necesarias en los próximos años. No se trata únicamente de cumplir compromisos internacionales, sino de redefinir las bases sobre las cuales se construye el desarrollo.
Lo que está en juego no es poca cosa. No se trata solo de reducir emisiones o conservar especies, sino de asegurar condiciones mínimas de bienestar y estabilidad para las generaciones presentes y futuras. En un escenario global donde las soluciones parciales han demostrado ser insuficientes, la integración de agendas deja de ser una opción teórica y se convierte en una necesidad práctica.
Costa Rica, con sus avances y sus pendientes, está mostrando que ese camino es posible. Y en un mundo que busca respuestas rápidas pero también sostenibles, esa apuesta por integrar en lugar de fragmentar puede ser, más que una alternativa, una de las pocas rutas realmente viables hacia el futuro.
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.
