EscucharEl Ministerio de Educación Pública (MEP) es una institución clave para el progreso económico y social del país. No hace mucho, al MEP se le otorgaba hasta la tercera parte del presupuesto disponible en el Gobierno, y aunque ahora sea el 28%, continúa siendo una masa importante de dinero, superior a los ¢2,6 billones.
Con este monto, debe gestionar una planilla de 67.492 docentes y 18.384 funcionarios de servicio y profesionales, con el objetivo de brindar educación de calidad a 890.000 estudiantes que asisten a 4.500 centros educativos públicos, y fiscalizar la calidad de la educación de los 110.000 estudiantes que asisten a centros privados. Sin duda, una labor compleja y a la vez de alta trascendencia para el progreso del país, que supondría el mayor esfuerzo para lograr que cada colón sea invertido con sentido estratégico.
Implica, por lo tanto, fundamentación en evidencia para la toma de decisiones, así como una planificación adecuada para la implementación de las políticas, programas y proyectos. Pero lo observado en los últimos años se aleja mucho de ese ideal.
El finiquito del convenio con la Fundación Omar Dengo para la ejecución del Programa Nacional de Informática careció de toda evidencia que sustentara los argumentos del MEP, y estos fueron refutados por las propias instancias referidas (Contraloría, Flacso, Estado de la Educación). La propia Contraloría advirtió al MEP, cuatro meses después, que se evidenció falta de planificación relacionada con la creación del nuevo programa, ya que se dejó sin efecto el Pronie mientras no se tenía el sustituto, y dos años después, no se ha recuperado la totalidad del equipo tecnológico.
La eliminación del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral continúa ese patrón. No se presentó un solo dato que relacionara el impacto del programa con embarazo adolescente o salud sexual, ni tampoco se brindaron los datos oficiales de asistencia a las clases, y a la fecha, no existe un programa que sustituya el anterior, aunque sea de forma parcial.
Si bien este ha sido un periodo alejado de huelgas o pandemias, la continuidad del servicio educativo y su calidad se han visto afectadas por las propias decisiones del Poder Ejecutivo, en colusión con el Consejo Superior de Educación.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
