Quienes en algún momento hemos cumplido funciones que impliquen negociar, solemos documentarnos sobre la mejor forma de hacerlo. Los expertos coinciden en algunos consejos básicos. Los resumo en cuatro: 1) generar confianza previa, para allanar el proceso, que siempre será difícil; 2) partir de aspiraciones máximas, pero no temerarias, desde las cuales comenzar el pulso; 3) sustentarnos muy bien en lo técnico y jurídico, para evitar desplomes prematuros; 4) cuidar el uso del lenguaje, para no crear barreras innecesarias.
Al observar cómo ha manejado el gobierno las negociaciones sobre el financiamiento de las universidades públicas, sorprende su innecesaria transgresión de estas elementales “reglas del arte”. Como resultado, ha entorpecido, lejos de facilitar, la salida más adecuada: un financiamiento que logre el mejor balance posible entre las necesidades justificadas de esas instituciones, su rendimiento de cuentas y las limitaciones presupuestarias del país.
El enorme retraso en convocar las negociaciones atizó las suspicacias y la desconfianza. Plantear, como base para negociar, una reducción de ¢128.000 millones (un 24%) del presupuesto actual fue, además de temerario, absurdo. Desconocer —o desdeñar— que esa propuesta era inconstitucional, dinamitó su credibilidad y fortaleza técnico-jurídica. “Caer en cuenta” de la inconstitucionalidad, como dijo el ministro de Hacienda el mismo día en que una gran manifestación llegó a la Presidencia, estimuló cualquiera de las siguientes impresiones: improvisación e impericia, si aceptamos la explicación; mayor suspicacia aún, entre los conspiranoicos que la atribuyen a una trama deliberada; golpe a la imagen y debilitamiento de la ministra de Educación, principal portadora de la inflexibilidad y el lenguaje imprudente.