EscucharBastantes consideramos el estilo de gobierno del presidente Rodrigo Chaves, por decir lo menos, inadecuado, y creo que en esto coincidirán incluso muchos que lo apoyan.
Rodrigo Chaves pudo haber aprovechado su popularidad para impulsar reformas y cambios que encaminaran al país hacia el desarrollo, promoviendo la eficiencia en la administración y eliminando trabas y cuellos de botella.
Pero no ha sido así. Lamentablemente, su estilo confrontativo genera demasiadas divisiones, reacciones inconvenientes y hasta animadversiones. En vez de evidenciar los errores institucionales, consigue todo lo contrario: ocultarlos. Golpear la mesa, culpar indiscriminadamente y pedir renuncias sin mostrar motivos contribuye muy poco al diálogo y la conciliación de posiciones.
Es indudable la necesidad de introducir cambios radicales en la forma en que se administra la justicia. Es injustificable que existan más de un millón y medio de expedientes con retrasos de muchos años, algunos superiores a diez. Una excelente labor habría sido abrir un diálogo con los magistrados para cambiar procedimientos, cerrar brechas, agilizar trámites y cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida.
Una magnífica labor sería convencer a los altos funcionarios judiciales de sugerir los mecanismos para reorientar la forma de hacer las cosas utilizando, por ejemplo, experiencias exitosas de otras naciones. Así lograría que ellos promovieran proyectos de ley e incluso cambios constitucionales para establecer la eficiencia y terminar con la insatisfacción ciudadana y la impunidad.
Esta misma labor debería haberse hecho en los distintos ministerios y oficinas gubernamentales. Son los propios funcionarios involucrados quienes mejor conocen las razones de los entrabamientos, las leyes, los reglamentos y las disposiciones constitucionales responsables de la inacción, los desesperantes retrasos y la falta de resultados. La Caja Costarricense de Seguro Social es el mejor ejemplo.
Un mediador inteligente habría aprovechado su liderazgo para convencer a la Asamblea Legislativa de dar trámite preferente y acelerado a las propuestas emanadas de los demás poderes y colaborar en la labor de modernizar el Estado.
Es imposible obtener resultados y cambios radicales con leyes de hace cincuenta o cien años, cuando era inimaginable la vertiginosa revolución tecnológica de las últimas cuatro décadas. Pero, de nuevo, una confrontación directa o a mansalva provoca todo tipo de anticuerpos y despierta sospechas de intentar ocultar la incapacidad de impulsar iniciativas solventes.
También es muy cierta la necesidad de modificar los procedimientos de control, auditoría y fiscalización de la administración. Tenemos un sistema de control obsoleto, centrado más en lo formal y en los procedimientos legales, lo que da cabida a los facinerosos que simplemente eluden esos procedimientos y se vuelven imposibles de controlar.
Las auditorías institucionales son, en el mejor de los casos, simples organismos encargados de revisar cuentas y velar por el cumplimiento de normas reglamentarias evidentes y formales, delegando hacia arriba las responsabilidades sobre el cuidado de la Hacienda pública.
Pero de ahí a ensañarse contra funcionarios particulares, quienes poco o nada pueden hacer en el marasmo institucional y la proliferación de leyes y reglamentos —verdaderos culpables del enyesamiento operativo—, hay una distancia del cielo a la tierra.
Se requieren cambios, pero nunca se deben dejar los controles a la deriva. De hecho, un funcionario de cualquier rango debería temer no contar con el apoyo de los mecanismos de vigilancia. Las probabilidades de cometer errores son muchas y los riesgos de terminar en la cárcel se multiplicarían.
Igualmente aterradora es la insistencia en eliminar los controles de la Fiscalía. Es inaudito pretender prescindir de un organismo encargado de investigar actos sospechosos o denuncias fundadas. Sí, a veces los funcionarios se exceden en la rudeza de sus actos o en lo grotesco de sus procedimientos, sobre todo tratándose de ciudadanos decentes y sometidos voluntariamente a los alcances de la justicia. Pero aun así, es preferible contar con contrapesos institucionales que enfrentarse a la ausencia de vigilancia contra la delincuencia.
Nuestro presidente ha desaprovechado la oportunidad de pasar a la historia como un verdadero reformador del Estado, balanceando y respetando el derecho y la institucionalidad. Usar los cañones para derribar murallas de papel es desatinado.
Sin embargo, los demás poderes de la República deberían responder a la autocracia con nobleza y a la impericia con conocimiento. Se anotarían una victoria si, motu proprio, iniciaran un cambio completo de todos los procesos y las acciones causantes de la parálisis institucional.
La Corte de Justicia sería la mejor llamada a impulsar reformas legales y hasta constitucionales para permitir procedimientos ágiles y eficaces. La Asamblea Legislativa haría una gran labor acogiendo iniciativas bien fundamentadas propuestas por grupos de ciudadanos conocedores de materias complejas, entre ellas, las relativas a desenmarañar la estructura burocrática del país.
La propia Fiscalía podría proponer cambios en los métodos de trabajo y las posibilidades de enmienda, como aquellos relativos a procedimientos excesivamente formales que, en tantas ocasiones, han frustrado serias investigaciones.
El Poder Ejecutivo debería dedicarse a llevar a cabo una verdadera labor de planificación multiinstitucional, revisando procedimientos en toda la administración y, sobre todo, obligando a la coordinación de cada una de las instancias de planificación. Estas deben dejar de ser simples elaboradoras de presupuestos y redactoras de listas de objetivos incumplibles para convertirse, de una vez, en proponentes de iniciativas multisectoriales que coordinen todas las acciones estatales.
La Contraloría General de la República podría proponer descentralizar mucho más eficientemente su labor, empoderando a las auditorías de los distintos entes gubernamentales y haciéndolas responsables de sus resultados y falencias.
Cerrarse a promover esos cambios parece ser la forma más directa de aceptar la culpabilidad ante los desaciertos acusados. No aceptar la realidad o la necesidad de modificaciones profundas internas los pone en evidencia ante la ciudadanía, ávida de resultados y de cambios de actitud de quienes tienen la responsabilidad de cumplir sus demandas.
Esa sería una forma noble de responder con hechos a las acusaciones, aunque estén muy mal presentadas, pero con un trasfondo justificado. Cerrar los ojos y volver la espalda no es la mejor respuesta.
Dennis Meléndez Howell es economista y miembro activo de la firma Cefsa desde 1982. Fue regulador general de la República y economista jefe del Fondo Latinoamericano de Reservas, en Bogotá, Colombia.
