EscucharHace unos meses, en un foro público, me tocó reportar sobre los retos del país en materia social, competitiva y política. En aquel momento, las noticias más alarmantes eran nuestra caída en el índice de libertad de prensa en 15 lugares, de la posición 8 a la 23, típica de las naciones en que poco a poco se instala una autocracia, y la caída de la confianza en la democracia, reportada por Latinobarómetro, Varieties of Democracy y Reporteros Sin Fronteras.
Aunque Costa Rica seguía ocupando posiciones de liderazgo a escala regional, no cabía duda en aquel momento de que nuestro ambiente de estabilidad política y paz se estaba deteriorando.
Para nadie es noticia el descenso enorme que ha sufrido la seguridad ciudadana en el país, alcanzando un paupérrimo desempeño cercano a los 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, que, de acuerdo con parámetros de salud, convertiría el homicidio en una verdadera epidemia en nuestro país (la OMS declara una epidemia cuando una misma enfermedad mata 11 o más individuos por cada 100.000 habitantes).
Ni tampoco las nefastas consecuencias para la educación del “apagón educativo”, causado en buena parte por la pandemia y la incapacidad que hemos tenido de revertir dicha situación.
A esto hay que sumar el deterioro de los servicios de salud que se reportan diariamente —listas de espera, posposición de inversiones en infraestructura clave, aumento del dengue, escasez de vacunas—.
Todos estos son síntomas inequívocos del deterioro de nuestro contrato social, del cual la salud, la educación y la seguridad han sido pilares históricos y motivo de orgullo y diferenciación de Costa Rica de otras naciones de la región.
Menos oportunidades de desarrollo personal
Pues bien, el jueves 11 de enero el Social Progress Imperative publicó su índice global de progreso social, en el que Costa Rica cae de la posición 37 a la 39, y tal vez más importante, su calificación general baja de 80,65 a 78,03; una caída de 2,62 puntos “de progreso social acumulado”.
Para poner esta cifra en perspectiva, entre el 2017 y el 2022 el país había aumentado su calificación en 1,45 puntos, por lo que una caída de esta magnitud es significativa, sobre todo, considerando que las cifras utilizadas aún no contemplan el deterioro reportado en seguridad, educación y salud que se mencionó anteriormente, lo que nos haría prever que en el 2025 descendamos aún más.
Es de especial preocupación que caigamos en la dimensión llamada “oportunidad” que, por medio de cuatro componentes, mide si los costarricenses vivimos en una sociedad que nos permite desarrollar nuestro más pleno potencial, en que de una calificación de 77,84 pasamos a una de 73,38; una pérdida de 4,46 puntos en total y con caídas en cada uno de sus componentes: en derechos y voz, de 95,35 a 94,32 (-1,03); libertad personal y de participación, de 75,13 a 74,55 (-0,58); en sociedad incluyente, de 81,93 a 81,80 (-0,13); y en acceso a educación superior, de 58,95 a 42,86 (-16,09).
Sin entrar a analizar cada una de estas medidas, el mensaje es que cada vez tenemos menos oportunidades de desarrollarnos plenamente como individuos.
Desacople económico
Costa Rica se ha caracterizado en los más de 10 años de medición del progreso social —del bienestar colectivo de la sociedad— por ser una de las naciones más eficaces y eficientes en convertir el crecimiento económico en progreso social.
Este año, en que el país creció económicamente a más del 4 %, al mismo tiempo que su progreso social se deterioraba, señala un problema. El crecimiento económico no se tradujo en mayor bienestar, convirtiéndonos en una de esas naciones en las que hay un desacople entre la prosperidad económica y la inversión y el gasto social.
Un cambio considerable en nuestro contrato social que nos debe preocupar si se dio por descuido, y más aún si se dio por diseño. Hubo crecimiento económico, nuestra situación fiscal ha mejorado y el tipo de cambio se ha revaluado, pero está claro que ni en el 2022 ni en el 2023 lo anterior se ha traducido en mayor bienestar colectivo para la ciudadanía.
Si juntamos esto con los comentarios iniciales, en que el país ha perdido fortaleza en su proceso democrático, en libertad de prensa y de expresión, en la confianza entre sectores y en la misma democracia, y le sumamos indicadores claves de deterioro en salud, seguridad y educación, aún no tomados en cuenta en el IPS 2024, hay que llegar a la conclusión de que nuestro país está cambiando para mal.
Es imperativo retomar los tres temas señalados con la fuerza y convicción que se requiere. La reforma educativa, planteada desde muchos frentes y organizaciones, no parece penetrar el aislamiento progresivo del Ministerio de Educación y su jerarca, más allá de su tensa relación con los sistemas de educación superior y el mismo INA.
Ni el Ministerio de Salud ni la CCSS generan confianza, sino todo lo contrario, son motivo de preocupación permanente entre los ciudadanos, pues la inexperiencia y el deterioro de los servicios es palpable.
Y, en seguridad, muchas voces han expresado y tratado de aportar ideas, programas y propuestas concretas, pero el Poder Ejecutivo no reacciona, no ajusta presupuestos como debe ser ni le da el grado de prioridad que merece.
¡Cuidado, Costa Rica!
Hemos tomado un camino peligroso, y hoy más que nunca es imperativo volver a la esencia de nuestros valores comunes: paz, seguridad, democracia, inclusión, educación, salud, sostenibilidad… No será mediante el aislamiento progresivo del Poder Ejecutivo ni con posturas politiqueras de unos y otros que se logre enfrentar estos grandes retos.
Los riesgos son claros, las áreas de prioridad también. Solo faltan líderes consecuentes que nos guíen hacia el objetivo común: la reconstrucción de nuestro contrato social alrededor de estos valores que siempre han orientado nuestras decisiones estratégicas y que, en el pasado, nos permitieron adelantarnos a nuestro tiempo y establecer diferencias en nuestro modelo de desarrollo.
El Dr. Roberto Artavia es consultor internacional.
