Es imposible que los diputados, pese a la campaña electoral, se esquineen para no aprobar la ley de empleo público, pues está comprobado que la planilla de 320.000 funcionarios no solo es gigante, sino insostenible a corto plazo.
Antes de llegar a despidos, que sería el próximo paso si no se toman decisiones, lo razonable es poner en orden las remuneraciones mediante la creación de un régimen de salario único. No es nuevo. En el Banco Central existe desde 1998 y en la Contraloría General de la República, desde 2007, y nadie ha muerto de hambre.
El país llegó a este punto de no retorno porque leyes y convenciones colectivas firmadas por jerarcas irresponsables crearon un imperio de privilegios imposible de sostener.
No se necesitan más estudios para demostrarlo. El último, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de julio del 2020, verificó que, entre sus 38 Estados miembros, Costa Rica es el que más dinero destina a pagar la planilla estatal: un 50 % de sus ingresos por impuestos, mientras el promedio en el club es del 25 %.
Pese a ser un monto tan alto el que paga Costa Rica, dice la Organización, el empleo público solo representa el 13 % de la fuerza laboral, mientras la media de la OCDE es el 20 %.
«La introducción de un régimen de salario único con escalas salariales iguales para las mismas funciones en todo el sector público mejoraría la transparencia. Racionalizar los incentivos y los pluses salariales y hacer que se otorguen con base en el desempeño resultaría en un régimen de remuneración más equitativo», advirtió el análisis de la OCDE.
Otro factor de peso: la desigualdad de salarios de una institución a otra «perjudica la moral del personal y el desempeño del sector público», agrega la organización.
Los ejemplos son claros. Las diferencias entre un puesto y otro, según la entidad donde se labore, son hasta de un 600 %. Esto desmotiva a los que menos ganan a servir al público como se debe.
La oportunidad de poner orden llegó. Los 57 diputados deben deponer las excusas para aprobar la reforma de empleo público porque, si no toman decisiones, la insostenibilidad de la planilla decidirá por ellos con despidos.
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